El futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Santiago Petracchi, hizo circular entre los demás ministros un proyecto de Acordada destinado a poner fin al cajoneo de expedientes que se utiliza como forma de presión para cobrar peaje a las partes en los casos de interés económico. Esta ha sido la principal fuente de corrupción en el alto tribunal. El proyecto de Petracchi ya fue firmado por quien lo acompañará como vicepresidente a partir del año próximo, Augusto César Belluscio. Que una medida de semejante trascendencia pueda tomarse mediante una simple Acordada, es decir por una decisión administrativa de la Corte, indica que la corrección de los graves vicios que han conducido al grave descrédito de la cabeza del Poder Judicial sólo depende de la voluntad de sus miembros y puede resolverse literalmente de un plumazo, o cinco, para contar con mayoría. Es improbable que algún juez se anime a fundamentar en contra de esta propuesta que tornaría transparente el movimiento de las causas en el tribunal.
El texto redactado por Petracchi sostiene que “a diferencia de lo que sucede en las causas en estado de dictar sentencia en las instancias inferiores, esta Corte no permite el acceso a la información sobre el orden en que toman intervención los señores jueces ni acerca del lapso en que los expedientes permanecen en cada una de las vocalías durante la circulación”. Según Petracchi y Belluscio no se observan razones que justifiquen “mantener dicho modo de actuación, máxime cuando la publicidad de los registros sobre los movimientos del expediente contribuye a profundizar la transparencia de los trámites que se cumplen ante la más alta instancia judicial de la República, a la par que permite llevar a cabo un adecuado control por parte de todos a quienes concierne e interesa el mejor funcionamiento del Poder Judicial”. Los artículos resolutivos acuerdan “establecer en el ámbito de esta Corte el carácter público de todos los registros llevados por las secretarías intervinientes y por las mesas de entradas que de ellas dependan, sobre la circulación de los expedientes, de cualquier naturaleza, entre los jueces del tribunal” y “disponer que el acceso a tal información se regirá con el alcance que prevé el reglamento para la justicia nacional respecto a la revisación de las causas”.
La mayor parte de las denuncias por casos de corrupción de la última década incluían el desvío o la demora de un expediente. En muchos casos, ministros que se excusaban de intervenir porque tenían relación con una de las partes, sin embargo pedían el expediente y preparaban un borrador de sentencia que luego presentaba como si fuera propio otro miembro de la mayoría automática, que apenas conocía la causa. Esos favores se retribuían del mismo modo, según la doctrina conocida como “Hoy por ti”. También hubo denuncias escandalosas sobre jueces que habían firmado un voto y luego de recibir alguna visita lo cambiaron. En 1991 un abogado litigante se presentó con un escribano en la mesa de entradas de la Corte para certificar dónde estaba el expediente que interesaba a su cliente, quien litigaba con un amigo del entonces presidente Carlos Menem y del entonces ministro de la Corte Mariano Cavagna Martínez. En 1993 se produjo el Recurso de Arrancatoria, cuando una causa que ya había sido fallada fue retirada del libro de sentencias de la Corte y el expediente reinició su circulación por las vocalías como si se tratara de una causa recién iniciada. En 1996 un litigante denunció que uno de los jueces de la Corte, “en los asuntos que considera de especial importancia económica o política acostumbra a suscribir la expresión ‘quiero verlo al final’”. Mencionó dos casos en los que “se encontrarían empatados cuatro a cuatro las posiciones de la Corte y este singular ministro se convertiría en árbitro indiscutible, así podría llegar a convertirse en árbitro de cada votación e impondría, eventualmente, las condiciones de cualquier tipo que le llegaren a parecer más convenientes”. En 1997, ante una denuncia por unsupuesto pedido de coima, el ministro Guillermo López para defenderse dio a conocer entre qué fechas el expediente había estado en su vocalía. “Queda claro que no sufrió demora alguna que pudiera dar lugar a suspicacias de ningún tipo”, dijo. En 1998, otro abogado denunció la desaparición de dos cuerpos de un expediente que concernía al entonces ministro del Interior Carlos Corach y solicitó acceso al registro de circulación del expediente para determinar la última vez que había sido avistado. La Corte le negó el acceso a ese registro, pero los cuerpos desaparecidos aparecieron de inmediato. En cualquiera de estos casos, la publicidad del registro de circulación de los expedientes hubiera ventilado el ambiente malsano que se creó en torno del sigiloso tribunal.