El juez Claudio Bonadio fue apartado de la causa Hotesur por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró que el magistrado “perdió la imparcialidad y violó el derecho a defensa de los imputados”. Los camaristas separaron a Bonadio del expediente –en el que investigaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su familia por presunto lavado de dinero en sus hoteles de Santa Cruz–, tras señalarle al juez una serie de irregularidades, como haber impedido a los acusados el acceso a la causa, no haber precisado lo que investigaba y no haber permitido a los defensores presenciar declaraciones de testigos. Además, criticaron puntualmente que Bonadio haya mandado a la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires a hacer un operativo en las oficinas comerciales de Máximo Kirchner, ubicadas en Río Gallegos.

La decisión de apartar al juez fue tomada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con la disidencia de Eduardo Farah. Al fundamentar su voto, Freiler puso bajo sospecha la intencionalidad de Bonadío al ordenar los procedimientos del lunes en Santa Cruz –que incluyeron un operativo para un peritaje a la inmobiliaria del hijo de la Presidenta, con su consiguiente efecto de escándalo en los medios– a menos de un mes de las elecciones primarias.

“Advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida –señaló Freiler–. Llama la atención que mientras el doctor Bonadio dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado una importante cantidad de medidas de prueba que implican una injerencia en los derechos de las personas.”

Freiler explicó que se refería así “a las órdenes de presentación dirigidas a varias empresas privadas y a organismos oficiales que –otra vez– han tenido una inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación”. Además. sostuvo que mandar a la Metropolitana fue una medida irregular, ya que Bonadio debía haber elegido a alguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal, como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En cambio, indicó, usó “a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la que se circunscribe su jurisdicción territorial”. En este sentido, el camarista explicó que la Ley 2894, de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, fija que el lugar de actuación de la Metropolitana es la Capital Federal.

Ballestero coincidió con su criterio. “Si bien oportunamente voté por rechazar la recusación del doctor Bonadio, la situación que se plantea ahora me inclina a acompañar la posición de mi colega en cuanto al apartamiento del juez”, dijo en su voto. El camarista aclaró que además de los procedimientos en el sur hubo otras decisiones de Bonadío “que también se han traducido en un menoscabo al derecho de defensa en juicio de los encausados”.

Enumeró algunas, como “la reticencia del juzgador de habilitar a las partes el acceso al sumario y a autorizar la extracción de copias –ya que ambos resultan necesarios para el adecuado ejercicio de la labor profesional de los defensores–, la imposibilidad de los defensores de controlar algunas de las diligencias de prueba ordenadas y la demora en contestar requerimientos de otros tribunales y planteos de las partes”.

El incidente de nulidad por el que fue decidida la separación de Bonadio fue abierto en mayo por las defensas de Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur y sobrina de la jefa de Estado, y del empresario Lázaro Báez, que se quejaron de que no se les haya dado vista en un peritaje contable.

La causa Hotesur comenzó por una denuncia de la candidata presidencial del Frente Progresista, Margarita Stolbizer, que señaló irregularidades en los balances de las empresas de la familia Kirchner presentados a la Inspección General de Justicia. Pero Bonadio rápidamente abandonó el objeto original y se dedicó a investigar el presunto lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de hotel por parte del empresario Lázaro Báez. En octubre del año pasado hizo un allanamiento con un enorme despliegue a una dirección en la que se sabía que no funcionaba más la empresa de la familia presidencial.

El lunes ordenó una serie de procedimientos en Santa Cruz con el mismo viso de espectacularidad. Si bien el objetivo fue pedir documentación –lo que habría podido solicitar con una nota, apuntaron los defensores–, Bonadio dispuso operativos para simular allanamientos, con 54 efectivos de la Metropolitana, en oficinas de las empresas Idea S.A y Valle Mitre, que administran los hoteles de la familia Kirchner, y a la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados, donde tienen participación Máximo y Florencia Kirchner.

Tras los operativos, y ante la denuncia de que habían sido pagados con fondos públicos de la ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que el gobierno macrista destinó 450 mil pesos a los allanamientos.

En disidencia con el apartamiento de Bonadio votó el juez Eduardo Farah. Para el camarista “rige para este asunto la regla según la cual en los asuntos de trámite de las causas penales, se atribuye discrecionalidad al instructor a la hora de tomar uno u otro curso de acción en aras de descubrir la verdad de lo acontecido”. En cuanto a la pericia contable, Farah apuntó que las defensas pueden en el futuro “discutir y rebatir las conclusiones a que arriben los expertos”, así como “sus consecuencias”.