Varias fueron las voces que volvieron a escucharse ayer en repudio al insólito procedimiento judicial realizado en el marco de la causa Hotesur con fondos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo estar “azorado” por el accionar del gobierno porteño, encabezado por Mauricio Macri, que “puso plata para financiar” la participación de la Policía Metropolitana en un operativo llevado adelante por el juez Claudio Bonadio en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, en el contexto de las medidas implementadas en ese expediente. Por otra parte, el PRO en la Legislatura rechazó el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes al Ejecutivo porteño, presentado por el bloque del Frente para la Victoria, para investigar si la gestión de Macri no había incurrido en el delito de malversación de fondos.

Al cargar contra el macrismo por este hecho, el titular del Palacio de Hacienda señaló que “ya es un límite que no se había pasado”, el de “saltar de la propaganda que hacen con los medios opositores a poner plata para financiar un operativo que no es en su jurisdicción”. Incluso sostuvo que “muchas veces se utilizan temas judiciales o temas económicos para generar un clima que los favorezca electoralmente, que para ellos es decir que la Argentina está tremendamente mal, atravesando la peor de las crisis”. Y agregó: “A mí siempre me gusta invertir y hacer la hipótesis de qué pasaría si estas cosas las hiciéramos nosotros. Si, por ejemplo, usáramos los recursos para cosas que no corresponden, seguramente tendríamos infinitas tapas de Clarín, pero como ellos cuentan con una cobertura mediática todas las cuestiones escandalosas pierden volumen”. Sin embargo, destacó que “cuando son cuestiones presuntamente institucionales sin precedentes, como esto, tampoco la sociedad las puede dejar pasar”.

Legisladores porteños del Frente para la Victoria presentaron ayer un pedido de informes por el operativo ejecutado en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, porque sostuvieron que la medida refleja una “complicidad” entre el magistrado y Mauricio Macri para “desprestigiar” al gobierno nacional. “Si bien hubo debate, y eso es bueno, no conseguimos los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas”, dijo a Página/12 la legisladora del FpV Gabriela Alegre, que preside el bloque. El voto negativo del macrismo estuvo acompañado por un sector del frente ECO. “Fue una discusión ríspida, en la cual nosotros afirmamos que es injustificado haber solventado los gastos y hasta el hospedaje para el procedimiento, que es escandaloso usar a la Policía Metropolitana para esto, cuyos agentes están para cuidar a los porteños y las porteñas”, comentó Alegre. Y agregó que la respuesta del PRO fue “contradictoria” y sólo aducen que “obedecían órdenes del juez”. La legisladora kirchnerista, entonces, enfatizó que “quedó muy claro que hubo un acuerdo entre Macri y Bonadio”, y agregó que más allá de que ese magistrado haya sido apartado del caso, “vamos a insistir porque el gobierno porteño debe dar las explicaciones del caso”.

En una rueda de prensa, la diputada Paula Penacca planteó que “lo que hay detrás de esta maniobra, que es una maniobra política con una intencionalidad clara, es una cuestión de ilegalidad total porque hay una malversación de los fondos públicos”. Por su parte, el diputado nacional FpV Juan Cabandié consideró que el operativo, que incluyó el traslado de 54 efectivos de la Metropolitana a Río Gallegos, “fue un espanto y una fantochada mediática” porque “claramente es una decisión política que busca horadar al Frente para la Victoria, a la Presidenta, a la fórmula Scioli-Zannini y a Máximo Kirchner”. En tanto, el legislador José Campagnoli calificó la orden judicial como “una decisión arbitraria y la única explicación de por qué enviaron tantos efectivos para leer dos actas es que fue una operación política montada para desprestigiar a este gobierno, y para ello apelan a cualquier barbaridad”.

También opinó el senador Juan Manuel Abal Medina, quien cuestionó que “Mauricio Macri utilice los recursos de los ciudadanos porteños para montar un operativo electoral contra Máximo Kirchner”, y calificó esa maniobra como “un evidente despropósito”. Para Abal Medina, “es aún más ridículo que si decenas de policías santacruceños fueran trasladados hasta la Ciudad de Buenos Aires para realizar un operativo en Palermo Chico para molestar a algún candidato porteño”.

En el mismo sentido opinó el ministro de Defensa Agustín Rossi, quien dijo que el juez Claudio Bonadio debe explicar “la espectacularidad que le dio a algo que se resuelve con un simple oficio”, y agregó que “llevó Policía Metropolitana a Río Gallegos, con todo el costo que eso significa”. Rossi recordó el allanamiento a las oficinas de la empresa Hotesur, “que también tuvo las mismas características”, y aclaró que “esto ni siquiera fue un allanamiento”.