“Quiero pedirle al actual jefe de Gobierno de la Ciudad y al recién electo que hagan todo lo posible para que en Colegiales nos autoricen la apertura de un mercado central, para que los vecinos hagan las compras al mismo precio que en el mercado de La Matanza. Me van a decir que un juez autorizó una medida cautelar, pero les pido que averigüen quién pidió la cautelar”, dedicó ayer la presidenta, Cristina Fernández, a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta. La mandataria se refirió al Supermercado Central, una red de establecimientos que administra la Red Comprar de la Secretaría de Comercio, en donde se consiguen mejores precios que en las grandes cadenas. El proyecto de Colegiales está frenado por la Justicia por una denuncia presentada por un grupo de vecinos del barrio, entre los cuales hay un integrante del equipo de comunicación de Rodríguez Larreta.

Los precios en las góndolas de los supermercados centrales, nuevos establecimientos de venta minorista que maneja la Secretaría de Comercio, son más bajos que en las grandes cadenas comerciales. En el rubro almacén, por ejemplo, hay precios un 40 por ciento inferiores a la competencia; en bebidas, 43 por ciento, y en pastas, 45 por ciento, según los relevamientos oficiales realizados en la sede mendocina del mercado.

Por ahora hay tres comercios de propiedad estatal, en Mendoza, San Luis y recientemente en Chaco. Absorben un volumen de ventas marginal frente a los supermercados tradicionales, pero eso no quita que hayan introducido un elemento novedoso en la política económica: la búsqueda de garantizar el acceso a empresas proveedoras de menor porte, con mejor precio al productor y también al consumidor final. En la Ciudad de Buenos Aires se pretende replicar esa experiencia en un predio de Colegiales, aunque el avance del proyecto encontró una serie de trabas.

El predio está delimitado por las calles Cramer, Maure, las vías del F.C. Mitre y Jorge Newbery. El proyecto que encabeza la Secretaría de Comercio despertó críticas de parte de grupos de vecinos, temerosos de que el lugar se convierta en un Mercado Central como el de Tapiales. En realidad, la modalidad del comercio será bastante similar a la de un hipermercado, aunque sería esperable que genere mayor movimiento en el barrio, en términos de carga y descarga de mercadería y de consumidores.

El Gobierno de la Ciudad no cooperó con la iniciativa. Desde Economía describen que “nos pidieron habilitaciones inéditas, tuvimos que adquirir un compresor de basura y cambiar el asfalto de la plaza de carga y descarga”. En el medio se registraron hechos extraños, hubo en diciembre un robo a mano armada y se llevaron en un camión las cajas registradoras y otros equipos, y en febrero se robaron un medidor de Edenor. “Después de muchos meses de idas y vueltas, el gobierno porteño aprobó el pliego de impacto ambiental. La Agencia Gubernamental de Control inspeccionó el predio y dio el visto bueno”, agregan en el equipo económico.

Sin embargo, la habilitación del establecimiento está ahora frenada por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 12 a cargo de Sergio Torres. Los denunciantes son un grupo de vecinos, entre los cuales está Jorge Grecco, integrante del equipo de comunicación del jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta. Fuentes cercanas a los reclamantes advierten que “se presentaron desde el inicio diversas denuncias, por ruidos molestos, por la falta de un informe medioambiental –que el Gobierno asegura que fue presentado y aprobado– y porque el compromiso del Estado años atrás fue que ese predio fuera convertido en una zona verde y no en un mega comercio”. La cautelar fue solicitada porque los denunciantes sostienen que el establecimiento se convertirá en un negocio para las empresas privadas, algo que estaría prohibido por el permiso de uso del predio. “El argumento en términos judiciales no tiene sentido. Se está desaprovechando la chance de mejorar notablemente las condiciones de consumo de los vecinos”, responden en el Gobierno.

El juez a cargo de la causa pidió recientemente un informe a la Legislatura sobre este tema. “Esperamos que se levante la cautelar. Sólo está trabado en la Justicia. Es lo único que falta”, piden en Economía. La propia Presidenta reclamó ayer en ese sentido, pidiendo colaboración al Gobierno de la Ciudad.