La nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió que en Rosario, como en otras jurisdicciones, se reabra la causa conocida como Quinta de Funes, donde funcionó un centro clandestino de detención y cuyo mandamás era Leopoldo Fortunato Galtieri. Sin embargo, la reapertura generó la reaparición de sectores comprometidos con la represión que se tradujo en intimidaciones, amenazas telefónicas y hasta la agresión contra los querellantes. Por este motivo, ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo la protección de los testigos y de las pruebas que hay en esta causa.
La diputada del ARI Marcela Bordenave junto con otros legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos recibieron ayer a una decena de representantes de organismos de Rosario, quienes llegaron para poner en conocimiento lo que está ocurriendo en esa ciudad desde que la Justicia local declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Antes, estos organismos mantuvieron un encuentro con el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, quien se comprometió a respaldar a los querellantes y, sobre todo, protegerlos.
Las presiones que se desataron una vez que se reabrió la causa no fueron nimiedades. No sólo se tradujeron en amenazas telefónicas, como le sucedió a Alicia Lesgart, una conocida militante rosarina, sino que llegaron hasta la violencia aunque todavía sin producir víctimas. Este es el caso de uno de los querellantes de la causa Quinta de Funes, Eduardo Toniolli. El joven, hijo del detenido desaparecido Eduardo Toniolli, es propietario de un negocio. La semana pasada le destruyeron la vidriera con una placa que se encontraba en lo que se conoce como el Bosque de la Memoria de Rosario. En ese lugar, los agresores dejaron una placa de madera donde habían escrito la frase que pronunció el presidente Néstor Kirchner: “Somos hijos de las Madres de Plaza de Mayo”, a la que le agregaron “son todos hijos de puta”.
“Nunca los gobiernos constitucionales de Santa Fe, tanto de (Carlos) Reutemann como el de (Jorge) Obeid, se decidieron a limpiar las fuerzas de seguridad que están sumamente comprometidas con la represión de la dictadura”, aseguró la diputada del ARI Alicia Gutiérrez y madre del joven Toniolli. La legisladora reclamó además, la necesidad de implementar “un paraguas político” para todos aquellos, no necesariamente de Santa Fe, que se atrevan a solicitar la reapertura de causas penales en “el marco de esta lucha por la verdad, la justicia y la condena de los responsables de la represión”.