”Deliberadamente se montó un negociado (...) cuyo final esperado fueron las condiciones calamitosas del acuerdo, y así se pergeñó una de las peores lesiones a la integridad patrimonial del Estado, consecuencia directa del crecimiento exponencial de su pasivo traducido en deuda externa.” A esta conclusión llegaron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado para pedir la declaración indagatoria del ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford, en la causa por defraudación a la administración pública a partir del último megacanje. El juez Jorge Luis Ballestero será quien decida si convoca a estos ex funcionarios, además de a Daniel Marx, Horacio Liendo y un grupo de banqueros que se habrían beneficiado con la maniobra. Uno de sus colaboradores adelantó a Página/12 que el dictamen de los fiscales es “prolijo” como para acceder al pedido, pero el magistrado aún no resolvió porque “tiene que estudiar las pruebas”.
Página/12 había revelado el 7 de junio que dos de los 45 títulos involucrados reflejaron una sobrevaluación de esos papeles con una garantía extra para los banqueros de 35 millones de dólares. Según recogió este diario entre los brokers que organizaron la transacción, esta situación fue posible por la “generosidad de Daniel Marx”. A partir de entonces se sucedieron varias denuncias que apuntaron tanto a irregularidades en la gestación del megacanje como a las abultadas comisiones que cobraron los bancos. “Lo relevante no es sólo el monto de las comisiones sino que quienes canjearon sus bonos también accedieron a las comisiones”, indicaron los fiscales Freiler y Delgado.
Los funcionarios y directivos de bancos involucrados protagonizaron, según el dictamen al que Página/12 tuvo acceso, “una maniobra conscientemente ejecutada con pleno conocimiento de las irregularidades administrativas necesarias para consumar el grave fraude investigado”. La acusación contra De la Rúa fue por la firma del decreto que constituyó “la base del acuerdo espurio y comprometió la soberanía nacional fuera de los límites de la razón”. En cuanto a Liendo, habría sido “el responsable de la ingeniería jurídica” e “irrumpió” en la Oficina Nacional de Crédito Público “sacando el acto de la administración de sus tradicionales carriles, sustrayéndolo de quienes eran llamados a confeccionarlo”.
A partir del decreto 648/01 se autorizó la renegociación de la deuda, y se designó a siete entidades crediticias: el Banco de Galicia, el Banco Santander, el Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney como colocadoras de la operación. Los fiscales expusieron que “los servicios de intereses adicionales que el Estado deberá pagar, según los primeros cálculos, totalizan 37.909 millones de dólares”. Esas estimaciones también indican que la deuda pública total en concepto de intereses antes de la operación de canje llegaba a 82.249 millones, mientras que luego de la transacción este pasivo se elevó a 120.650 millones de dólares.
Para obtener opiniones calificadas en la materia, los fiscales consultaron al economista Claudio Lozano. “El megacanje vulneró las facultades de distintos poderes del Estado y demostró su absoluta inconveniencia para los intereses del país y marcó una desesperada compra de tiempo que carecía de sentido”, afirmó. Y destacó el incumplimiento de dos pasos institucionales de crucial importancia para este tipo de negociación: la intervención del Poder Legislativo y del Banco Central (BCRA). Según Lozano, “los bancos sustituyeron en su tarea al BCRA y al ejercer la representación del deudor transformaron el canje en una operación del acreedor consigo mismo”.
En su escrito Freiler y Delgado reseñaron lo que a su criterio constituye una serie de irregularidades que desembocaron en el megacanje. “El domingo 3 de junio, cuando se definieron los resultados del canje, estuvieron en el ministerio (de Economía) representantes de bancos, estono había sucedido antes, como tampoco que la operatoria se decidiera por decreto presidencial”. Este dato aportado por un testigo forma parte de las pruebas con las que cuentan los fiscales. Según su dictamen, la idea (del megacanje) surgió de Cavallo a partir de “una propuesta de su antiguo conocido David Mulford, titular del Credit Suisse First Boston, movilizado por fines no precisamente altruistas”.
La causa se inició por la denuncia del dirigente justicialista Juan Gabriel Labaké, a la que luego se sumó la presentada por los abogados Adrián Andreatta y José Luis Fabris. Otro denunciantes acusó a Cavallo de haber cobrado una coima de 15 millones de pesos por el megacanje. El primer fiscal del caso, Miguel Osorio, había acusado a los funcionarios y a los banqueros de haber conformado una asociación ilícita. Freiler y Delgado no descartaron que la imputación pueda ampliarse a ese delito, y al de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario. También advirtieron sobre la necesidad de profundizar la investigación sobre los anteriores canjes de deuda y sobre lo atinente a la “línea repo”.