EL PAíS › LA CAUSA DEL EX JEFE DE POLICíA DE SANTA FE
El fiscal federal de Rosario y el titular de la Procuradoría de Narcocriminalidad solicitaron el cierre de la etapa de investigación y el juzgamiento del ex jefe de la policía de Santa Fe Hugo Tognoli, procesado con detención preventiva por encubrir al jefe de un grupo narco que operaba en la localidad de Villa Cañás. Para los fiscales está comprobado que el accionar de Tognoli permitió que el narcotraficante “se desenvolviera con tranquilidad e impunidad”.
El pedido fue elevado al Juzgado Federal Nº4, a cargo de Marcelo Bailaque, por el fiscal federal Mario Gambacorta y el procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, quienes también pidieron llevar a juicio al ex jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII Néstor Fernández, también detenido en el marco de la causa.
Para el Ministerio Público, la protección brindada por Tognoli y otros policías de alto rango a Carlos Andrés Ascaíni, sindicado como jefe de una banda narco con base en la localidad santafesina de Villa Cañás, consistía en “liberar la zona” para su accionar delictivo y en mantenerlo informado sobre la persecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que pudiera eludirla.
Entre la prueba aportada se cuenta un llamado telefónico del propio Ascaíni a la seccional policial de Villa Cañás para averiguar a quién pertenecía una camioneta que lo seguía desde hacía algunos días. Según los fiscales, mediante una clave de seguridad de uso restringido, Tognoli y otros jefes policiales accedieron a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor y avisaron a Ascaíni que el vehículo pertenecía a la PSA. Luego se dirigieron hacia el lugar donde estaba Ascaíni e interceptaron el vehículo que lo seguía para pedirle identificación, facilitando la evasión del narcotraficante. Asimismo, los fiscales aportaron que, en otra ocasión, un comisario que había mostrado interés en investigar a Ascaíni fue desplazado por Tognoli. Según testimonios recogidos en el expediente, el ex jefe de la policía “recibía de los narcos 30.000 pesos mensuales como retribución por sus servicios”.
Sin que las pruebas reunidas hasta ahora involucren directamente a Tognoli y Fernández en “ostensibles y típicas maniobras de comercialización de estupefacientes, sus acciones habrían sido esenciales a la conducta desarrollada por Ascaíni”, precisaron los representantes del Ministerio Público Fiscal. Ambos jefes policiales “habrían permitido que la figura principal de la organización dedicada al comercio de estupefacientes se desenvolviera con tranquilidad e impunidad”, señaló el requerimiento de elevación a juicio.
El pedido de juicio oral incluye también al cabo Alfredo Quintana, en calidad de partícipe necesario, y al abogado y funcionario de la policía provincial Oscar Alberto Ledesma, sospechado de haber omitido denunciar a responsables del tráfico de drogas que operaban en la localidad santafesina de Firmat.
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