El 9 de junio de 1976 Juan Alfredo Etchebarne asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Valores, uno de los organismos centrales en la construcción de la patria financiera. En 2013 el juez federal Daniel Rafecas lo procesó por instar, como director del organismo, el secuestro de 23 personas del grupo Chavanne y Siderúrgica Grassi, perseguidas bajo la mascarada de la “subversión económica” mientras lo que querían era “el botín” de Montoneros. Rafecas cerró la investigación y elevó la causa a juicio oral. En el texto aparecen datos todavía poco presentes en los procesos de justicia, entre ellos la caracterización del bloque “cívico-militar” en clave histórica que articula jurisprudencia y academia. Y comienza a ser tematizado ese segundo período represivo en el que se disparó el desapoderamiento de bienes a empresarios y financistas bajo la rúbrica de opositores políticos. Con Etchebarne serán juzgados el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Antonio Guglielminetti, agente civil de Inteligencia como parte del grupo de tareas.

“En el caso particular de autos se ha observado con singular gravitación un interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born directivos de la firma Bunge & Born concretado el 1 de septiembre de 1974”, dice el juez. “En ningún caso ese afán aparece dotado de un interés relativo a la investigación de ese hecho sino que surge siempre teñido de un mero interés por el botín que, al menos en el ideario popular, habría ascendido a sesenta millones de dólares y, al menos en parte, habría administrado en vida David Graiver, dueño del Banco de Hurlingham, entre otras entidades”. Con ese propósito, “se conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham”.

En ese escenario, la investigación señala “la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, motorizada desde la Comisión Nacional de Valores y ejecutada por oficiales militares, personal civil de inteligencia y oficiales de Gendarmería Nacional”. Podría plantearse que el aparato represivo, dice el juez, viró su atención de la “subversión (en sentido militante, social, etc.) a la subversión económica a partir de 1978, como causa o excusa, para el secuestro de empresarios y su desapoderamiento de bienes”.

Etchebarne era muy amigo de José Alfredo de Martínez de Hoz. Estuvo en roles directivos de la CNV en distintos momentos, salió y volvió después del golpe como presidente designado por decreto n720/76 con la firma de Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz, para entonces ministro de Economía. El organismo ocupó un lugar clave en la regulación de las políticas económicas de la dictadura y la persecución sobre distintos grupos empresarios bajo la excusa de la subversión económica. Esto quedó más que claro con la desclasificación de archivos de la CNV en 2013, impulsada bajo la gestión de Alejandro Vanoli. Ese informe motorizó la causa judicial y la indagatoria de Etchebarne. Rafecas primero lo procesó como partícipe necesario de los secuestros pero no de los tormentos, avalado por una resolución posterior de la Cámara Federal. Etchebarne sin embargo está excarcelado y a la espera del juicio en libertad.

Los hechos

“En su carácter de presidente de la CNV (Etchebarne) participó en calidad de partícipe necesario en los hechos de privación ilegal de la libertad de al menos 23 personas investigadas, a su instancia, por el Equipo de Trabajo o Grupo de Tareas constituido para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A., quienes fueron secuestradas entre el 14 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978”, resume la elevación. El grupo de tareas quedó a cargo del coronel Roberto Roualdes, entonces segundo comandante y jefe de Plana Mayor de la Subzona Capital. Los detenidos fueron alojados en la cárcel de Encausados de Campo de Mayo. Todos estaban relacionados con esos grupos económicos, pasaron por allí propietarios, directores y empleados “resultando su pertenencia a estas empresas y la presunta persecución de delitos calificados como propios de la ‘subversión económica’ los motivos alegados para su secuestro ilegal”.

La elevación actualiza viejos documentos como las declaraciones de Suárez Mason y Rualdes que sitúan a Etchebarne detrás de las ordenes. “Ambos encumbrados militares del aparato represivo estatal fueron contestes en afirmar que la persecución –bajo la burda fachada de un sumario prevencional militar– se inició a instancias de la Comisión Nacional de Valores, mencionando en particular, el segundo de ellos, a Juan Alfredo Etchebarne”. En el Juicio a las Juntas, Roualdes dijo: “A mí me separan para desarrollar con el señor comandante del Cuerpo una investigación en función de una denuncia que él tenía [...] la investigación fue a raíz de una denuncia desarrollada por la Comisión de Valores en el fuero penal y ante el comandante del cuerpo, sobre la intervención del Banco de Hurlingham, la compra del Banco por el señor Chavanne”.

La investigación logró demostrar que luego de hacer una denuncia judicial que no se activó rápido a criterio de la CNV, Etchebarne canalizó la búsqueda y la extracción de información a través del Primer Cuerpo. Otro elemento está dado por los peritos que su organismo y el Banco Central y mandaron en “comisión” a Campo de Mayo para los interrogatorios. Esos peritos declararon en esta causa. Uno de ellos, Julio Eduardo Juan Spinosa “recordó la vehemencia y el interés obsesivo de Etchebarne por saber si se había averiguado algo sobre el dinero de Montoneros”. Cuando en una ocasión Etchebarne fue a Campo de Mayo, “se interesó por el asunto y lo que les preguntaba de forma obsesiva era si de la documentación que estaban examinando no surgía qué había pasado con los veinte millones de dólares de los Montoneros”.

El contexto

El texto de Rafecas enmarca los hechos en un contexto interesante porque es la primera vez que su juzgado se topa con una causa en la que entra de lleno la dimensión económica de la dictadura. Tomó jurisprudencia y expedientes desde el Juicio a las Juntas. Analizó leyes como las de Seguridad nacional y subversión económica que intentaron revestir de legalidad las operaciones represivas. Pensó al Estado y sus articulaciones con el bloque civil con textos de Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Guillermo O’Donnell, Eduardo Basualdo, Paula Canelo, la Secretaría de Derechos Humanos y el informe fundamental de CNV.

“Adaptable a las necesidades del régimen, la idea ‘subversión’ fue sustantivizada para designar sin contenido a una otredad, y luego así, como molde vacío, luego fue adjetivado de las formas más diversas, convirtiéndolo en algo más difuso aún –señala–. Si el subversivo, a primera vista parecía ser una categorización estrictamente política bajo la denominación del régimen, su carácter de molde podía ser también subversivo educativo, religioso, gremial, y económico. Cada calificativo venía a ubicar al enemigo en determinado ámbito del quehacer social y se enlazaba con un concepto de ‘orden’ que, siendo contravenido, habilitaba su consideración de enemigo al régimen.”

Bajo “la lucha contra la subversión económica” señala que hubo una “estructura normativa” que “habilitó una persecución” de tipo económico o civil que implicó perjuicios para las víctimas en el ejercicio de derechos patrimoniales y potestades ciudadanas. Pero en forma paralela a las medidas represivas de carácter económico “se fue implementando gradualmente una serie de acciones dirigidas a la represión de la subversión económica”. Este tipo de represión se distinguió de la represión a la oposición política, dice. “Por un lado, por el momento en que se concretó dado que tuvieron su punto más álgido (a partir de 1978) con posterioridad a la satisfacción de las pulsiones represivas contra los ‘subversivos políticos’”. Y por otro lado, por la elección de los sujetos que como eran conocidos “requirieron quizá un grado de mayor de necesidad de formalizar ese ejercicio de poder punitivo desatado a posteriori”.

Esto es, el aparato represivo tuvo que construir una mascarada de legalidad para esos crímenes con ejemplo expedientes penales. Uno de los aportes que retoma el texto es un análisis del fiscal Federico Delgado, que intenta hacer trazos mas generales. Rafecas no sigue esa línea pero el texto quedó allí como para quien quiera recoger el mensaje. “Los casos investigados analizados por la Fiscalía, como se indica en la presentación citada ‘revelan cómo mediante la formación de expedientes penales, se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos. Generalmente, a través de la alegada infracción a le ley de «subversión económica» que permitió saquear a esas empresas con la colaboración de los antes enunciados organismos económicos del estado”.

Todo parecería indicar, dice Delgado, “que el gobierno militar sólo se vio forzado a echar mano de este plano formal cuando el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”. Los intereses superiores de la nación, dice, “la amenaza al modo de vida occidental y cristiano, acaso fueron la proyección del barro de la historia, la lucha de clases, la disputa de modelos de acumulación y de distribución, mientras una buena cantidad de oportunistas, se apropiaron de las instituciones y en nombre de lo público favorecieron lo privado, o, para que los conceptos no lo muestren elegante, el bolsillo”.