Hace cuatro años, el entonces candidato a jefe de Gobierno del Frente para la Victoria Daniel Filmus denunció una campaña sucia montada en su contra por parte del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Se inició una causa penal, que primero avanzó en la Justicia federal, pero luego fue traspasada a la Justicia porteña, donde se dilató hasta su prescripción. Hoy, el candidato a jefe de Gobierno de ECO, Martín Lousteau, también denunció que el candidato del PRO perdió el pelo, pero no las mañas: “Veo algunas prácticas del PRO y me llaman mucho la atención. Que ahora estén haciendo una encuesta telefónica preguntando ‘¿a usted le parece bien que haya un ballottage que cuesta 58 millones de pesos?’ me hace acordar a la que le hicieron a Filmus”, advirtió en declaraciones periodísticas. Por el momento, y teniendo en cuenta la suerte que sufrió la causa judicial impulsada por el kirchnerista, en el entorno del economista no tienen pensado hacer una presentación similar. “Es la impunidad lo que permite la reiteración. Y la impunidad es porque Macri critica a la Justicia a nivel nacional, pero en la Ciudad los fiscales son los que puso él”, aseguró Filmus, responsabilizando al Ejecutivo porteño tanto por la operación electoral como por su situación judicial.

Según explicó ayer el candidato de ECO, el modus operandi de la campaña sucia que está sufriendo sería el mismo que el utilizado hace cuatro años. Innumerables llamados telefónicos con preguntas que introducen o asocian al candidato opositor al PRO con información negativa. En este caso, la pregunta de la encuesta remarca el costo económico de realizar la segunda vuelta el próximo domingo 19 de julio. Ese fue uno de los principales argumentos con los que se presionó a Lousteau para que desistiera de postularse. El domingo pasado, Horacio Rodríguez Larreta había sacado el 45,5 por ciento de los votos, mientras el ex ministro obtuvo el 25,5 y Mariano Recalde, del Frente para la Victoria, el 21,9. El propio domingo a la noche y los días siguientes, el diputado nacional habló de “operaciones” y “presiones” que había sufrido las últimas semanas e incluso el propio día de la elección.

Al día siguiente, Lousteau convocó a una conferencia de prensa para desmentir la posibilidad de que se baje de la segunda vuelta. Le reclamó a Rodríguez Larreta, en cambio, que avancen en un debate área por área de la gestión de la Ciudad, lo que fue rechazado por el dirigente macrista. “Para mí es más importante escuchar a los vecinos de la Ciudad”, replicó entonces el jefe de Gabinete porteño. Cuidadosos de no hacer explícitas sus pretensiones de evitar el ballottage, el precandidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, habló de flexibilizar el régimen electoral: “Los ciudadanos se quejan, pero lo que tenemos que darnos un día es emprender una reforma constitucional, porque no es lógico tener un sistema electoral en términos de requisitos para primera y segunda vuelta más exigente que la Presidencia. Hay algo raro ahí”, sostuvo el líder del PRO, mientras sus socios nacionales mantuvieron posiciones diversas. Elisa Carrió optó por decir que votará a Lousteau, sin respaldar con firmeza a su candidato, aun cuando el postulante a vice, Fernando Sánchez, es uno de sus dirigentes de mayor confianza. En cambio, el otro socio de Macri, Ernesto Sanz, de la UCR, sí salió a bancar el ballottage, pero cuidándose de no generar demasiado ruido hacia adentro del propio espacio nacional.

En ese contexto surgió ahora la denuncia de Lousteau, que señaló a Durán Barba como uno de los responsables. Por el momento, la encuesta denunciada intenta cargarle a Lousteau el costo de ir nuevamente a votar. “Yo me preguntaría otras cosas: ¿y el contrato de la basura, que es el más caro y sin embargo la ciudad está sucia? O me preguntaría: ¿cuatro millones de pesos por día en publicidad, por qué no se abstienen de hacer publicidad durante dos semanas y se paga el costo del ballottage? Porque además de que ya está pago, el costo del ballottage es el costo de cumplir con la Constitución”, remarcó Lousteau.

El antecedente

“¿Sabía usted que el padre del candidato Daniel Filmus es arquitecto y trabaja en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado? Ahora que sabe esto, ¿usted lo votaría?”. Esa es sólo una de las más de 20 preguntas que durante la elección de 2011 escucharon miles de los porteños. Otras preguntas proponían vinculaciones del ex senador con el sindicalista Hugo Moyano o el dirigente social Pitu Salvatierra, o con “los piqueteros”. La que cobró más notoriedad fue la del padre de Filmus, ya que Salomón Filmus, por entonces de 88 años, no era arquitecto, estaba jubilado y nunca tuvo contactos con aquel programa de construcción de viviendas. “Los fiscales, en vez de investigar el fondo de la causa, en la que en un primer momento se encontraron grabaciones, la conexión y la triangulación con Miami para hacer las llamadas, lo que hicieron fue mandar a investigar a mi viejo. En vez de investigar al victimario, investigaron a la víctima”, cuestionó Filmus, hoy secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.

En un primer momento, la investigación había recaído en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, quien había logrado avances en la causa. Encontró que había vínculos entre las llamadas telefónicas y las empresas Connectic, Tag Continental y Duran Barba y Asociados. En un allanamiento, incluso se encontraron cheques del PRO librados para los socios de Durán Barba. Con esa información se citó a indagatoria y se procesó al consultor de Macri, así como sus socios Rodrigo Lugones y Guillermo Garat. Según informó este diario en 2013, antes de que prescribiera la causa, se calcula que la gestión macrista les había pagado más de cinco millones a estas empresas. Sin embargo, por tratarse de una elección local, finalmente la Corte Suprema accedió a un pedido de la defensa y la investigación recayó en manos del fiscal interino Martín García Berro, ligado al ex fiscal general macrista Germán Garavano. La causa no consiguió mayores avances hasta que este año finalmente prescribió. “Macri logró que la causa se mantuviera inmóvil durante todos estos años y prescribiera en 2015, a partir de su manejo de los fiscales de la Ciudad a cargo de la investigación”, señaló Filmus.