La polémica también se instaló en Internet. Usuarios de la redes sociales y administradores de plataformas cuestionaron como un intento de “censura” el proyecto que dictaminó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para actualizar la ley sobre actos discriminatorios e incluir Internet en la regulación de la nueva normativa. La iniciativa fue suscripta por unanimidad de todos los bloques parlamentarios que integran dicha comisión y sólo los diputados Manuel Garrido (UCR) y Myriam Bregman (FIT-PTS) plantearon su disidencia sobre la redacción del artículo 21 del proyecto, porque su “ambigüedad” deja en “manos privadas” –los dueños de los medios o las compañías que administran las plataformas– la posibilidad de censurar opiniones con un criterio propio e incontrolado, aunque acompañan en general la iniciativa que actualiza la ley sancionada en 1988 y regula las nuevas tecnologías.

La diputada kirchnerista Diana Conti fue una de las primeras en salirles al cruce a los cuestionamientos. “Existe una campaña mediática mal intencionada se ha de- satado diciendo que queremos penalizar los comentarios de Internet. Es decir, que el Frente para la Victoria quiere censurar”, dijo Conti a Página/12 para luego afirmar que los cuestionadores “nada dicen de la discriminación. La libertad de expresión es un derecho fundamental que, entre otros límites, tiene a la discriminación”. “Discriminar por odio racial, religioso, de género, de orientación sexual, creencias, ideologías u otras materias está prohibido y debe ser prevenido”, había sentenciado a través de un comunicado.

El nuevo texto de la iniciativa unifica varios proyectos de distintos bloques legislativos e incluye la discriminación por orientación sexual a pedido de las organizaciones lgbti. El debate parlamentario también logró modificar la iniciativa original que planteaban un endurecimiento de las penas y que ahora solo contempla la actualización de las mismas. Aunque el proyecto apunta a reemplazar la ley 23.592 sobre actos discriminatorios aprobada en 1988 aún debe atravesar el debate legislativo en varias comisiones: Legislación Penal, Justicia y posiblemente Comunicación.

El proyecto propone que el Poder Ejecutivo establezca la autoridad de aplicación. Una instancia administrativa que ahora cumple el Inadi, que es el que recibe la denuncia, elabora un dictamen y establece la mediación entre las partes para que cese el acto discriminatorio y evitar que la causa llegue a la instancia judicial. La normativa que propone el proyecto establece que los administrados de plataformas en Internet deberán instalar una vía telefónica 0800 para recibir las denuncias y establecer mecanismos de control para evitar los actos discriminatorios.

Precisamente sobre este último punto, especificado en el artículo 21 del proyecto, se plantearon las disidencias puntuales de Garrido y Bregman. “Me parece bien la regulación, el proyecto se ha mejorado y se quitaron cuestiones controversiales”, dijo Garrido a Página/12, aunque volvió a manifestar su desacuerdo con el artículo 21. Garrido citó las recomendaciones del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, que propone “no incentivar que sean los privados los encargados de recortar por criterio propio las opiniones individuales en el discurso público” y apuntó que debe ser la autoridad de aplicación la instancia administrativa para recurrir ante los medios y plataformas.

En el mismo sentido se pronunció Bregman, que también planteó su disidencia sobre el artículo 21. “Es ambiguo y deja que los administradores de las plataformas resuelvan los pedidos de eliminación de los comentarios discriminatorios. Es muy peligroso, más que el comentario en sí, que las empresas privadas sean las encargadas de ejercer censura con sus propios criterios”, dijo a Página/12 la diputada trotskista.