Vie 06.11.2015

EL PAíS  › MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEFENDIERON LA LEY DE SUBROGANCIAS

Críticas para la Corte Suprema

Aníbal Fernández señaló que el máximo tribunal pretende “legislar” a través de sus sentencias. Héctor Recalde afirmó que la decisión tiene “tufillo electoral”. La titular de Justicia Legítima advirtió que la Corte quiere aplicar un decreto “de Aramburu y Rojas”.

Por unanimidad, la Corte decretó el miércoles la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias.
Imagen: Joaquín Salguero.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusó a la Corte Suprema de “legislar” a través de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias aprobada este año e invalidó todas las designaciones de suplentes hechas bajo ese régimen. “Pareciera que el Poder Judicial legisla o quiere legislar, cosa que no puede hacer porque para eso están los legisladores del Congreso”, advirtió. No fue el único que cuestionó la resolución. El diputado (FpV) y consejero de la magistratura Héctor Recalde dijo: “Yo soy muy respetuoso de todos los fallos, pero también es cierto que faltando 15 días para una elección, creo que al menos es inoportuno el fallo. Esto tiene tufillo a elección”. La presidenta de la Cámara de Casación ordinaria María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, sostuvo que “la Corte quiere que se aplique un decreto de Aramburu y Rojas” en referencia al decreto firmado por el gobierno de facto que entre otras cosas establecía cómo cubrir las vacantes de magistrados.

El fallo de la Corte, que irrumpe en la escena electoral, cuestiona la ley que fue impulsada por el oficialismo y que trasladó al Consejo de la Magistratura la facultad de designar jueces en los cargos vacantes que estaba en manos de las cámaras de Apelaciones y de Casación, o sea, los propios jueces. Lo habitual es que quienes subrogan cobren un plus del 30 por ciento de su sueldo. El alto tribunal decidió que los suplentes se vuelven a elegir dentro de la familia judicial. La sentencia invalida los nombramientos bajo la ley nueva 27.145 así como las listas de conjueces abogados hechas por el Consejo de la Magistratura. Por lo pronto estableció que las actuaciones hechas bajo este sistema son válidas y que los subrogantes seguirán por tres meses más. Le pide al “nuevo” Congreso que dicte una ley acorde a los términos del fallo, que viene a ser el esquema viejo.

Por esa exhortación al Congreso, y porque el fallo prácticamente dice cómo tiene que ser el sistema de designación, Fernández dijo: “Con esto, pareciera que el Poder Judicial legisla o quiere legislar, cosa que no puede hacer. Pero no se ha hecho otra cosa que lo que correspondía: el Congreso sacó una ley, esa ley fue votada conforme lo dice nuestra Constitución Nacional”. “Yo he sido legislador y quiero defender, sí, la responsabilidad que le cabe en este caso en la vida republicana al legislador para tomar decisiones como estas”.

“Vuelvo a insistir –añadió– en la visión del ministro (de la Corte Suprema de Estados Unidos) Scalia: cuando no ha sido el constituyente el que ha arreglado específicamente las formas de designar a un juez subrogante, lo que hay que hacer entonces es que el Poder Judicial debe ser deferente respecto de la interpretación y la aplicación de la Constitución por parte del Congreso de la Nación”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Recalde, en esa línea, señaló que como “fue tratada por el Congreso” la ley de subrogancias “tiene presunción de constitucionalidad” y, en todo caso, a su entender “no son los propios protagonistas –en este caso jueces supremos– los que tienen que resolver al respecto” sino, justamente conjueces o subrogantes.

La jueza Garrigós de Rébori evaluó que la ley de subrogancias buscaba descomprimir el trabajo de los juzgados ya que “hay jueces que tienen 500 causas” y agilizar el funcionamiento del Poder Judicial con designaciones transitorias, lo que incluía conjueces. Dijo, entonces, que “la Corte” quiere volver “al decreto de Aramburu y Rojas”, en alusión al que sancionó la junta militar en 1958 y que reorganizó el funcionamiento de la Justicia nacional.

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