Un grave conflicto provocó el Defensor General de la Nación, Miguel Angel Romero, al rechazar las excusaciones de varios defensores a quienes la asistencia a violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar les causa violencia moral. Casi dos tercios de las siete decenas de defensores que actúan ante el fuero federal firmaron una comunicación en solidaridad con sus colegas. El riojano Romero fue designado allí en las postrimerías del gobierno de Carlos Menem debido a su amistad con el ex secretario presidencial Ramón Hernández. En 1998 mantuvo una dura polémica con el senador Jorge Yoma, quien dijo que Romero se proponía visitar en su lugar de detención al ex dictador Jorge Videla para poner a su disposición un defensor oficial y que le había comunicado un plan que incluía el cierre del Congreso, para permitir una nueva candidatura de Menem en 1999. Romero lo negó. El rechazo de la excusación de los defensores, en cambio, lleva su firma y sello.
La primera en excusarse fue la Defensora Pública Oficial ante los tribunales federales de La Plata, María Inés Spinetta, cuyo padre fue víctima de la represión durante la dictadura. Pese a ello, Romero la forzó a asumir la defensa de “un imputado por hechos ocurridos durante el gobierno militar”. El segundo caso involucró al Defensor ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Mario Hugo Landaburu, quien se excusó de defender al capellán de la policía de Buenos Aires Cristian von Wernich, acusado por su participación en las torturas y asesinato de un grupo de personas secuestradas en comisarías de La Plata. Landaburu invocó la causal de violencia moral, dado su parentesco directo con Leonor Landaburu, Adriana Landaburu, Guillermo Rodríguez Ramírez, Jorge Pérez Soza “y sus respectivas cónyuges, todos ellos desaparecidos por el accionar ilegítimo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también de quienes colaboraron con dicho accionar”. También mencionó la desaparición y/o asesinato de amigos íntimos, como Guillermo Díaz Lestrem, Luis Sansoulet, Jorge Di Pasquale, Raimundo Villaflor y Josefina Villaflor, de cuyo padre, el ex intendente peronista de Avellaneda, Eliseo Villaflor, fue apoderado en el juicio contra Videla, Massera & Cía. Landaburu añade que fue amigo de los abogados desaparecidos Roberto Sinigaglia y Mario Hernández y que participó en la “lucha contra la dictadura militar” de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. También se excusó de asistir al sacerdote sacrílego la Defensora ante el mismo tribunal Silvia Zelikson, porque dos amigos de infancia y adolescencia también “resultaron víctimas del accionar ilegítimo” de la dictadura.
En cuanto el Congreso comenzó a tratar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida también anunció su intención de excusarse la defensora adjunta del propio Romero, Pamela Bisserier. Sostuvo que en 1987 había redactado como secretaria el fallo en que el juez Ricardo Giúdice Bravo declaró la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida. La defensora afirma que no sólo actuó en forma profesional sino según sus “pensamientos, convicciones y opiniones”. Según ese fallo, cuando el carácter delictivo de una orden es notorio el subordinado “no sólo tiene derecho a desobedecer sino que tiene el deber de hacerlo”. Bisserier afirma que no sólo padecería violencia moral si debiera aceptar una posición contraria a la de ese fallo sino que prestaría “un deficiente servicio” a sus asistidos, lo cual comprometería “la correcta administración de justicia y la buena marcha de las instituciones republicanas”.
Romero rechazó todas esas excusaciones. Invocó “la inviolabilidad de la defensa en juicio” garantizada en la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Todos estos textos aseguran que nadie sea llevado a juicio sin “la garantía del debido proceso legal” tal como afirma Romero, pero ninguno obliga a un abogado a aceptar el cargo en casos que le produzcan violencia moral. Respecto de Landaburu, Romeroañadió consideraciones que revelan graves confusiones éticas e intelectuales. Dijo que revelaba “parcialidad”, ya que no se había excusado cuando le tocó defender a integrantes del grupo “Movimiento Todos por la Patria”, sin advertir que esas personas no cometieron ningún delito contra parientes o amigos del Defensor Oficial y que Landaburu invocó para negarse a defender a von Wernich, precisamente su imposibilidad de ser imparcial. El Código de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital no deja dudas. Todo abogado “es libre de aceptar o rechazar asuntos”. En los casos de nombramiento de oficio o cuando actúe “en relación de dependencia y sujeto a directivas” puede justificar su rechazo “en normas éticas o legales”.
Una comunicación firmada por 48 defensores oficiales de diversas posiciones políticas (entre ellos Julián Langevin, Claudio Armando, Hilario Lagos, Gustavo Iglesias, María Inés Quiroga, Patricia Garnero, Santiago Bardi, Silvina Manes, Santiago García Berro, Mariano Maciel, Atilio Alvarez, Gustavo Ferrari y Alejandro Molina) indicó a Romero que “cuando alguien ha hecho de su vida un libro abierto cuyo texto es notoriamente perjudicial para los intereses de quien debe defender, es de buena práctica excusarse de asumir tal representación, porque ello redundará en beneficio del justiciable” y le piden que tenga en cuenta estas observaciones para casos futuros. En el de Landaburu no será posible, ya que para no asumir la defensa del capellán policial solicitó licencia y a su vencimiento renunciará a su cargo. Los 48 defensores afirman que se trata de una cuestión ética, que ilustran con una frase de Angel Ossorio en “El alma de la toga”: “El abogado no es un Proteo cuyas cualidades varían cada día según el asunto en que ha de intervenir... ¿cabe ridículo mayor que el de un defensor a quien se rebate con sus propios textos?” Romero también tiene su coherencia: según la minoría que en 1997 le negó el acuerdo senatorial, durante la dictadura fue colaborador de la policía riojana. Cuando de todos modos el menemismo consiguió su confirmación, convocó a la primera reunión de defensores en el Centro Naval, donde en ese momento se alojaba Alfredo Astiz. Cualquier condena en una causa con alguno de estos defensores obligados a sufrir violencia moral, podría generar pedidos de nulidad. Tal vez el agua le suba mejor al tanque de lo que creía Jorge Yoma.