Desde Salta

Estupor e indignación causaron en sectores políticos, sociales y organismos defensores de derechos humanos de la provincia de Salta el asado de “camaradería” que en la noche del último martes los más altos oficiales de la Quinta Brigada Mecanizada del Ejército ofrecieron a tres acusados de la Masacre de Palomitas, en el Casino de Oficiales de ese instituto militar, ubicado en la capital provincial, y que está al mando del general Víctor Plazaola. Los “agasajados” –según comentaron integrantes de los organismos– fueron el ex jefe de la Guarnición Militar, coronel retirado Carlos Alberto Mulhal, el ex segundo comandante y ex jefe de Policía, teniente coronel retirado Miguel Raúl Gentil, y el entonces capitán Hugo César Espeche.
Los tres y luego de varios vaivenes judiciales, fueron trasladados a Salta, desde Buenos Aires, donde estaban arrestados tras un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones salteña que decretó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Mulhal, Gentil y Espeche están alojados en cómodos departamentos dentro de las instalaciones de la Quinta Brigada Mecanizada y a disposición del juez federal, Miguel Medina, quien los está indagando, en audiencias diarias e individuales. Según fuentes judiciales, habría entre los acusados una especie de “pacto de silencio” desde el momento que se niegan a declarar.
Las audiencias se realizan en medio de movilizaciones populares en torno al juzgado federal y un fuerte dispositivo de seguridad. La masacre de Palomitas, cuyos detalles tuvieron incluso trascendencia internacional, ya que obran en poder de Amnistía Internacional, con sede en Londres y en el tribunal español a cargo del juez Baltasar Garzón. La matanza de Palomitas se produjo la noche del 6 de julio de 1976 cuando efectivos del Ejército y otras fuerzas de seguridad sacaron del penal de Villa Las Rosas a once presos políticos, que posteriormente fueron ejecutados en el referido paraje, a 50 kilómetros de la capital salteña. El periodista salteño Salvador Rueda comentó que “diversos sectores coinciden en que el ‘agasajo’ a los tres acusados de genocidio sienta un gravísimo precedente en la democrática actualidad nacional y afirman que el poder central de la República debe adoptar inmediatas medidas al respecto”.