Organismos de derechos humanos repudiaron la presencia de los fiscales chaqueños Carlos Daniel Flores Leyes y Roberto Mazzoni en la reunión nacional de la Procuración General de la Nación, que presidió Nicolás Becerra y que se realizó entre el miércoles y ayer en Buenos Aires. Ambos funcionarios están involucrados en la Masacre de Margarita Belén, en la que en diciembre de 1976 fueron asesinados 22 presos políticos.
Flores Leyes y Mazzoni fueron denunciados como cómplices de la masacre y de haber participado en sesiones de tortura. En 1976 eran, respectivamente, secretario de juzgado y fiscal del caso. Con sus intervenciones en el expediente, fueron funcionales a la versión militar que aseguraba que se había producido un intento de fuga mientras los presos eran trasladados desde la alcaldía del Chaco a Formosa. “La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final reabrió la posibilidad de juzgarlos y, como paradigma de la impunidad, Flores Leyes es fiscal del juzgado que debería enjuiciarlo y Mazzoni, de la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Ellos fueron los verdaderos beneficiarios de la burda maniobra, en la que intervinieron subordinados suyos, por la que salieron en libertad los diez genocidas imputados en la masacre”, aseguró la organización HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los Familiares y Compañeros Ex Detenidos de la Masacre de Margarita Belén, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Comisión Provincial por los Derechos Humanos de Corrientes también rechazaron la presencia de los fiscales chaqueños en el encuentro de la procuración. “Cuestionamos la falta de juicio y castigo que merecen estos funcionarios y a la vez la ausencia de verdad y reparación de justicia por parte del procurador Nicolás Becerra que desde una historia siniestra es la cabeza matriz del accionar de los fiscales”, señaló Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, asesinado en la masacre.
El CELS reclamó a Becerra en julio que aparte a los fiscales que intervinieron en la causa judicial y permitieron la liberación de los acusados y que se adopten “las medidas correspondientes” respecto de los otros funcionarios. La procuración inició un sumario sobre el tema, pero aún no dio a conocer las conclusiones.