Desesperado por su soledad en la Argentina, Eduardo Moliné O’Connor tiene sus esperanzas puestas en un Kennedy. Página/12 pudo saber que el casi ex ministro de la Corte Suprema argentina ya llegó a Estados Unidos para mantener contactos entre sus colegas norteamericanos, el Congreso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muertos Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta, el objetivo de Moliné sería demostrar que la Argentina lo persigue más que al primero cuando él busca el interés general más que la segunda.
El martes pasado Moliné dejó el Senado mientras se presentaban los testigos en su contra como parte del juicio político de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner. “Siento limitada mi capacidad de expresión”, dijo Juan Manuel Arauz Castex, defensor junto a Gregorio Badeni y miembro del estudio en el que Moliné trabajó durante 25 años. Según Ricardo Falú, presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, la retirada podría ser parte de una jugada mayor para quejarse después de denegación de justicia ante la CIDH.
No es un mal momento para que Moliné, 65 años, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, recorra los Estados Unidos. En Houston acaban de jugar la final del Masters 2003 el estadounidense André Agassi y el suizo Roger Federer. Ganó Federer por 6-3, 6-0 y 6-4.
Moliné solía molestarse cuando, siendo vicepresidente de la Corte, alguien le recordaba su asistencia perfecta a los grandes torneos de tenis del mundo. Respondía que viajaba usando días de vacaciones y que nunca se había quedado afuera durante una crisis. En verdad, quien funcionó como la verdadera cabeza de la Corte menemista, mucho más que su presidente Julio Nazareno, no fue un juez huidizo frente al compromiso político. Miembro de la mayoría automática desde 1990, Moliné retribuyó la confianza, basada al principio, y luego alimentada con fallos, en que su hermana estuviera casada con Jorge Anzorreguy, hermano del secretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado con Menem y figura influyente en la designación de jueces a todo nivel.
El juez suspendido se propone ahora aprovechar sus trece años en el poder transformando una visita a los Estados Unidos en una plataforma. En estos casos el objetivo de máxima es un respaldo con todas las letras. El de mínima, hablar mal sobre la situación argentina de remoción de buena parte de la Corte Suprema y que alguna sospecha de totalitarismo quede en Washington.
Moliné empezó a desplegar cuatro ejes en su argumentación.
Uno, que el juicio político en su contra es un juicio sumario.
El segundo, que la mujer del Presidente es la jefa de la comisión que lo juzga en el Senado.
El tercero, que lo acusan por sus fallos y entonces, sigue su razonamiento, o el Senado no debería juzgarlo o debería juzgar a todos los otros cortesanos que firmaron junto con él.
Y el cuarto, que el gobierno de Néstor Kirchner avasalla la independencia del Poder Judicial.
El jurista de confianza de Menem confía en que su segundo apellido sensibilice a los jueces norteamericanos de origen irlandés. El Kennedy que le ofrece las mayores esperanzas es Anthony McLeod Kennedy, miembro de la Corte desde 1988, cuando lo nominó el entonces presidente Ronald Reagan, un ultraconservador en estado puro. Californiano nacido en 1936 y con formación en las universidades de Stanford y California, McLeod Kennedy fue retrógrado en sus primeros fallos y luego terminó acompañando desde un mayor centrismo la ola clintoniana a mediados de los años ‘90.
Moliné también conoce muy bien a Sandra Day O’Connor, que no es pariente suya. Texana de 73 años y también graduada en Stanford, Day fue senadora estadual en Arizona entre 1969 y 1974, los años de apogeo y decadencia del presidente Richard Nixon. También revista en la Corte Suprema desde 1981por sugerencia de Ronald Reagan, que la convirtió en la primera mujer del máximo tribunal norteamericano. Los empleados de la Corte la conocen porque todas las mañanas se enfunda en una calza y practica ejercicios aeróbicos en el tribunal.
Day O’Connor y McLeod Kennedy ya estuvieron en Buenos Aires por invitación de la Corte, con tickets de primera clase y hoteles de cinco estrellas, para seminarios auspiciados por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.
El último contacto de Moliné con Day, en junio, no rindió ningún fruto. Es que los dos jueces se incorporaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos en un proceso lento. En la Argentina, en cambio, fueron necesarios solos dos minutos para que la cantidad de miembros pasara de cinco a nueve por iniciativa de Menem y que, así, surgiera una mayoría adicta que permitiese las privatizaciones salvajes reforzando las decisiones del Poder Ejecutivo.
Otra movida que figura en la planificación de Moliné es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH, que depende de la Organización de los Estados Americanos, adopta medidas cautelares, de urgencia, ante la presentación de ciudadanos de sus países miembros. Luego termina recomendando a un Estado que solucione una situación de injusticia que viola los pactos sobre derechos humanos y garantías individuales. En el último período, la comisión recomendó y acordó con el Estado argentino en casos concretos el derecho de que los familiares de las víctimas accedan a los sumarios de la policía bonaerense, estableció que el fisco no puede dejar de pagar a los jubilados que ganan juicios en firme y sugirió cambios en la ley de inmigración. Moliné buscará sumarse a los excluidos, quizás no en nombre de los niños marginados por la pobreza sino de los niños ricos que sufren tristeza.
Un pionero en el intento de usar la CIDH para denunciar una supuesta persecución fue Menem, que alegó injusticias en su contra presuntamente cometidas en la causa del contrabando de armas. La articulación internacional de Menem corrió por cuenta de su ex encargada de Derechos Humanos, Alicia Pierini, la misma funcionaria que hasta hace un mes formaba parte de un acuerdo secreto, ya diluido, para ocupar la Defensoría porteña.
Siguiendo con esa línea de autovictimización de los poderosos, Moliné desplegó una red de contactos que incluyen a Alan Stoga, ex asesor de Henry Kissinger y vinculado en la Argentina con Eduardo Amadeo, que cuando era embajador de Eduardo Duhalde en Washington contrató a Stoga para ejercer influencia en la negociación financiera con los Estados Unidos.
El trabajo del ex vice de la Corte no será fácil ni siquiera contratando a George Bush padre de lobbyista. Hasta ahora los Estados Unidos, empezando por el jefe del Area Latinoamericana del Departamento de Estado, Roger Noriega, elogiaron a la administración Kirchner por su postura institucional. La expresión encierra un acuerdo con las medidas anticorrupción y otro con el compromiso de perfeccionar la división de poderes. Hasta un Kennedy sabe que no se puede cumplir ese objetivo con apellidos como Nazareno y Moliné O’Connor. Sería como pegarle un raquetazo al aire.