El juez federal Daniel Rafecas declaró la nulidad de las pericias contables ordenadas por su par Claudio Bonadio antes de ser apartado en la causa sobre Hotesur y consideró válidos los procedimientos realizados en Río Gallegos por ese magistrado. En otro escrito, el juez Rafecas rechazó el pedido de la diputada nacional y candidata a presidenta Margarita Stolbizer para ser querellante en ese expediente.

Rafecas tomó estas decisiones luego de que la Sala I de la Cámara Federal dispusiera que fuera el juez de primera instancia quien se expidiera en primer término sobre las nulidades planteadas en la causa en la que se investiga a la empresa Hotesur, cuya presidenta es Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, y sus socios son CFK y sus hijos.

La Cámara apartó a Bonadio por considerar que había perdido la parcialidad en esta causa, y en otros indicios; para llegar a esa conclusión, se basó en la forma en que Bonadio se condujo con las pericias: el juez decidió convocar a un perito contable de la Corte Suprema de la Nación, pero nunca explicó cuál era su trabajo ni permitió que las defensas designaran un perito de parte. Cuando el profesional supuestamente terminó su trabajo, no presentó conclusiones ni el juez le tomó una declaración. Según el fallo de Cámara, Bonadio adujo que el perito contable fue su asesor para analizar el caso y redactar los puntos para una pericia que, ahora sí, convocaría oficialmente. Las defensas argumentaron que Bonadio hizo un estudio oculto, sin control de las partes, y lo tapó diciendo que no fue una pericia. El 30 de junio, Bonadio convocó finalmente a hacer una pericia oficial y designó como perito oficial al que trabajó antes con él. Las defensas se quejaron y afirmaron que era una grosera muestra de parcialidad. La Cámara les dio la razón.

Rafecas dispuso ahora la nulidad de la designación de tres integrantes del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, y la aceptación del cargo por parte de éstos para realizar la pericia contable ordenada por Bonadio. También declaró la nulidad del pedido presentado por los peritos contadores oficiales en el que requieren información para llevar a cabo el estudio ordenado y anulado. “Ello así –justificó– toda vez que los actos procesales precedentemente enumerados resultan ser consecuencia directa, exclusiva e ineludible, de lo dispuesto por el doctor Bonadio” en la resolución luego declarada nula por la Sala I de la Cámara. “Sin la existencia previa de este auto, los actos aquí declarados nulos no tendrían existencia por ninguna otra vía”, señaló Rafecas.

Agregó que “al decidir el Superior (la Cámara) que la solicitud de designar a un equipo de colaboradores contables es nula, todo aquello que se relacione directa y exclusivamente con ello, así como el accionar de quienes en consecuencia de dicha petición se hayan designado, deviene necesaria e ineludiblemente nulo”.

Rafecas convalidó, en cambio, los procedimientos que hizo el juez en Río Gallegos, que fueron cuestionados, entre otras cosas, porque Bonadio utilizó la Policía Metropolitana para llevarlos a cabo. El juez dijo que las “órdenes de presentación” que dispusieron la obtención de documentación y libros contables en domicilios de diversas personas físicas y jurídicas relacionadas con el objeto de la causa no debían ser desechadas, “habida cuenta de que su motivación y fundamentación está sustentada en un cauce principal independiente”.

Rafecas recordó que Bonadio, “desde las primeras actuaciones en esta causa apeló a la Policía Metropolitana” y a oficios y requerimientos a entidades públicas y privadas en forma permanente, “siempre en pos de hacerse de documentación que, según su criterio, resultaba de relevancia para la investigación”. Para Rafecas, “la incorporación al proceso de documentación, registros y libros contables” apunta al esclarecimiento de la verdad, y no fue cuestionada por la fiscalía ni las defensas de los imputados.