Raúl Enrique Scheller ingresó a la Armada a los doce años. Durante la última dictadura, con poco más de treinta, integró el sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA y luego el Copece, el centro de documentación de la Armada. Los sobrevivientes del mayor centro clandestino de esa fuerza lo conocían como “Mariano” o “Pingüino”, como se hacía llamar en la sala de torturas. Tras el retorno de la democracia estuvo destinado en el Estado Mayor General de la Armada y se retiró con el grado de capitán de navío. En 2011 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra 86 víctimas. En pleno juicio por otros 150 casos de secuestros, tormentos y asesinatos desde hace dos años y medio, Scheller murió, preso, a sus 70 años.

Impune más de quince años por la ley de obediencia debida, Scheller fue de los primeros marinos detenidos en 2003 por orden del juez Sergio Torres. Entonces planteó la inconstitucionalidad de la ley que declaró nulas las leyes de impunidad, pedido que la Cámara de Casación hizo hibernar durante años y que demoró el inicio de los juicios por los crímenes en la ESMA. Estuvo detenido en la base naval de Río Santiago, en el penal militar de Campo de Mayo y, cuando apareció el cuerpo envenenado del prefecto Héctor Febres, fue trasladado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

Comenzó a ser juzgado a fines de 2009. Cuando el tribunal le dio la oportunidad de hablar, pidió que se leyeran todas sus declaraciones anteriores, comenzando por una de 1985. Ante la mención de nombres concretos, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, sobrevivientes, a los que calificaba de “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba supuestos antecedentes e información arrancada en interrogatorios en cautiverio.

–¿Incluían tortura? –le preguntaron.

–Negativo, señor –respondía Scheller.

Dijo que seguían “procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado” y admitió secuestros, “captura de terroristas” en la jerga naval. Admitió al relatar “capturas” que vendaban los ojos de los secuestrados antes de trasladarlos a la ESMA. Tras dos horas de lectura, pidió declarar. Dijo que entró a la Armada a los doce años y que el GT 3.3 fue “un destino más”. Intentó justificar su trabajo sucio con una arenga de Perón sobre la necesidad de “exterminar a los psicópatas para bien de la República. Reprobó al TOF-5 por tener que entrar esposado a la sala, consideró que “la independencia de los poderes se está desflecando” y señaló como excepción al supremo Carlos Fayt.

En el segundo juicio estaba acusado por delitos contra 150 víctimas, incluidas doce niños apropiados. Su indagatoria, a principios de 2013, se pospuso porque le pidió a los jueces autorización para incorporar como prueba una película llamada Guerra en Argentina. Con una escarapela en el traje, afirmó que “la imagen de los hechos ocurridos cuarenta años atrás ayuda a que esa población que era muy joven pueda ver la realidad de vivir en un país sumido por la violencia”. Después leyó el resto de la declaración y llamó “relato” a las causas de lesa humanidad.