Frente a la reacción que generó el anuncio acerca de la decisión de crear una brigada policial antipiquetera, desde la Casa Rosada siguieron haciendo ayer gestos para tratar de demostrar que no piensan variar la postura que hasta ahora han tenido con respecto a la protesta social. Así, mientras diversos funcionarios insistieron en que “la política del Gobierno sigue siendo la misma”, el propio Néstor Kirchner recibió a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y al dirigente Luis D’Elía para explicarles que no está en sus planes reprimir a los piqueteros. “No hay ninguna intención, dijo el Presidente, de perseguirlos ni castigarlos”, precisó Bonafini tras la entrevista con el santacruceño.
Kirchner se reunió con Bonafini a pedido de la misma presidenta de Madres de Plaza de Mayo. “Nos la concedió inmediatamente. Las preguntas de las Madres eran por qué el caso Kosteki-Santillán está parado”, precisó la titular de esa entidad y contó que otra de las motivaciones para pedir la reunión esa “esta comisión que se decía que se iba a armar por el tema de los piqueteros”.
La rápida respuesta de Kirchner a las Madres sigue la línea que el Gobierno puso en marcha anteayer al ver la reacción que generó el anuncio de que estaba previsto crear una brigada policial antipiquetera y la denuncia en la Justicia a las agrupaciones que le hicieron una encerrona al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Para apaciguar los ánimos de los piqueteros, Kirchner recibió a uno de los referentes más cercanos de ese sector, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, junto a otros dirigentes sociales. Al mismo tiempo, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, salió a afirmar que “no hay ninguna creación de ninguna brigada”, mientras otros funcionarios del Gobierno se comunicaron con las organizaciones con las que tienen diálogo para explicarles que no tenían pensado criminalizar la protesta social.
El discurso ayer fue el mismo. “El señor Presidente dijo que de ninguna manera va a haber ninguna comisión para disuadir, que no se los va a perseguir a los piqueteros”, contó Bonafini a la salida de su audiencia con Kirchner. En cuanto a la preocupación de las Madres sobre la falta de avances en la investigación de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Bonafini reveló que Kirchner les manifestó que su intención es que se “investigue hasta las últimas consecuencias” y que dispuso integrar “una especie de comisión, en la que va a estar el secretario de Derechos Humanos y otros funcionarios”.
Bonafini abandonó la Casa Rosada complacida con las respuestas de Kirchner. “Las Madres –destacó– salimos satisfechas porque las preguntas fueron contestadas y también porque no va a haber represión ni persecución sobre la gente que necesita sobre todo trabajo para comer.”
D’Elía también se fue de su reunión con Kirchner con la impresión de que el Gobierno no contempla endurecer su posición frente a los piqueteros. “No hay absolutamente nada de ninguna brigada y estamos convencidos de que no se va a ratificar la denuncia contra los piqueteros”, declaró D’Elía a Página/12.
Los gestos destinados a distender la relación con las organizaciones piqueteras se completaron con las declaraciones por parte de varios hombres de la Casa Rosada. Fue el caso del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien sostuvo que “la política del Gobierno sigue siendo la misma: evitar el choque con estos sectores y buscar la disuasión”. Fernández afirmó también que “nunca se habló” de conformar una brigada antipiquetera” y agregó que lo que le “preocupa” a Kirchner “es preservar la tranquilidad social, la calma, y que no existan desbordes”.
Parrilli también reiteró que no se produjeron cambios en la política del Gobierno hacia el sector piquetero y exhortó al movimiento de desocupados a “trabajar juntos” para “solucionar los problemas de la gente”. Aun así, el secretario general de la Presidencia aclaró que la causa penal por la encerrona a Tomada seguirá su curso. “Se trata de un tema que deberá resolver la Justicia”, dijo el funcionario, aunque subrayó que eso “de ninguna manera significa la judicialización de la protesta social”.