La reactivación de los juicios contra el Grupo Bulgheroni es el primer paso del Gobierno en la estrategia de recuperar la jurisdicción nacional en distintos procesos judiciales. Durante la década del 90, el Estado les concedió a las privatizadas, a los tenedores de bonos y a distintos grupos económicos la posibilidad de resolver sus conflictos, los que había y los que pudieran venir, en tribunales internacionales. Esa es la razón por la que la mayoría de los concesionarios de servicios públicos elevó sus quejas por la pesificación de las tarifas a un árbitro con sede en Washington, mientras que las causas por el default se tramitan en juzgados de Nueva York, Francfort, Roma y Tokio. El gobierno menemista extendió esa práctica a sus amigos locales. El más insólito de los casos fue el que benefició a las empresas de Bulgheroni, acusadas por la AFIP y el Banco Central por deudas millonarias, de las que quedaron a salvo –hasta ahora- cuando el Gobierno le arrebató a la Justicia los expedientes y se los entregó a un árbitro que nunca hizo nada hasta el día de hoy, siete años después.
Aquella política menemista compromete en distintos grados el patrimonio nacional. Los acreedores se montan en las ventajas que obtuvieron para presionar con embargos si Argentina no les paga lo que reclaman. Es la base donde están plantados en la negociación por la reestructuración de la deuda. Las privatizadas son conscientes que el poder disuasorio de los tribunales internacionales es relativo, pero no por eso desecharon esa vía. Sus demandas superan los 10 mil millones de dólares. El Gobierno resolvió dar pelea en ese terreno. O mejor dicho, modificarlo. El plan es deslegitimar la competencia de los juzgados extranjeros, o al menos poner en un pie de igualdad a los tribunales locales, a fin de terminar con esa idea de que hay un solo partido y se juega de visitante.
El procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, reveló ayer que se cuestionará la constitucionalidad del proceso que llevó a Argentina a aceptar la competencia de los tribunales internacionales en el caso de las privatizadas, y sostuvo que si hay una condena por el default, la causa tendrá que trasladarse a Buenos Aires para que sea revisada. De todos modos, eso no inhibiría un eventual embargo en contra del país.
Bulgheroni
En septiembre del ‘96, Carlos Menem firmó un decreto para trasladar a un tribunal arbitral los juicios cruzados entre el Estado nacional y distintas compañías del grupo comandado por Carlos Bulgheroni. Hasta ese momento los casos avanzaban en el Poder Judicial, y en algunos de ellos se acercaba una sentencia contraria al empresario petrolero. Su amistad con el entonces presidente, sin embargo, fue muy útil para frenar las actuaciones. Menem tuvo que lidiar con Domingo Cavallo, quien rechazó la derivación de las causas a un árbitro –Bulgheroni lo acusó de operar en favor de las papeleras Ledesma y Massuh, en contra de la suya, Papel del Tucumán–, pero logró que Roque Fernández, que lo reemplazó como ministro en julio de aquel año, lo acompañara en su decisión.
Aquel gobierno designó abogados y a su representante para integrar un tribunal arbitral internacional. Lo mismo hizo la parte empresaria. Pero el cuerpo nunca terminó de constituirse. El único efecto fue que las causas quedaron congeladas hasta el día de hoy. Fernando de la Rúa estuvo cerca de tomar la misma medida que ayer adoptó Kirchner, pero a último momento le tembló el pulso. Había recibido un dictamen del procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, que advertía sobre la “inconveniencia económica” de someter a laudo controversias que el Estado podría ganar cómodamente en la Justicia, y recomendaba anular el decreto de Menem. Más tarde, Eduardo Duhalde atravesó la misma experiencia, y a pesar de que la Procuración le sugirió exactamente lo mismo que al radical, también desistió con el decreto ya redactado. Bulgheroni sigue siendo un empresario sumamente poderoso. Su familia recibió unos 400 millones de dólares por la venta del 60 por ciento de Bridas a la estadounidense Amoco. La asociación derivó en la creación de la compañía Pan American Energy, mientras que Bridas se sigue ocupando de explotaciones petroleras en el extranjero.
La anulación del tribunal arbitral posibilita que la Justicia retome las causas desde el punto donde habían quedado. El procurador Rosatti detalló que hay juicios abiertos que involucran a distintas firmas del grupo. El principal es el que recae contra el desaparecido Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), por deudas pendientes con el Banco Central e impositivas. También tiene cuentas sin saldar con el fisco Papel del Tucumán, que tramita su quiebra. Un tercer caso de deudas tributarias involucra a Bridas Sapic. En total, Rosatti estimó que los compromisos que puede reclamar el Estado “no son menores a los 500 millones de pesos”. Durante el gobierno de la Alianza se había calculado la deuda en 1200 millones. Rosatti, en tanto, sostuvo que el Grupo Bulgheroni reclama por incumplimientos de YPF (de su etapa estatal) que ascenderían a 50 millones de pesos.
“La gran desproporción (entre los reclamos de uno y otro) en favor del Estado” es otra de las razones que llevaron a terminar con la actuación de un árbitro.
Privatizadas
Después de comunicar la decisión respecto al Grupo Bulgheroni, el procurador del Tesoro reveló que la estrategia del Gobierno es más amplia que saldar cuentas con un viejo amigo del menemismo y de otros políticos influyentes. “Nuestro criterio es recuperar la jurisdicción de los tribunales locales en todos los casos donde intervengan tribunales internacionales”, manifestó. En particular, se refirió a las demandas iniciadas por las privatizadas ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en Materia de Inversiones (Ciadi). “Estamos cuestionando su jurisdicción y eventualmente también vamos a cuestionar la constitucionalidad de todo el sistema”, enfatizó.
Deuda
Rosatti aclaró que los juicios por el default no terminan con las sentencias que puedan adoptar tribunales extranjeros. Si hubiera alguna en contra, “nuestro país aplicará el criterio de exaquatur, que quiere decir que una eventual condena tendrá que ser analizada por la Justicia argentina antes de que pueda ser considerada válida”. El funcionario agregó que así lo establece el artículo 27 de la Constitución. Más allá del tecnicismo, se trata de una jugada política para neutralizar la acción de los acreedores, que corren al Gobierno con la amenaza judicial.