El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al ministro de Defensa, José Pampuro, y a la Oficina Anticorrupción que se investigara si se está brindando apoyo institucional –involucrando recursos técnicos y materiales– a los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. El organismo de derechos humanos solicitó que se informara cuál es la partida presupuestaria que estaría asignada a respaldar a los represores –ya sea en juicios llevados a cabo en el país o en el exterior– y cuál es la normativa que justificaría esa actividad.
La presentación del CELS surge de las afirmaciones que el teniente general retirado Carlos María Zabala hizo el martes en la Comisión de Acuerdos del Senado y de la investigación que realizó el Ministerio de Defensa para averiguar si el jefe del Ejército, Roberto Bendini, había hecho declaraciones antisemitas y en contra de los juicios a los represores de la última dictadura.
“El jefe del Estado mayor les ha dicho a los oficiales –yo lo he escuchado– que él está trabajando en todo lo que hace a los problemas de la lucha contra la subversión y que no va a transmitir hacia abajo nada de lo que está haciendo”, dijo Zabala al declarar en la comisión legislativa que elaboró el dictamen para ascender a Bendini a teniente general.
“Bendini dijo que iba a hacer todo lo posible para atenuar los efectos sobre el personal militar que estuviera afectado por estos temas, insistió en que se iba a hacer dentro de la Justicia todo lo posible para atenuar lo que fuera.” Además, en el expediente que hizo el Ministerio de Defensa sobre una charla que dio Bendini en la Escuela Superior de Guerra, figuran testimonios de capitanes que ven como positivo que el Ejército “proporcione apoyo jurídico y personal a los detenidos por causas relativas a la guerra contra la subversión”.
“Las afirmaciones de Zabala y las constancias de la comisión confirman la posibilidad de que desde instancias oficiales se esté brindando apoyo al personal militar acusado en crímenes de lesa humanidad. Esta actitud, de ser confirmada, estaría en fuerte contradicción con la posición del Poder Ejecutivo en este tema. Además, podría implicar la utilización irregular de fondos públicos”, señaló el CELS.