Con el cambio de discurso del Gobierno aún resonando en sus oídos, miles de piqueteros se concentraron en Quilmes para protestar por lo que consideraron un caso testigo de la “judicialización del conflicto social”: la denuncia por “extorsión” contra tres mujeres de la Corriente Clasista y Combativa de San Francisco Solano. Las acusadas son Norma Le Bret, Susana Ontivero y Yolanda Lugo, que viven en un barrio pobrísimo de Quilmes, sobre el margen del arroyo Las Piedras. Para los desocupados, la denuncia es “trucha” y está inspirada en el intendente radical Fernando Geronés. “Que el poder político entienda que los conflictos sociales no se dirimen en los Tribunales”, reclamaron ayer los manifestantes ante la sede de los juzgados de Garantías de Quilmes.
El mensaje también estaba destinado a la Casa Rosada. Bastaba con escuchar cada uno de los discursos que se hicieron en el acto, realizado en la plaza principal de Quilmes. “El Gobierno intenta frenar nuestros reclamos. Estos son gobiernos débiles que intentan frenarnos con la judicialización de las protestas”, aseguró Ricardo Da Silva, de Suteba de Echeverría-Ezeiza. “El gobierno nacional tiene que dejar de hablar de que no va a judicializar la protesta y debe mandar al Congreso una ley de amnistía para los luchadores populares. Tenemos que ir a fondo con los asesinos de Kosteki y Santillán y también contra los que mataron a los compañeros de la Corriente en Jujuy”, reclamó Mariano Sánchez, del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, que integra la CCC.
La movilización llenó la plaza central de Quilmes y ocupó más de cuatro cuadras por la calle Hipólito Yrigoyen, donde se hallan los Tribunales. La masividad, la presencia de otras agrupaciones –como el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y el Movimiento Teresa Rodríguez– y los discursos que se escucharon en el palco demostraron que no existe una brecha entre supuestos sectores “duros” y otros más “negociadores” a la hora de rechazar la “judicialización” de la protesta. “No vamos a dejar la ruta porque reivindicamos los cortes de ruta y las movilizaciones. Los del campo popular tenemos que unirnos y pasar a la contraofensiva para lograr la amnistía y el desprocesamiento para los más de cuatro mil luchadores populares”, propuso Juan Carlos Alderete, líder de la CCC.
El martes, Alderete había estado en la Rosada para anunciar que el Gobierno había otorgado a la ex fábrica Aurora –que fue recuperada por sus trabajadores y ahora se llama Renacer– los beneficios de la promoción industrial. Con ese gesto, el Gobierno había intentado aliviar la tensión producida por el episodio ante el Ministerio de Trabajo y la denuncia posterior de Carlos Tomada. El Presidente sumó otro gesto para tratar de contemporizar: convocó a una reunión de urgencia al titular de la FTV, Luis D’Elía, quien regresaba de un viaje a México (ver nota aparte). De cualquier forma, ayer, en la movilización de la CCC se escucharon varias críticas al Gobierno.
“El ataque que viene a partir del tratado del Gobierno con el FMI implica más hambre –advirtió Lidia Braceras, dirigente de Suteba Quilmes y amiga de las tres piqueteras denunciadas ante la Justicia–. Hoy tenemos un gobierno que ha dado algunos gestos y hecho algunas cosas. Pero al mismo tiempo ha firmado con el Fondo, y eso significa que no va a haber aumentos salarios ni de los planes sociales.” “Mientras andan sueltos los que entregaron todo el patrimonio nacional, procesan a tres compañeras cuyo único delito fue trabajar. No como esos serviles intendentes al servicio de los oligarcas y los terratenientes”, acusó Luis Cubilla, de la CCC Zona Norte.
En el acto se recordó que además de Le Bret, Ontivero y Lugo, en el país están procesados más de tres mil integrantes de organizaciones sociales y políticas. “Basta de persecución”, decía el cartel que los organizadores habían colocado como única escenografía. En nombre de las acusadas habló Le Bret, quien agradeció a los presentes y leyó una carta pública (ver aparte). La semana próxima, tanto ella como sus dos vecinas del barrio deberán declarar ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Quilmes, a cargo de la jueza Adriana Myzskin, y responder las preguntas del fiscal Pelayo, de la fiscalía penal Nº 4. “Nosotros vamos a defender a nuestras compañeras. Todos sabemos que ésta es una falsa denuncia. Y que el poder político en Quilmes es un poder corrupto”, acusó desde el palco la docente Braceras.
La movilización terminó frente a la sede del juzgado, donde los piqueteros entregaron un petitorio con cinco mil firmas pidiendo que no se procesara a sus compañeras. El delito del que se las acusa, “extorsión”, no permite la excarcelación y prevé condenas de cinco a diez años de cárcel. En la protesta, los manifestantes prometieron que se movilizarán “en todo el país” para defender a las tres mujeres de Solano. También dijeron que la acusación contra ellas podría ser el primer paso de la tan cuestionada “judicialización”, que ahora el Gobierno se empeña en negar.