Desde Tucumán

Las máquinas que funcionan a electricidad tienen, por así decirlo, la particularidad de no funcionar cuando se queman. Y esto incluye, qué duda cabe, a las computadoras. Ayer, al mediodía, faltando pocos minutos para el cierre de los tribunales provinciales, el abogado Pablo Calvetti casi desfallece cuando su PC se apagó para nunca más volver a encender. En la máquina, el representante legal del genocida Antonio Bussi tenía prácticamente terminada la presentación que iba a realizar ante la Justicia, donde solicitaba una medida cautelar que obligue al Concejo Deliberante de la capital tucumana a no elegir –el próximo 29– un nuevo intendente hasta que el reo resuelva su situación procesal. Así, el detenido deberá esperar hasta el lunes, cuando resten apenas 48 horas para el día en que debía hacerse cargo de la principal comuna provincial.
“Fue un inesperado inconveniente”, balbuceó desde su celular a este diario el ex ucedeista Calvetti. Nada dijo de la reacción del anciano general que desde el 15 de octubre pasa sus días encerrado en una habitación del Liceo Militar General Gregorio Aráoz de Lamadrid. Allí cumple el arresto hasta tanto el juez federal, Jorge Parache, le dicte la prisión preventiva por la causa que se le sigue por la desaparición del entonces senador provincial del PJ, Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976.
Seguramente, Bussi debe haber masticado bronca. Es que el tiempo se le acaba y presiente que la intendencia se le escapa de entre sus manos. La intención de Calvetti era interponer un amparo y una medida de no innovar para que el próximo miércoles los concejales de San Miguel de Tucumán, que asumirán ese mismo día, no elijan a un nuevo intendente por encontrarse el electo detenido.
Calvetti aseguró a Página/12 que la intención de Fuerza Republicana es frenar el intento del justicialismo local de avanzar sobre el vacío legal que existe en la Ley Orgánica de Municipios que no prevé el mecanismo de sustitución de un intendente electo que se encuentra detenido antes de su asunción. “La ley habla de reemplazo cuando está en ejercicio de sus funciones y Bussi, que si bien está preso, todavía no asumió el cargo”, indicó el dirigente bussista. Aseguró, además, que es por ello que el partido del militar solicita que en caso de designar un nuevo jefe comunal sólo sea de manera transitoria hasta tanto se resuelva la causa judicial.
“Los 18 concejales deberían esperar a que se resuelva la situación procesal de Bussi antes de elegir otro intendente”, explicó el bussista y agregó que el plazo para la toma de posesión del cargo vence recién el 30 a las 12 de la noche, “por lo tanto, contamos con un día más para conseguir que la Justicia actúe y se respete la voluntad que expresó el pueblo cuando eligió a Bussi como jefe comunal”, dijo.
Si la justicia tucumana llega a hacer lugar al pedido bussista, la flamante presidenta del concejo municipal debería asumir de forma interina el cargo de intendente. La paradoja que se presentará ese día es que la titular del Concejo es la justicialista Carolina Vargas Aignasse, a la sazón, prima hermana del ex candidato a intendente del PJ Gerónimo Vargas Aignasse, el hijo del legislador secuestrado y desaparecido en marzo de 1976 cuando Bussi se hizo cargo de la provincia.
En los comicios del pasado 29 de junio, el genocida superó al joven dirigente justicialista en un sospechoso escrutinio al triunfar por escasos 17 votos, cuando existían ocho mesas impugnadas y que el PJ se rehusó a solicitar su apertura.
Ahora, Calvetti y los bussistas tendrán todo el fin de semana para conseguir una nueva computadora con la cual redactar la medida cautelar. En el medio, deberán concentrarse en las elecciones para legisladores nacionales donde el hijo del militar, Ricardo Bussi, compite por una banca de senador contra el actual gobernador, Julio Miranda, el responsable político de la muerte por hambre de decenas de niños.