”No sería lógico ni sensato” arrestar a Fernando de la Rúa, fue la definición que entregó ayer Virgilio Loiácono, defensor del ex presidente al explayarse sobre la situación de su cliente en la investigación que lleva adelante la jueza María Romilda Servini de Cubría por la feroz represión a los manifestantes que el 20 de diciembre del año pasado protestaron en la Plaza de Mayo.
Aunque nada dijo de si la detención sería justa o injusta, adelantó que “en Argentina se ha perdido el respeto por el principio de inocencia”. En un intento desesperado por mostrar que De la Rúa está fuera de toda responsabilidad penal, el ex secretario legal y técnico de su gobierno y actual defensor del juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, afirmó que el ex presidente “nunca ordenó matar a nadie. Por el contrario procuró reimplantar el orden de acuerdo a los medios legales”. Por cierto son los dichos de un defensor, de ahí que tampoco sorprendiera que se haya esforzado por desmentir los rumores que sostenían que el radical estaría preocupado por su posible detención.
“Una cosa es la declaración del estado de sitio, otra cosa es ser responsable de las detenciones, y otra es ser responsable de las muertes”, repitió para insistir en la inocencia de De la Rúa. De paso aclaró que el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, detenido hace una semana “no incriminó a De la Rúa”. La aclaración venía a cuento ya los cargos que se investigan en la causa son los de homicidio agravado, lesiones, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
Fernando Castejón y Jorge Valerga Aráoz, abogados de Mathov, apelaron ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, reclamando la libertad del ex secretario. También se quejaron por el embargo de dos millones que la jueza le impuso a su defendido. Incluso consideraron que la cifra es “arbitraria y absolutamente desproporcionada”.