El gobierno del presidente George W. Bush intenta imponer a través de subrepticias quintas columnas locales su visión unilateral del mundo que las cancillerías latinoamericanas le niegan. Ese es el origen del “Curso sobre Terrorismo” que el ministro de Seguridad, Gustavo Beliz, ordenó retirar de circulación a la Gendarmería Nacional. El Curso de capacitación no presencial por internet ya había motivado protestas de las embajadas del Líbano, la Autoridad Palestina y la Federación de Entidades Arabes Argentinas porque presenta al Islam como una “cultura proclive al terrorismo”. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo, Steven Montblatt, quien también es secretario ejecutivo del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, CICTE, había adoptado el Curso de la Gendarmería, sin conocimiento del gobierno argentino, involucrado así en una política contraria a la declarada por sus autoridades. Las explicaciones que el jefe de la Gendarmería envió a solicitud de Beliz el viernes, agravan el cuadro. Según el Comandante Eduardo Luis González el Curso fue solicitado a un órgano de la Gendarmería, que es una fuerza de seguridad interior, por el Colegio Interamericano de Defensa, es decir un órgano militar. Las leyes argentinas separan en forma tajante los dominios de Seguridad Interior y Defensa Nacional, y Estados Unidos intenta indiferenciarlos, de modo que todos intervengan en todo. En la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica que sesionará mañana y pasado en México los ministros de Defensa José Pampuro y de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa se opondrán a esos designios de Estados Unidos. Las entidades árabes presentaron una denuncia por discriminación al INADI, que interrumpió las actuaciones cuando la Gendarmería suspendió el Curso.
Cortesía y esteticista
El curso pertenece a una denominada “Subsede Buenos Aires-Gendarmería Nacional” de la Universidad Católica de Salta, que depende del Arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello. La “Subsede”, creada en setiembre de 1989, es controlada por la Gendarmería y se maneja en forma autónoma. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Las actividades de este curioso organismo se costean con aranceles y con financiamiento provisto por la Fundación Centinela. El curso sobre terrorismo fue elaborado por el Comandante Mayor Alberto Kobylarz y por dos hombres del Pacto de Olivos en el establishment de inteligencia: el menemista Mario Baizán, quien proclama con orgullo su paso por la SIDE, y el nosiglista César Mario Bartolomé, quien oculta el suyo por la Central Nacional de Inteligencia, CNI, y se presenta como un mero académico. Colaborador de Carlos Corach y asesor de Carlos Menem, Baizán participó en la creación del CICTE, que en vano aspiraba a conducir.
La Gendarmería cerró el acuerdo con el Colegio Interamericano de Defensa en febrero de 2002. En aquel momento, la Junta Interamericana de Defensa difundió su Apreciación Estratégica para el año. Debido a una “aguda crisis económica y de gobernabilidad” en la Argentina había un “grave problema de seguridad pública”, con “violencia urbana y enfrentamientos con las fuerzas del orden”. Ese era uno de los “focos de inestabilidad regional que podrían afectar a los Estados Unidos” a través de “un aumento de la escalada de violencia terrorista”, decía. A esta ofensiva estadounidense se sumaron el ministro de Defensa y el jefe del Ejército de entonces, Horacio Jaunarena y Ricardo Brinzoni, quienes propiciaban la intervención militar en seguridad interior. El senador Eduardo Duhalde, a cargo del Poder Ejecutivo, laudó en favor del antecesor de Beliz, Juan José Alvarez, que se oponía. El gobierno argentino recién se enteró del curso de Gendarmería cuando el CICTE lo incluyó en su programa de capacitación para este año. El embajador ante la OEA, Rodolfo Gil, solicitó al organismo que no hiciera públicos esos materiales mientras eran revisados por las autoridades nacionales y le expresó a Montblatt la preocupación del gobierno. Por más que la Gendarmería se haya ocultado detrás de la “Subsede” y de la Fundación, el Curso compromete la responsabilidad del Estado Nacional, con posiciones opuestas en 180 grados a las que sostiene la Cancillería en materia de derechos humanos y que avanzan sobre situaciones internas de diversos países.
Sigmund, John y Yasser
El Curso reproduce la concepción que rigió en la Argentina entre 1976 y 1983, cuando psicólogos y psicoanalistas estuvieron entre las víctimas preferidas de los grupos de tareas de la dictadura. Una foto de Sigmund Freud ilustra el instinto de muerte y “la agresividad humana” en “el fenómeno terrorista”. El capítulo sobre “Terrorismo Latinoamericano” endilga a “un tal John William Cooke, un ex diputado nacional exiliado en La Habana, contactos con los elementos subversivos” (sic). Enumera las principales operaciones del ERP y Montoneros, a los que califica en forma alternativa como “terroristas” o “subversivos”, que desataron “un período de violencia inimaginable” y “provocaron la muerte de miles de personas”. En cambio, ignora el derrocamiento violento de los gobiernos constitucionales en 1955, 1962 y 1966, el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, los fusilamientos de 1956, los métodos del terrorismo de Estado dispuestos en 1976, el repudio social que merecieron y la postración en que dejaron a las Fuerzas Armadas. Ilustra ese capítulo una foto de Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja con el presidente de la Autoridad Palestina Yasser Arafat. El capítulo sobre “El terrorismo moderno” incluye otra del ex presidente egipcio Gamal Nasser. El dedicado a “Terrorismo y cultura” comienza con el subtítulo “El caso del Islam” e incluye un recuadro titulado “La violencia en el Corán”. Le sigue otro extenso capítulo sobre “Terrorismo islámico”. El gobierno libanés sostuvo que ese enfoque “puede incitar al odio y crear resentimientos”.
La Triple Frontera
El Curso dedica diez páginas a la colectividad árabe en la Triple Frontera y sostiene que es lugar de asentamiento “de los miembros de organizaciones terroristas”, entre las que menciona a Hezbollah. La Argentina y Brasil han refutado en forma expresa esa lectura en ocasión de los viajes a la zona del jefe del Comando Sur, general James Hill, y del coordinador del Departamento de Estado para la lucha contra el terrorismo, Cofer Black. Durante sus visitas, ambos aceptaron que no se había detectado actividad terrorista o de células dormidas en la Triple Frontera, pero en contacto con la prensa o el Congreso de su país insistieron en lo contrario.
La suspensión del Curso es una medida necesaria pero insuficiente. No se ve la conveniencia de que Gendarmería conduzca una denominada Universidad y la utilice como agente encubierto de acción política. O, dicho con sus propias palabras, para mantener “una muy intensa relación con el medio empresarial” e “integrar en un ámbito propicio a personal de la fuerza de distintas jerarquías con civiles provenientes de los más diversos sectores sociales”. Tampoco se justifica el engendro de la Fundación Centinela, concebida como forma de expandir los roles que la lógica democrática impone a organizaciones verticales y con una finalidad específica limitada, que en el caso de la Gendarmería es el cuidado de las fronteras y, en forma más amplia, la seguridad interior. Una fuerza de seguridad interior con política exterior propia constituye una originalidad excesiva aun para un país tan imaginativo y generoso.
Seguro que no
La Declaración sobre Seguridad en las Américas que los estados miembros de la OEA firmarán el martes en México muestra tanto la presión estadounidense para expandir el rol militar a las cuestiones de seguridad como la resistencia de los principales países de la región, que no comparten esa visión unilateral. Esta noche partirán hacia México Pampuro y Bielsa, quienes han coordinado la posición argentina con sus pares de Brasil, México, Venezuela y Chile. Los ministros argentinos rechazarán la concepción sobre los “estados fallidos” o los “espacios no gobernados”, con las que Estados Unidos intenta allanar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y defenderán el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos. Dirán que la fortaleza de las instituciones evita la militarización excesiva e inadecuada de cualquier conflicto. También aducirán que cada Estado enfrenta diferentes riesgos para su seguridad, por lo cual rechazarán cualquier intento de uniformidad. El empleo de todos los recursos estatales para enfrentar “nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos”, legales, diplomáticos, militares o de inteligencia, “no implica que esos medios deban estar bajo la órbita militar”.
La posición de máxima de Estados Unidos está contenida en los documentos preparatorios de la Junta Interamericana de Defensa, presidida en Washington por el general norteamericano Carl H. Freeman, veterano de Vietnam, que confunden Defensa y Seguridad. Al referirse a las “Nuevas Amenazas” describen el terrorismo con excepcional amplitud. Sus motivaciones irían desde el “fundamentalismo religioso” hasta los “reclamos de determinados grupos sociales que buscan la renovación de los gobiernos e inclusive el cambio de sistema”. Luego enumeran las armas nucleares y de destrucción masiva, las drogas ilícitas, la degradación del medio ambiente, la corrupción, el HIV/Sida, la denominada “Violencia Ciudadana” que, junto con la criminalidad, “amenazan el orden público, social y político” y el crimen organizado internacional. También mencionan como fuente de conflictos la brecha tecnológica entre las naciones, las crisis económicas, y ¡la “Expansión de la Jurisdicción Universal”! La justicia por los crímenes del pasado es la única materia en la que los uniformados se manifestaron adversos a la globalización.
Otros problemas mencionados fueron el aumento de la pobreza extrema, el creciente nacionalismo indígena y el desempleo. Frente a este cuadro, la JID recreó la vetusta Doctrina de la Seguridad Nacional, para la que todo constituye un desafío a la seguridad y no se prevé otra respuesta que la militar: el monitoreo constante por las Fuerzas Armadas de los “factores condicionantes” y la interoperatividad entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, es decir aquello que las leyes argentinas sancionadas después de la dictadura militar con toda razón prohibieron. Ese es el contexto en el cual la Gendarmería Argentina presentó al CICTE su Curso sobre Terrorismo.
Coca y petróleo
La JID vaticinó que el conflicto colombiano podría “extenderse a los países vecinos”. Mencionó con inquietud la alta votación en favor del representante de los campesinos cocaleros bolivianos Evo Morales, cuyas demandas “son inadmisibles para el gobierno, comprometido en la erradicación de los cultivos de hojas de coca ilegales”. Venezuela mereció pocas pero muy significativas líneas, como “uno de los más importantes proveedores de petróleo de los Estados Unidos”. Las groseras referencias a cuestiones internas de esos países desaparecieron en los borradores que mañana comenzarán a discutir los cancilleres y ministros de Defensa en México, debido a la coordinación entre la Argentina y Chile, a los que se sumaron luego Brasil, Paraguay, Perú, Venezuela y por último México. Estados Unidos, Canadá, Colombia y Ecuador reclamaban la militarización de la seguridad.
El texto hace hincapié en las medidas de fomento de la confianza y seguridad entre los estados y los pactos subregionales, y destaca el “orden jurídico sustentado en las Cartas de las Naciones Unidas y la OEA”. El miércoles 23 y jueves 24 esas medidas se corporizaron sobre el territorio: por primera vez desde las campañas de San Martín y O’Higgins, 400 soldados argentinos operaron del otro lado de la Cordillera, junto a sus pares chilenos, en un simulacro de evacuación de la ciudad de Temuco. Ante una ficticia erupción del volcán Osorno, helicópteros, camiones, jeeps y gomones evacuaron a 200 personas y las llevaron del Lago Tromen al Lago Argentino, donde fueron atendidas por un Hospital de Campaña Móvil. El episodio histórico hubiera sido perfecto si además la burocracia argentina hubiera hecho las cosas de modo que la solicitud de autorización al Congreso llegara antes del comienzo del ejercicio para el cual, sin duda, no hubiera habido reparo alguno.
Al discurso estadounidense de las nuevas amenazas, Brasil y la Argentina respondieron añadiendo al borrador las “preocupaciones y otros desafíos” que han determinado que “la seguridad tenga un carácter multidimensional”. En el lenguaje críptico de la diplomacia, las “preocupaciones” se refieren a los apetecidos “espacios vacíos”, como la Amazonía y la Patagonia, y “los desafíos” a la necesidad de ocuparlos con poblaciones y actividad económica que impliquen una verdadera presencia soberana. Entre los “valores compartidos” el borrador menciona el desarrollo integral y la justicia social, la democracia, los derechos humanos y el respeto a la soberanía nacional. La Argentina consiguió que se incluyera la “decisión de colaborar, a solicitud del Estado que lo requiera, en la búsqueda de soluciones urgentes a las crisis financieras que afecten la estabilidad política, económica o social de un Estado Miembro”, que será apoyado en sus negociaciones con “los organismos financieros internacionales”. Uno de los párrafos fundamentales reconoce que “cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento legal, y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de la ONU”. En consecuencia “es libre para determinar sus propios instrumentos” ya sean fuerzas armadas o de seguridad pública. Esto fue aceptado a regañadientes por Estados Unidos.
Con la JID o sin la JID
Por insistencia de Chile y la Argentina el borrador incluyó “la necesidad de aclarar la relación jurídica e institucional” de la JID con la OEA. El acuerdo entre ambos países y Brasil consiste reducir a la JID al asesoramiento de “carácter técnico-militar que en ningún caso podrá tener naturaleza operativa”, con “supervisión civil” y “conformación democrática de sus autoridades”. Dependerá políticamente de la OEA, no se ocupará de temas de seguridad interior, por lo cual no podrá incluir representantes de las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería. En cambio habrá civiles, ya que los delegados militares de cada país dependerán de los respectivos embajadores ante la OEA y se cortará el cordón umbilical con el Comando Sur y el Colegio Interamericano de Defensa. La Argentina pretende que el marco interamericano refleje el esquema institucional propio de un estado de derecho, sobre la base de la conducción civil de los sistemas de defensa y seguridad. También se opondrá a que la JID asuma un rol político o institucional, como el que se desprende de los documentos citados de 2002. Respecto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), se oponmdrá a que se utilice para combatir las “nuevas amenazas”, para lo cual ya hay órganos específicos de la OEA, como el CICTE o el CICAD. Con Estados Unidos y Canadá se alinearon en la posición contraria Colombia, Ecuador, Bolivia y los países de Centroamérica y el Caribe que sólo tienen guardias nacionales. Estados Unidos aceptó el borrador pero es posible que durante la Conferencia insista en su posición inicial, que el canciller Colin Luther Powell, su adjunto Roger Noriega y el nuevo embajador Lino Gutiérrez defendieron ante las autoridades argentinas. En ese caso los países del Mercosur, más Chile, Perú, Venezuela y México, anunciarían su retiro de la JID.
Doble filo
Uno de los puntos que mejor suenan del borrador y que fue defendido por Chile, afirma que “el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana”, lo que incluye derechos humanos, desarrollo económico, inclusión social, educación, lucha contra la pobreza, la enfermedad y el hambre. Su doble filo es que puede ser invocado para alguna “intervención humanitaria” forzosa. Fastidiado por la cancelación de la orden de compra de 20 aviones Tucano por Colombia, que en cambio comprará máquinas estadounidenses, Brasil fue categórico en este punto: “El concepto de seguridad no puede ampliarse tanto como para permitir la injerencia internacional sin consentimiento ni requerimiento del país afectado”. Además, según el borrador, al terrorismo debe combatírselo “con el pleno respeto al estado de derecho y al Derecho Internacional”. En la misma dirección apuntan el compromiso para “fortalecer el sistema multilateral basado en la Carta de la ONU, en la Carta de la OEA y en el derecho internacional” y la “reafirmación del papel del Consejo de Seguridad de la ONU como el órgano con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”. Cualquier parecido con la posición de Alemania, Francia y Rusia en la crisis de Irak no es casual.