En el año 2001, varias encuestadoras de opinión afirmaban que cerca del 80 por ciento de la población consideraba que “los sobornos en el Senado existieron”. Como pocos, este caso pone al descubierto la distancia que muchas veces existe entre la verdad de los hechos y la verdad jurídica. El jueves pasado, el agente de la SIDE Isaac Eduardo García, el mismo que participó en uno de los pagos que el organismo le efectuó a la mujer de Carlos Telleldín, uno de los detenidos por el caso AMIA, admitió por primera vez ante la Justicia haber prestado el nombre de su empresa para la compra de teléfonos celulares de los que se sospecha que fueron utilizados en la maniobra. Este testigo también entregó una saga de nombres, empresas pantalla comprometidas con la Secretaría de Inteligencia y modalidades de funcionamiento, como el uso indiscriminado de dinero en efectivo sin necesidad de firmar ningún comprobante, que marcan un camino para continuar con la investigación. A pesar de ello, en Tribunales, desde oficinas cercanas a la pesquisa, se repitió ante la prensa que “no hay nada nuevo” y que “la causa se encamina a su cierre”. Un funcionario de Comodoro Py que conoce los pormenores del caso le dijo a Página/12 que “desde el poder político nunca hubo voluntad de colaborar con el expediente”.
Cuando este diario pregunta si también incluye a las actuales autoridades en sus dichos, su respuesta es el silencio. El funcionario no va más allá, pero resulta imposible no recordar una definición pública que supo entregar, en la comisión de Asuntos Constitucionales, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, en la investigación por la probable participación del lobbista Carlos Bercún en el segundo episodio de sospecha de sobornos: “En la Argentina no se conoce lo que no se quiere conocer”.
“En febrero del 2002, el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, dijo que no había nada que acreditara los posibles sobornos. Incluso desafió a cualquier periodista a encontrar alguna prueba en el expediente”, comentan a este diario en Comodoro Py. La mención busca explicar los motivos que en los tribunales federales llevan a especular con el cierre de las actuaciones. Justo ahora, que aparecen puntas para tirar del ovillo.
“Está probado que el director de Finanzas de la SIDE (Juan José Gallea) mintió. Está probado que desde la SIDE salió dinero espurio en las mismas fechas en que se sancionó la Ley de Reforma Laboral”, confía a este diario un memorioso del caso que suele trajinar los pasillos de los tribunales. La contundencia de esta afirmación contrasta con aquellos que insisten con que el caso se encamina a su cierre.
“¿Sabe por qué el juez no cierra la causa?”, pregunta a este diario el mismo hombre de leyes que entregó la anterior opinión. Antes de que Página/12 pudiera dar una respuesta, afirma: “Porque al intentar cerrar la causa, el juez podría lograr el efecto contrario. Los fiscales hubieran apelado y la apelación subiría a la Cámara Federal. Concretamente a la Sala I. El juez Gabriel Cavallo se tendría que excusar y habría que llamar a uno o dos magistrados de la otra sala. Y es sabido que estos camaristas hubieran ordenado nuevas medidas y señalado por dónde avanzar, con lo que Canicoba Corral hubiera sufrido un fuerte revés”.
El camino que mostró García
Luego de mucho peregrinar para que le pagaran las facturas de los celulares, García declaró que el entonces director de Finanzas de la central de los espías le contestó que se quedara tranquilo, que los habían puesto a nombre de la empresa Tiumayú. Este diario publicó que en esa firma figuraban un abogado de confianza de Fernando de Santibañes, Mario Bissoni; el abogado Fernando Archimbal, el propio Gallea y otros abogados que suelen reportar al organismo. A nombre de esta sociedad fantasma setransfirieron muchas de las propiedades que tenía la SIDE. En su testimonial, García admitió también que cuando Gallea le daba el dinero para los pagos, éste lo sacaba de la caja fuerte y no le pedía que firmara ningún recibo a cambio. Conductas de una época. Años en los que, según le confían a este diario, “había muchos billetes verdes en las cajas fuertes de la SIDE”. El dato no es menor y muestra que tal vez una auditoría interna sobre los montos en efectivo, más que el seguimiento de algunas cuentas bancarias, hubiera deparado importantes resultados. De Fernando de la Rúa a hoy, mucha agua pasó debajo del puente, pero nadie realizó esa auditoría.
Hace pocos días, el flamante titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, le señaló a través de una carta al titular de la SIDE, el santacruceño Sergio Acevedo, que “esta Oficina Anticorrupción propuso en reiteradas oportunidades la realización de una exhaustiva pesquisa sobre la aplicación de los fondos de la secretaría durante el año 2000”. En su misiva, Garrido recomienda incluso recabar testimonios entre la gran cantidad de personas que cumplió tareas en ese organismo en tiempos de los presuntos sobornos. Ahora, la OA fue un paso más allá y pidió en la causa que lleva adelante Canicoba Corral que “se haga saber si al comienzo del ejercicio correspondiente a enero del 2000 existían en la Secretaría de Inteligencia fondos en efectivo remanentes de partidas no ejecutadas de períodos anteriores”. Este diario pudo saber que, al momento de la partida del menemista Hugo Anzorreguy, por lo menos 15 millones quedaron en la caja fuerte. Luego del testimonio de García queda en claro que no hay problemas de plata en la SIDE, ni tampoco de repartirla en mano, sin dejar comprobantes.
En la audiencia del jueves pasado, a García también le preguntaron si tiene participación accionaria en la empresa Emprendimientos Viales e Infraestructura SRL. Luego de reconocer ser socio de la misma, afirmó que no es una sociedad de cobertura de la SIDE sino que se dedica a construcciones viales y que en ella tiene como socia a Nidia Marcero. También dijo que ni ella ni su marido son de la SIDE. Dijo bien, no son. Pero en el caso de Marcero, sí fue. Esta radical, que supo ser diputada provincial en Río Negro, se desempeñaba en la SIDE como la secretaria de Víctor Cipolla, otro militante radical que durante el gobierno delarruista ocupó la tercera jerarquía del organismo de inteligencia.
García dijo que esa sociedad no era pantalla de la SIDE. Igualmente resulta llamativo que se haya constituido por esos años, teniendo como socia a una empleada de la SIDE, de tanta confianza de los directivos del organismo. García tiene sus idas y vueltas. Por eso sostuvo en su testimonial que no vio la escritura de la firma y no recuerda si estaba a nombre de Marcero o de su marido. Hasta antes de casarse, Marcero supo habitar un departamento en la calle Hipólito Yrigoyen esquina Sarandí. El mismo edificio en el que casualmente vivía el ex senador mendocino José Genoud. Luego de desposarse, Marcero se mudó a un piso en Le Parc. Su esposo es el actual director nacional electoral, Alejandro Tulio, un radical que tiene entre sus amistades más cercanas a Cipolla, el ex jefe en la SIDE, de su esposa, y a otro radical de la provincia de Buenos Aires, Mario “Tato” Pontaquarto, el ex secretario parlamentario del Senado.
En el acto de asunción de Tulio como director electoral, en primera fila estaba Cipolla. Las crónicas nada dicen si allí se encontraba Pontaquarto, este hombre de General Rodríguez que supo conocer la movilidad social. Pontaquarto, un asiduo visitante de la SIDE, estuvo en el centro del escándalo de las coimas luego de aparecer mencionado en el famoso anónimo que recorrió los pasillos del Senado. Allí su participación se destacaba por la tenencia de un Peugeot 406. Precisamente el auto que por esos días tenía Pontaquarto. La Justicia tiene todavía muchos elementos para investigar. Incluso en causas conexas a las de las coimas. También los actuales responsables de dirigir la SIDE tienen muchas respuestas y medidas que llevar adelante para que la verdad de los hechos se convierta en la verdad del expediente. Tienen por donde buscar.