Entrar a la Justicia era salvarse. Orgullo familiar, además, si el chico o la chica estudia derecho. El cargo de ordenanza también es festejado por los que viven en un escalón más bajo. Origen de una deuda y lealtad que puede volverse difícil. Pero para otros la Justicia es un empleo que les pertenece por derecho natural. A mediados de los ochenta los apellidos patricios eran todavía comunes. De esa elite el Poder Judicial conserva una cultura de la ley que para las mayorías y las minorías más vulnerables trae más problemas que soluciones.

En aquella época a los jueces se los veía poco. Servidos por ordenanzas, los más afortunados con chofer, ejercen su señorío en una oficina de tres ambientes con el oficial primero como capataz, jurista sin título, depositario por su antigüedad y experiencia de la memoria de la práctica judicial. Este héroe anónimo del día a día, inmortalizado en la literatura argentina por Carlos Somigliana, de- saparece a medida que el tiempo democrático lima las rigideces de trato en la familia judicial. También el prestigio social y profesional del juez se erosiona en la resistencia o en el reconocimiento de viejas y nuevas demandas de justicia.

Cuando la política obliga a los jueces investigar y castigar los crímenes de la dictadura produce una verdadera conmoción en las estructuras mentales y sentimientos del hombre y la mujer judicial. La indolencia o directamente la complicidad con la tragedia como la claudicación venal con los crímenes económicos de la década del ’90 ponen por el piso la función. Cuando más adelante salta a la luz que también hay jueces y fiscales buchones de espías que conspiran y se enriquecen beneficiando criminales o perjudicando inocentes se tiene la sensación de un derrumbe.

El tiempo del empleado se repartía en coser, llevar y traer expedientes. Atender la mesa de entrada, tomar declaraciones a testigos que servirían para el castigo o la absolución. Recibir el encargo de proyectar una sentencia era tocar el cielo con las manos para un aspirante. Lo que ocurre con frecuencia cuando el juez delega en el secretario el trabajo y los expedientes lo tapan. Como ahora, nada de audiencias públicas cuando se prepara un caso. Secretismo, escritura, lenguaje dogmático. El fiscal: cartón pintado. La defensa, para qué, si está el juez de instrucción, que como en la inquisición es el único que lo sabe todo.

Hasta hace apenas unos años el juicio por jurado era censurado, en nuestro medio, por las pasiones irracionales que se abrochan al pueblo común. Cuando esta cultura profesional se anuda a la privación de justicia en el derecho privado, a la selectividad por la vulnerabilidad en el derecho penal o a la franca oposición del derecho administrativo contra la expansión de derechos reconocidos por amplias mayorías la situación se vuelve intolerable.

En este último tiempo la crisis judicial toma otro rumbo. La pregunta que interroga lo que hacen los jueces cambió las cosas. ¿Es natural que una profesión, la abogacía, domine uno de los tres poderes del régimen democrático de gobierno? No sería igual de absurdo que el poder ejecutivo este reservado para los médicos o los ingenieros. Las audiencias públicas, la oralidad, el juicio de partes y la participación de la población en los jurados para todo tipo de litigios moderan la naturaleza antidemocrática de este poder. Algunas de estas reformas se consiguieron, otras están en marcha con fuerte resistencia que apela a una consigna del antiguo régimen: más república y menos democracia.

La independencia y autonomía que quiere el poder judicial de la democracia es una demanda imposible de conceder.

Ahora la protesta de los jueces es a una ley del congreso que termina con las horas extras que se las reparten como quieren, sin que el trabajo mejore. Por estos días dos jueces que hacen una suplencia paga en otro tribunal dejaron en libertad cuatro personas acusadas de 19 homicidios y más de 200 hechos de torturas. La razón: mucho trabajo, no se puede con todo. Las subrogancias pagas no se venden pero se disputan, incrementan un tercio el alto sueldo judicial, pero los juicios que se hacen en un tribunal no se hacen en otro. Más delegación judicial en funcionarios que no son jueces. El mundo judicial sabe que esto ocurre en la Corte Suprema y en el juzgado de menor jerarquía.

Como hace poco con las leyes del congreso para el ingreso democrático y la elección popular de los consejeros de la magistratura, un reducido número de jueces y fiscales, sacan la cabeza de la oscuridad y son lanzados a la incineración pública como garantes de una república perdida que es mejor olvidar y dejar atrás. El Poder Judicial gobierna, reconoce derechos, los quita, hace sufrir o alivia el padecimiento. Nada de esto puede ser ajeno a la soberanía popular.

* Fiscal general. Profesor titular UBA.