“No voy a bajar los brazos hasta que haya justicia y pido que nos reciba el Presidente de la Nación”, imploró ante Página/12 Ana María Cuellar, la madre del joven que fue asesinado hace 12 días frente a la comisaría 39 de Libertador General San Martín, durante la pueblada que se desató por la aparición de Cristian Ibáñez ahorcado en esa sede policial. Unos dos mil manifestantes, dirigentes y desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharon ayer en San Salvador de Jujuy y en Libertador para reclamar el esclarecimiento de esas dos muertes. Por otra parte, la Justicia provincial envió las armas de los policías que reprimieron ferozmente la pueblada a la sede de Gendarmería en Buenos Aires. Los familiares de Ibáñez manifestaron su disgusto por la “lentitud” de la investigación judicial, ya que se demoran los resultados de la segunda autopsia.
El juez jujeño Argentino Juárez ordenó la realización de análisis de distintas partes del cuerpo de Ibáñez porque el médico César Burgos se negó a confirmar el resultado de la primera autopsia, que había indicado que se trató de un suicidio. La primera versión policial dijo que el ahorcamiento se había producido con los cordones de las bermudas, pero luego la modificaron indicando que había sido con los de los cordones. Por otra parte, Carmen Ceballos, tía de Cristian, aseguró que hay una testigo que vio cuando un policía le pegaba en la cabeza al joven. De hecho, su cadáver presentaba un golpe en esa parte del cuerpo. Ese policía sería Daniel Orlando Suvia, que está detenido acusado del asesinato de Cuellar.
Sin embargo, en el juzgado siguen sosteniendo que Ibáñez tuvo una pelea en un kiosco, “se pegó él solo con una botella”, y fue detenido porque una vecina llamó a la policía.
Por su muerte no hay ningún uniformado tras las rejas. Los resultados de los análisis anatomo e histopatológicos fueron encargados al Hospital Pablo Soria y a expertos del Poder Judicial de Santiago del Estero, pero aún no han sido remitidos al juzgado de Juárez. Su secretario, Alejandro Glos, expresó a este diario que necesitan esa información “a los fines de que con certeza nos determine que fue un suicidio”. Por su parte, Gisela Mazeo, una de las abogadas de los Ibáñez, consideró que las sospechas de la familia “son producto del dolor”, y que “hasta ahora en la investigación se manejaron con transparencia”.
Ana María Cuellar –madre de otros tres hijos, 41 años, empleada doméstica– sostiene que el crimen de su hijo está “casi resuelto” porque está detenido quien habría sido el autor material del disparo, el policía Suvia, aunque están en marcha otros peritajes balísticos que podrían involucrar a más uniformados. En diálogo con Página/12 Cuellar relató que el gobernador Eduardo Fellner le dijo: “Tengo que resolver el caso caiga quien caiga, porque está en juego mi cabeza”. La mujer agregó que el gobernador “no sabe quién dio la orden para que avanzaran los policías”, el día de la pueblada. “¿Usted le cree?”, preguntó este diario. La respuesta fue negativa.
En Libertador General San Martín, ciudad también conocida como Ledesma por el nombre del ingenio de los Blaquier, se conformó un movimiento contra la impunidad para reclamar la investigación de otros casos de abusos policiales. “Es muy cierto, hay un maltrato permanente a los jóvenes y estamos cansados de la impunidad de la policía; cuando llevamos a Marcelo a la clínica nos apuntaban, no se puede vivir, no hay seguridad en la calle”, expresó Cuellar. Por eso insistió en la necesidad de ser escuchada por el presidente Kirchner, junto a la madre de Ibáñez, para que “ponga mano dura en la provincia”.
El principal referente de la CCC, Carlos “Perro” Santillán, pidió frente al edificio de Tribunales en la capital jujeña que la Justicia “diga qué pasó con los dos casos de Libertador”. En tanto, Lucas Arias, otro dirigente de la CCC, leyó una nota enviada a Fellner en la que le piden el “procesamiento y castigo a los responsables directos e indirectos de las muertes en Libertador”, entre ellos al ex jefe de policía, Carlos Carrizo Salvadores.