Por Laura Vales

El Gobierno presentará el lunes la denuncia penal contra los piqueteros que bloquearon las puertas del Ministerio de Trabajo, impidiendo que el titular del área, Carlos Tomada, abandonara el edificio hasta las cuatro de la mañana. Los abogados de esa cartera están preparando el texto que será presentado en los tribunales federales, por haber afectado a funcionarios. Ayer el tema volvió a ser puesto en primer plano en la Casa Rosada, con declaraciones que denotan un quiebre en la relación con las organizaciones piqueteras. Los funcionarios sostuvieron que no se judicializará el conflicto social, pero para agregar a continuación que la decisión oficial es “hacer sentir la autoridad con el Código Penal en la mano”.
La redacción de la denuncia quedó a cargo de Esteban Neffa, asesor de la Dirección de Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo. Aunque en principio iba a ser presentada ayer, por lo que hubo consultas con la Justicia Federal, finalmente los abogados resolvieron postergarlo hasta el lunes.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, es el integrante del Gobierno que mejor conoce a las organizaciones de desocupados, ya que se ha ocupado de ese vínculo desde el inicio de los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador bonaerense. Ayer fue quien expresó los conceptos más duros sobre el episodio originado cuando tres organizaciones del conurbano reclamaban tres mil planes de empleo.
“No queremos judicializar los problemas sociales, pero no vamos a aceptar que nadie pretenda utilizar la fuerza o la coerción o la coacción de cualquier forma para tratar de sacar ventaja”, dijo Fernández en una conferencia de prensa. “Hay casos como éste, donde (los piqueteros) suponen que esta actitud pendenciera y prepotente les va a permitir instalarse en un lugar privilegiado de la escena, y es todo lo contrario. Ahora cada uno tendrá que hacerse responsable de sus actos, porque el Estado tiene que cumplir con la ley.”
El ministro se refirió a las entrevistas de televisión que muestran cómo “la impudicia (de los piqueteros) lleva a un nivel tal que la expresan a viva voz, y como les gusta el ‘fierrito’ (por el micrófono) como el que más, cuentan sus pretensiones como si ellos fueran los dueños de la verdad, y acá la ley no existiera y estuviéramos en un estado anárquico. Como eso no sucede, van a tener que responder de la mejor manera ante los estrados”.
Las organizaciones de desocupados, agregó, son “el emergente de una situación social. Hay dos formas de atacarlo: se los agarra a palos o se pone a discutir la causa. Si se ataca la causa y se la resuelve, desaparece el efecto. En líneas generales –finalizó el ministro– nos va muy bien atacando la causa, porque empezamos a morigerar los conflictos con la mayoría de los grupos”.
En un tono menos estentóreo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, opinó que la denuncia “no necesariamente” significa un endurecimiento hacia la protesta, sino una respuesta ante un hecho que el Gobierno consideró excesivo. “La protesta muchas veces es legítima y es justa, y por ser protesta no se convierte en delito. Pero hay una delgada línea que el límite lo pasa o no el que manifiesta.”
Finalmente, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, aseguró que no hubo ningún cambio en las instrucciones a la policía frente a las marchas. “Las instrucciones a la policía siguen siendo las mismas”, aseguró ante la consulta por la reformulación de las relación con las organizaciones sociales.
Si formularan la denuncia penal por privación ilegítima de la libertad, utilizando los términos con los que viene calificando lo sucedido el Ejecutivo, los acusados podrían esperar el juicio en libertad. Pero si además consideran que hubo una extorsión, serían detenidos. Los antecedentes cercanos son los casos de Emilio Alí y Raúl Castells cuando encabezaron pedidos de comida a supermercados y fueron encarcelados en aplicación de esta última figura penal.
En el Futrade, la más importante de las cuatro organizaciones que realizaron el bloqueo, señalaron que la dureza del reclamo estuvo en proporción con las necesidades que pasan los manifestantes, quienes pedían la inclusión en el plan Jefas y Jefes de Hogar, al que deberían tener derecho todos los desempleados con hijos.
Los manifestantes serán defendidos por la Coordinadora Contra la Represión Policial. La Correpi no había hablado todavía con ellos sobre en qué términos encararán la defensa. María del Carmen Verdú, de esa organización, dijo que es muy posible que se integre un equipo con abogados de otros organismos.