El genocida Antonio Bussi ya ni recuerda su pelea por la intendencia de la capital tucumana. Lo que le exige a sus abogados es recuperar la libertad. Ayer presentaron ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de queja para que se revise la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final dictada por el juez federal tucumano Jorge Parache en la causa que lo tiene detenido. Allí no terminan sus problemas. La Corte tucumana también aportó a los males del genocida al rechazar una queja presentada para evitar el juicio oral por peculado que enfrenta. Según trascendió de los tribunales provinciales, el anciano general podría estar sentado en el banquillo de los acusados antes de fin de año.
Cuando el miércoles por la noche el juez Parache dictó la prisión preventiva, los abogados del militar buscaron el consejo de Gregorio Badeni. El defensor, entre otros del supremo Eduardo Moliné O’Connor, recomendó recurrir a la Corte. Así, tanto Badeni como el yerno de Bussi, Héctor D’Amico rubricaron la queja contra el rechazo del juez tucumano a la apelación que plantearon respecto de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que había realizado el magistrado y que posteriormente derivó en la detención del represor.
Los defensores no sólo buscan la libertad del reo, sino además trabar la apertura de nuevas causas –se calculan unas 400– que habían quedado archivadas tras la sanción de las leyes de impunidad. Además, la iniciativa le agrega un nuevo conflicto a la Corte, que unas semanas atrás decidió derivar a la Cámara de Casación la definición de la validez de estas normas.
De todas formas, éste no es el único problema jurídico que desvela al militar que, por estos días, permanece detenido en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, otrora campo de concentración de desaparecidos. Esta vez el cimbronazo provino de la Justicia local cuando la Corte de esa provincia finalmente rechazó el recurso de queja por apelación denegada que había interpuesto. Lo hizo con la intención de frenar el juicio oral por peculado que surgió del manejo irregular de los gastos reservados.
En esta causa, Bussi no es el único que se sentará en el banquillo de los acusados. Lo acompañan los entonces ministros de su gestión, Ramón Nereo Arnedo, Franco Fogliata y Alberto Germanó, ministros de Hacienda, Producción y Gobierno, respectivamente, quienes junto al militar habrían cobrado mensualmente 10.000 pesos, sin rendición de cuentas.
De acuerdo con la investigación que realizó el entonces fiscal anticorrupción Esteban Jerez, tanto el ex gobernador como sus ministros deben responder por la suma de cinco millones de pesos que, entre los años 1995-1999, representaban la misma cifra en dólares.
Ante esta situación el abogado de Bussi, Sergio Morfil, se apresta a realizar un planteo de nulidad de todo lo actuado y prevé recusar a algunos de los miembros de la sala que conducirá el plenario oral.
Si los recursos de la defensa fueran rechazados, el juicio podría realizarse antes de fin de año, según reconocieron en los tribunales locales. La Corte tucumana rechazó el pedido de Bussi por considerar que sólo son recurribles en casación las sentencias definitivas y por entender que no hay gravedad institucional que amerite abrir el recurso.