La Iglesia Católica desautorizó al obispo jubilado Alcides Jorge Pedro Casaretto, quien hace un mes dijo en la Pontificia Universidad Católica, PUCA, que había que privilegiar la verdad sobre la Justicia por los crímenes de la última dictadura. Casaretto fue ordenado obispo en diciembre de 1976 y durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1981 se alojó en una unidad militar, donde jugaba al fútbol con los militares. Ante una solicitud de explicaciones de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, ratificó la posición fijada en 2012 con el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”. Casaretto había dicho que la justicia “no es totalmente imparcial” y que “cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”. Los organismos sostuvieron que Casaretto contradijo los principios del derecho internacional de los derechos humanos, la voluntad del conjunto de las instituciones democráticas del país y la amplia mayoría de la sociedad. Ahora su superior jerárquico dice que “la reconciliación no es borrón y cuenta nueva, y menos impunidad. Es necesario el empeño en la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de cuanto sea deplorable y la reparación en justicia de los daños causados. También debemos reconocer que el perdón y la reconciliación son dones de un Dios que nos ha hecho hermanos”.

La justicia como venganza

En una entrevista con Santiago Del Carril que publicó el diario Buenos Aires Herald, el organizador de la Conferencia en la PUCA y su director de estudios papales, el italiano Marco Gallo, dijo que los juicios por crímenes de lesa humanidad son ideológicos y conducen a la venganza y el rencor. Cuando Del Carril, quien es nieto del fundador del CELS, Emilio Mignone, le preguntó si compartía la teoría de los dos demonios, Gallo intentó negarlo, pero lo confirmó: “No. El único demonio es la violencia”. También dijo que “la venganza no debería impulsar los juicios. El sistema judicial está politizado. Necesitamos analizar quienes fueron responsables. Es obvio que la tortura es un crimen, pero ¿y los que no la practicaron?” Gallo desconoce que entre 2006 y septiembre de 2014, 503 personas fueron condenadas y 42 absueltas y que antes de llegar al debate oral, los jueces resolvieron la falta de mérito de 112 imputados y sobreseyeron a 54. Que el 30 por ciento de los imputados fuera sobreseído, absuelto o se le dictara falta de mérito, prueba la plena vigencia del derecho de defensa.

El profesor de la PUCA reclamó eliminar la idea de que hay una sola verdad, ya que también son responsables quienes colocaron bombas y usaron la violencia con fines políticos. En su opinión, los juicios “van muy rápido y no prueban nada”. Ni siquiera como hipótesis admitió la existencia de un pacto de silencio para ocultar lo sucedido. “Puede ser que muchos miembros de las Fuerzas Armadas simplemente no supieran.” Gallo dijo que había hablado del tema con el papa Francisco, quien apoyaba la reconciliación pero que no tuvieron tiempo de tocar el tema de los juicios.

Casaretto y Gallo expresan el pensamiento confesional sobre el tema. En su formal respuesta a los organismos, Arancedo reconoce los límites que el Episcopado Católico no consigue superar. Están dados por la repugnancia social hacia los criminales y por la negativa de éstos a cumplir con las condiciones que el catecismo católico fija para el sacramento de la reconciliación, el perdón o la penitencia: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación. Pero los represores rechazan la justicia y no tienen la humildad de pedir perdón, por crímenes que no reconocen y de los que no se arrepienten.

Orgullo sin retroceso

Los organismos defensores de los Derechos Humanos han resistido cada uno de estos avances. Pero esta vez los acompañaron protagonistas menos previsibles, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien dijo que constituían una política de estado. En una somera revisión histórica recordó que el reclamo de juzgamiento nació en las calles, por la lucha de los organismos, y que “cuando no había jueces se buscaron en otros países”. Enumeró años de avances y retrocesos y sostuvo que la actual situación “es un orgullo para el país, para el pueblo y un ejemplo internacional”. Este “proceso indetenible no cambia por la política del momento, son procesos históricos, no hay una opción electoral, es una decisión constitucional, con estandares internacionales que estamos aplicando”. El principio fundamental de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el de progresividad, por lo que “no vamos a ir para atrás. El juzgamiento se realiza en base a la ley vigente, con los jueces del sistema ordinario y sin reformas procesales especiales. Nadie puede decir que no hay respeto del debido proceso, se intenta hablar de una politización que no existe”. Mencionó las absoluciones, reclamó celeridad y firmeza hacia el futuro y dijo que los crímenes de lesa humanidad han sido definidos por la jurisprudencia, que “no hace distinciones según el tipo de actividad. Hay condenados militares, pero también procesos a sacerdotes, civiles, jueces”. Según el presidente de la Corte, no se trata sólo de una reparación sino de un mensaje hacia adelante. “En todos los países en que hubo tragedias de este tipo, pasado el tiempo hay política del olvido y renacimiento. Si hay neonazis, ¿cómo no pensar que pueda haber quienes quieran que las cosas se olviden? No hay que permitirlo, porque el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad forma parte del estado de derecho. Debemos dejar a las generaciones que vienen la posibilidad de que disientan, de que critiquen, sin que sean perseguidos. Por eso hemos dicho que es tan importante la educación y que la comisión interpoderes sea ampliada para trabajar también en la educación, qué tipo de juicios fueron, por qué las condenas, etc”.

El modelo argentino

En nombre de la verdad completa, Casaretto falta por completo a la verdad, Su opción por el modelo sudafricano de canje de información por impunidad sólo se sostiene en abstracto. Cuando se pasa del esquema a los hechos se constata la insatisfacción prevaleciente entre las víctimas sudafricanas. Ese diseño institucional sirvió como puente de plata para el fin del apartheid blanco y la convocatoria a elecciones democráticas en las que cada hombre valiera un voto. En ese sentido fue adecuado para las necesidades de aquella sociedad en ese momento de su terrible historia. Pero ni satisfizo a las familias desechas por una dictadura impiadosa, ni alteró las relaciones de subordinación económico-social de la mayoría de la población y mucho menos puede ser exportado a otras realidades.

El modelo argentino ha sido el de la justicia, que ha funcionado como un camino hacia la verdad. Para ello ha sido fundamental el aporte de los familiares de las víctimas y de los organismos defensores de los Derechos Humanos; de algunos abogados querellantes sin organismo, como Pablo Llonto, y de extraordinarios periodistas como Alejandra Dandan, Diego Martínez y Victoria Ginzberg, pero también el hallazgo, desclasificación e interpretación de documentos oficiales por parte de las unidades creadas al efecto en los ministerios de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Stella Segado, Luciano Hazan y Eli Gómez Alcorta; las investigaciones de la unidad especial de la Procuración General de la Nación que dirigen Jorge Auat y Carolina Varsky; los testimonios de personas que sin ser parte del conflicto vieron y escucharon cosas que recién cobran pleno sentido en la reconstrucción judicial, e incluso las declaraciones de los propios represores que, aunque no sean la vía maestra, también aportan elementos útiles. Esta semana, por ejemplo, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la identificación de la nieta N 117, hija del matrimonio de detenidos-desaparecidos formado por Walter Domínguez y Gladys Castro. La denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor fue comunicada en 1994 a las Abuelas de Plaza de Mayo por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza. El abogado de ese organismo, Pablo Salinas Cavalotti, ha sido el principal impulsor del juzgamiento en Cuyo de los jueces cómplices con la política de desaparición forzada de la dictadura. Entre 1977 y 1979 fueron presentados cuatro recursos de hábeas corpus a favor de Gladys Castro de Domínguez y Walter Hernán Domínguez, en los que constaba que la muchacha tenía un embarazo avanzado. Cuando los familiares recurrieron a la Iglesia Católica, el obispo de Mendoza les dijo: “no gasten pólvora en chimangos”. Todos los recursos fueron rechazados, por distintos jueces, que cargaron las costas del trámite a los familiares. El fiscal que no cuestionó esas decisiones y encubrió la apropiación de la criatura fue el hombre fuerte de la justicia mendocina en las últimas cuatro décadas, Otilio Roque Romano, quien está detenido y bajo proceso, por ese caso entre otros. Es ostensible que sin su detención, fuga, extradición y procesamiento, la nieta 117 no se hubiera realizado el análisis que demostró su identidad, ante una unidad de acercamiento creada por el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda en la Comisión Nacional por la Identidad. También en Cuyo, el jefe de la guarnición militar de San Luis, coronel Miguel Angel Fernández Gez, declaró que el arzobispo Juan Rodolfo Laise le pidió que hiciera desaparecer a un sacerdote que se había casado. Fernández Gez fue condenado a prisión perpetua y Laise se escapó a Italia, donde vive con protección eclesiástica, desde que fue citado a declarar. En la megacausa de Córdoba se determinó el rol de la Casa Cuna en el robo de hijos de detenidos-desaparecidos. Cuando dos testigos consignaron que la religiosa Monserrat Tribo anotó en un cuaderno negro el nacimiento del nieto de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo de esa provincia, Sonia Torres, y el traslado de la madre, Silvina Parodi de Orozco, el Vaticano la sacó del país para que no fuera interrogada. Otro militar que confesó en los tribunales fue el cabo del Ejército Miguel Angel Pérez. Según El Diario del Juicio que editaron los HIJOS de Córdoba, Pérez contó cómo asesinó de un tiro en la cabeza al detenido Raúl Augusto Bauducco, en la Unidad Penitenciaria 1 y acusó a sus superiores que se lo ordenaron. “Responsabilizo al Ejército por haberme arruinado la vida a los 20 años”, dijo. Luego pidió perdón a la familia Bauducco: “A Diego, que creció sin su padre; y a su mujer, a la que le arruiné la vida. Sólo a ellos les debo explicación”.

Los vuelos

Los procesos reabiertos también han permitido un detallado conocimiento de los vuelos con que las distintas fuerzas asesinaban a sus víctimas arrojándolas desde aviones al mar, con aprobación de la jerarquía eclesiástica y consuelo de los capellanes. En los tribunales de San Martín ya declararon medio millar de soldados conscriptos del Batallón de Aviación de Ejército de Campo de Mayo. Esos testimonios se cruzaron con la documentación desclasificada y permitieron reconstruir estructuras, jerarquías y responsabilidades, conocer qué vehículos se utilizaban para transportar a los detenidos, dónde y cómo eran torturados, qué droga se les inyectaba y en qué aviones eran conducidos a la nada. En abril, la juez federal Alicia Vence ordenó la detención de cuatro de los responsables: los ex jefe y subjefe del batallón, teniente coronel Luis del Valle Arce y mayor Delsis Angel Malacalza, y a los capitanes Horacio Alberto Condito y Alberto Luis Devoto, este último actual asesor del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Un soldado identificó entre las personas asesinadas en uno de esos vuelos al segundo jefe de Montoneros, Roberto Quieto. En la causa ESMA III, sobre los vuelos, la fiscal Mercedes Soiza Reilly contó con los archivos secretos de la Armada y Prefectura, sus reglamentos y memorias anuales, los legajos de los acusados para reconstruir las estructuras y los procedimientos seguidos para asesinar a los prisioneros y corroborar los testimonios que desde hace décadas prestaron las víctimas sobrevivientes. El fiscal Federico Delgado también interrogó a centenares de conscriptos durante la investigación sobre los vuelos desde las brigadas de la Fuerza Aérea en Palomar y Morón con aviones Fokker y Hércules. Pese a la falta de colaboración de la Fuerza Aérea identificó a varios represores y a algunas de sus víctimas y el juez federal Daniel Rafecas procesó a los jefes de ambas brigadas, Hipólito Mariani y César Comes. También consiguió identificar al jefe del campo de prisioneros Mansión Seré, el oficial Juan Carlos Hrubik, a quien los prisioneros sólo conocían como Huguito. Rafecas pudo esclarecer que Patricia Roisimblit (hija de la vicepresidente de Abuelas de Plaza de Mayo) y su pareja José Manuel Pérez Rojo, estuvieron secuestrados desde el 6 de octubre hasta el 14 de noviembre de 1978 en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón. Por esos secuestros y posterior desaparición está detenido y procesado el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Rubens Omar Graffigna, quien en el juicio de 1985 había sido absuelto. En otra causa, el mismo juez consiguió identificar al jefe del Campo El Vesubio, quien hasta ese momento sólo era conocido como “El Francés”. Por la tenaz investigación de Ana Nora Feldman, hermana de la detenida-desaparecida Laura Feldman, Penny, pudo saberse que ese hombre era el oficial de inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio, hoy condenado a prisión perpetua. También se logró reconstruir el itinerario completo de Penny, secuestrada a los 18 años, y recuperar sus restos. Otra fuente de información que sin los juicios no hubiera sido accesible son los vecinos que se presentan espontáneamente y los sobrevivientes que recién ahora declaran sobre su calvario. Esta visión incompleta y desordenada del tesoro de informaciones revelado durante la instrucción de las causas o en los juicios orales, podría extenderse a lo largo de todas las páginas de esta edición, pero así basta para refutar la falacia de que el mejor camino hacia la verdad no es la justicia sino la impunidad y el olvido.