Por Eduardo Tagliaferro e Irina Hauser

La Corte Suprema intentará en su plenario de hoy frenar con un fallo la destitución del camarista federal de Salta, Ricardo Lona, sospechado de mal desempeño por su papel en el fusilamiento de doce presos políticos conocido como Masacre de Las Palomitas en julio de 1976, por actuar como albacea en una sucesión millonaria (actividad prohibida para los jueces) y por su rol en la adopción irregular de un menor. Dos miembros del Consejo de la Magistratura que llevan adelante la acusación contra el magistrado en el jury de enjuiciamiento que debería empezar el lunes próximo, alertaron en un comunicado sobre la “grave violación constitucional” que implicaría una resolución semejante de los cortesanos y cuestionaron al nuevo presidente del alto tribunal, Enrique Petracchi. Les resultó llamativa su visita al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, un día antes de que éste firmara un dictamen que podría ser la base de la decisión de Sus Señorías.
La situación del juez Lona es inédita. Como la mayoría de los jueces que se enfrentan a un proceso de destitución, el camarista presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, el presidente Néstor Kirchner nunca la dio por aceptada. El proceso siguió su curso, el plenario del Consejo de la Magistratura resolvió elevar el caso al jury, y las audiencias están previstas para comenzar la semana que viene. Lona pidió la nulidad de la acusación teniendo en cuenta que había renunciado, pero el jurado rechazó el planteo. Recurrió en queja, entonces, ante la Corte Suprema. El procurador, que dictamina antes de los fallos, entendió que un juez tiene derecho a renunciar y esto da por finalizado el enjuiciamiento.
A los consejeros Beinusz Szmuckler y Marcela Rodríguez (diputada del ARI) les sorprendió que Becerra dictaminara luego de la visita de Petracchi. Ese encuentro fue la primera visita oficial del nuevo titular de la Corte, pero según confiaron a Página/12 allegados a la Procuración, en la conversación estuvo presente el tema de Lona.
–Petracchi coincidió plenamente con Becerra –dijo un colaborador del funcionario reconfortado por el respaldo del supremo.
–¿Cómo no va a estar de acuerdo si Petracchi es amigo de Lona, y así lo reflejó al excusarse en el caso –contestó este diario.
El titular de la Corte no es el único que se apartó. También lo hizo Augusto Belluscio, por ser quien encabeza el jurado de enjuiciamiento y lo habría hecho, además, Eugenio Zaffaroni que, de todos modos, no estará en el acuerdo de hoy porque viajó para recibir un título honoris causa en Costa Rica. Las excusaciones fueron planteadas la semana pasada y en tiempo record; para las costumbres cortesanas, fueron designados dos conjueces: el presidente de la Cámara de la Seguridad Social, Emilio Fernández, y el de la Cámara de San Martín, Hugo Fossati.
El reclamo de Lona figura en la agenda de temas que el tribunal tiene prevista para hoy. Cuatro supremos –Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y tal vez Guillermo López– votarían para que se suspenda el juicio al camarista salteño y se reconozca su renuncia. Faltaría un voto para obtener mayoría y podría provenir de los conjueces. Juan Carlos Maqueda considera que el tema no es materia justiciable, o sea, que no está en las atribuciones de la Corte resolverlo. Este argumento anticipa un nuevo conflicto de poderes entre el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura. “La Corte no tiene facultades para suspender el juicio. Sólo podría opinar luego del pronunciamiento del jurado”, dijo Szmuckler.
“La Corte piensa también en su propia suerte. Este caso podría marcar un fuerte antecedente y de esta manera, a pesar de las renuncias de los jueces, el proceso político que enfrentan varios miembros del alto tribunal continuaría hasta su destitución”, afirmó a Página/12 la diputada del ARI, una de las acusadoras de Lona ante el jury.
“Hace tiempo que Petracchi nos habla de este caso”, confió a este diario un ministro de la Corte. También los parlamentarios dan cuenta de las gestiones que habría realizado el titular del alto tribunal. “La salteñaLelia Chaya me contó de las constantes llamadas de Petracchi en favor de Lona”, dijo a este diario uno de los legisladores del Consejo de la Magistratura.
Szmuckler y Rodríguez advirtieron en un texto conjunto que “una resolución favorable (a Lona) del Tribunal Supremo de la Nación conduciría a la paralización del procedimiento de remoción del magistrado y permitiría que perciba haberes jubilatorios (...) implicaría una grave violación constitucional, un avasallamiento de las facultades del jurado de enjuiciamiento, un avance sobre lo que es decisión del PEN y estaría creando un verdadero mecanismo de impunidad”.
De prosperar un pronunciamiento en su favor, Lona se vería liberado de fuertes cargos en su contra. Entre ellos no haber investigado la masacre de Palomitas, en la que fueron fusilados 12 presos políticos, no haber tomado medidas para proteger a procesados a su cargo ni investigar denuncias de torturas. Los dos miembros de la acusación advierten que “quienes (liberen a Lona) quedarían también incursos en la causal de mal desempeño de sus funciones”.