La encerrona a que fuera sometido el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el jueves pasado por parte de un radicalizado grupo de piqueteros fue el disparador que dejó al descubierto los planes que el Gobierno viene pergeñando para terminar con esta forma de protesta. Este diario adelantó hace tres semanas que en la Casa Rosada dividen con precisión de cirujano lo que consideran protesta social lícita y protesta ideológica. En esta segunda categoría encierran a los grupos piqueteros más radicalizados y los que responden a partidos políticos. “Vamos a resolver este asunto generando trabajo desde el Estado, con los planes de empleo, en uno o dos años. No vamos a reprimir, pero al que quede afuera porque quiera quedarse afuera, lo esperaremos con el Código Penal en la mano”, dijo a Página/12 un funcionario clave del gabinete nacional.
La preocupación del Gobierno por terminar con los cortes de rutas y de calles en las principales ciudades del país, especialmente en la Capital Federal, viene de hace varios meses. Néstor Kirchner ha dado instrucciones a sus ministros para encontrar soluciones al problema estructural: la desocupación, que hoy afecta a unos 2,4 millones de compatriotas.
El crecimiento que experimenta la economía argentina no alcanza aún para satisfacer las necesidades de los sectores más desprotegidos. Un habitual consultor presidencial, experto en cuestiones sociales, razonó así ante Página/12: “De 14 millones de argentinos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), usted tiene 2,4 millones de desocupados, dos millones con planes sociales y 2,5 millones, casi tres millones, de empleados estatales. No hay forma, en ninguna parte del mundo, que siete millones tengan que bancar a siete millones y medio. Para peor, de esos siete millones que trabaja, la mayoría tiene salarios pauperizados. Hay que cambiar esa regresión, de lo contrario, no habrá solución”. Para el experto, se necesita un impulso económico del cual hoy el Gobierno está ayuno. “Este piloto automático no se banca más”, dice.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, en el libro ¿Argentina en colapso? América debate, editado por la New School University de Nueva York en agosto de 2002, escribió que “cualquier economía que atraviese una etapa de crecimiento cero, crecimiento muy bajo o crecimiento negativo, tiene después un período en el que recupera posiciones, un catch-up period. Durante el tiempo en el que se recupera el terreno perdido es muy difícil interpretar ese crecimiento. Lo que se percibe, ¿es sólido crecimiento que sigue a un período de recesión, porque hay buenas políticas que marcan verdaderamente el comienzo de una nueva era, o se trata de un crecimiento que sólo recupera terreno y que una vez que lo alcance entrará en una fase más normal?”.
Está por verse si el Gobierno desentraña el interrogante.
El plan
Conocedor de las limitaciones que existen, y de los plazos necesarios para revertir seriamente una decadencia comenzada en 1975, con el “Rodrigazo”, Kirchner quiere un plan de contingencia que ataque el problema de empleo para, con ello, terminar con el piqueterismo. Uno de sus laderos de confianza explicó el plan oficial de la siguiente manera:
–La idea del Gobierno es desarticular el piqueterismo –dijo la fuente.
–¿Cómo? –preguntó este diario.
–Dando trabajo proveniente de la obra pública. Primero a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, después a los piqueteros sensatos y a los piqueteros amigos (kirchneristas), y dejar aislados a los piqueteros ideológicos.
–¿Quiénes son los piqueteros ideológicos?
–Son los de los partidos políticos, el MAS, el PC, el PO, el PTS. Con esos no se puede arreglar nada porque a ellos no les interesa que searregle nada. También están los extremadamente cerrados, como los que atraparon a Tomada en el ministerio. Esos deberán recapacitar.
Este diario ya adelantó que en el Gobierno cunde la teoría de que un sector de la protesta está ideologizada, y que es esa la que hoy por hoy está actuando en las calles.
A ese sector, del cual forma parte el grupo denominado Frente Unico de Trabajadores Desocupados y Ocupados (Futrade), que encerró a Tomada en su ministerio, fueron dirigidas las diatribas públicas desde el Gobierno. Tomada, por orden de Kirchner, presentará mañana una denuncia penal por “privación ilegítima de la libertad”. El viernes varios funcionarios hicieron oír sus advertencias. Veamos:
u Alberto Fernández, jefe de Gabinete: “La protesta piquetera pasó el límite de lo razonable y si nosotros queremos terminar con una Argentina signada por la impunidad, tampoco podemos dejar impunes excesos de esta naturaleza. Hay una delgada línea que el límite lo pasa o no el que protesta”.
u Aníbal Fernández, ministro del Interior: “No va a haber posibilidad de negociar de esta forma. Acá, guapos, o pesados, o actitudes pendencieras las tendrán que explicar ante el juez, porque el Estado no está dispuesto a aceptarlo. Cuando se toman actitudes de estas características, es justo que el Estado ejerza la autoridad que le confiere la decisión popular. Con el Código Penal en la mano hay que hacerles sentir la autoridad a quienes se están equivocando de camino”.
No obstante la dureza de las declaraciones oficiales, en Balcarce 50 se han autoimpuesto límites. El más transparente de ellos lo marcó el propio Kirchner el viernes pasado, en una charla con dos de sus colaboradores. “No vamos a reprimir nunca a palos –dijo el Presidente–. No quiero criminalizar ni judicializar la protesta, porque ése es un camino sin retorno. Pero cuando ellos la judicializan (por los piqueteros que encerraron a Tomada), tendrán que aceptar las consecuencias.” El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, dijo públicamente ese mismo día que no hubo cambio de instrucciones a la policía para tratar la protesta. Traducción: la orden sigue siendo no reprimir.
La Iglesia argentina, a través de sus habituales operadores, hizo llegar un mensaje al Gobierno: debería solucionarse el problema de los cortes de ruta y de calles de una manera “no traumática”, según hicieron trascender algunos obispos. Desde la Casa Rosada, la respuesta fue de una fina sintonía con el pedido del purpurado.
El rol de la policía es crucial en la estrategia para desarticular la protesta callejera. Un miembro del gabinete que trabaja a metros del Presidente hizo un análisis de las funciones policiales en medio del plan para terminar con este fenómeno, hijo del desempleo. Sigamos su razonamiento: “No tiene que haber violencia, ni quilombos. Mire lo que pasó en Jujuy, y eso que es una provincia entrenada en estos menesteres. Durante 10 años soportó piquetes, huelgas, paros, acampadas. Así se hizo famoso el Perro Santillán. En diez años no hubo un solo muerto. Ahora, en un pueblo perdido, matan a un chico en una comisaría y a otro en la calle que ni siquiera era de la CCC. Hay que impedir que la cana te tire algún muerto. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que ir de a poco. La gente tiene que ir viendo que nosotros tratamos de desarmar el piqueterismo con trabajo genuino, con los planes de construcción de vivienda, armando las cooperativas de trabajo, que requieren ocho personas por cooperativa y una cooperativa por casa a construir. Y también debe ver que los que no entran en ésta es porque no quieren, porque sus intereses son otros”, sostuvo ante este diario el funcionario.
La táctica del Gobierno para finalizar con la protesta piquetera se sostiene, tal como se desprende de las palabras precedentes, en una activa campaña sobre la opinión pública. En la Rosada quieren que la población se entere de que, desde el Estado, se están realizando esfuerzos para reinstalar a los desocupados en la cadena de la economía, en un nuevo puesto de trabajo, producto del keynesiano aporte estatal para la obra pública. El convencimiento de la gente de que la faena marcha de esa forma es crucial, no sólo como propaganda oficial, sino también para avanzar después sobre los piqueteros más intransigentes o, al decir de la Rosada, “ideologizados, esos que protestan contra el ALCA, o el imperialismo, o la guerra en Irak”, chicanean.
Un contertulio de este diario, cotidiano confidente presidencial, ensayó ante Página/12 cómo debería terminar el asunto, según los planes oficiales. “Cuando todo esto ocurra, cuando estén los trabajos y se repartan entre los desocupados, entonces ahí sí vamos a pedirles a los piqueteros que queden dando vueltas que salgan de las rutas y de las calles”, dijo el funcionario.
–¿Y si no lo hacen, qué pasará? –quiso saber este diario.
–Ahí les aplicaremos el Código Penal.