Organizaciones piqueteras se unieron ayer a sindicatos, organismos estudiantiles y de derechos humanos de Neuquén para repudiar la feroz represión policial del martes que dejó un saldo de 22 heridos, nueve de ellos con balas de plomo. Luego de algunas gestiones realizadas desde la Casa Rosada, el gobierno neuquino confirmó que suspendió el polémico reempadronamiento de los desocupados que cobran subsidio, con lo que consiguió calmar un poco la situación. El gobierno nacional buscó diferenciarse del operativo ordenado por la administración de Jorge Sobisch, el gobernador que sueña convertirse en el nuevo líder de la derecha vernácula. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que “los hechos se desbordan como consecuencia de la acción policial”. Con todo, por la noche, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, exhortó a los piqueteros a modificar su modo de protesta.
La marcha convocó a tres mil manifestantes que recorrieron puntos clave de la capital de Neuquén hasta terminar frente a la Casa de Gobierno, al grito de “asesinos, asesinos”. El acto se inició en el estadio Ruca-Che, cerca de uno de los barrios más populosos en el oeste de la ciudad. Allí, el martes, se produjeron los enfrentamientos entre desocupados y la policía que terminaron en una brutal represión. El hecho desencadenante fue la decisión del gobierno provincial de bancarizar el pago de los planes sociales a 7 mil desocupados a través de una tarjeta de débito.
Una de las paradas de la marcha fue en el hospital provincial en el que aún se encuentran la mayoría de los heridos por la represión. Luego se vivió un momento de tensión cuando pasaron por la Municipalidad, porque allí se encontraron con un grupo de policías antimotines, pero finalmente no hubo enfrentamiento. En la gobernación intentaron entrevistarse con alguna autoridad, pero no los recibieron. Los dirigentes sociales labraron un acta ante una escribana dejando constancia de su “voluntad de diálogo”.
El gobernador Sobisch, de viaje en Brasil, prefirió no dar señales de vida. El entuerto quedó en manos de su vice, Jorge Sapag, quien anunció que suspendía la confección de las nuevas listas de beneficiarios de subsidios “por razones de paz social”. Sapag mantuvo varios contactos con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien le exigió que terminara la represión y que hiciera lo posible por descomprimir la situación.
El líder de la CTA, Víctor De Gennaro, responsabilizó por la represión al gobernador Sobisch “que, al igual que Juan Carlos Romero en Salta, se ofrece como líder de la derecha para solucionar la pobreza a palos y a tiros”. Desde el gobierno neuquino acusaron a la CTA y otros gremios de oponerse al pago de planes con tarjeta porque quieren seguir con el sistema “de intermediarios y punteros políticos que tiene de rehén a miles de neuquinos”.
Pero el dirigente del Movimiento de Trabajadores desocupados, Sergio Aguirre, aclaró que ellos también están en contra del punterismo político del Movimiento Popular Neuquino que gobierna la provincia desde hace 20 años. “Nos oponemos a que el gobierno nos pague con una tarjeta. Nos corresponde el dinero en efectivo porque hacemos la contraprestación todos los días cuatro horas y nos corresponde nuestro salario”, agregó.
Cambio de estrategia
El conflicto fue analizado en la Rosada. El presidente Néstor Kirchner recibió en su despacho los informes de Fernández y del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, habitual delegado suyo en las negociaciones con sectores piqueteros. La estrategia del Gobierno fue diferenciarse de lo sucedido en Neuquén y, días atrás, en Salta. En ambos casos, fuerzas provinciales reprimieron con violencia a los piqueteros y provocaron la reacción de los manifestantes.
Los funcionarios nacionales subrayaron que el dogma del gobierno de Kirchner en estos casos ha sido el de ponderar la negociación y nopermitir la represión. “La vocación del Gobierno es seguir trabajando sobre las causas que motivan las reacciones para hacerlas desaparecer”, explicó el ministro del Interior, Aníbal Fernández (ver reportaje al ministro en página 4).
Si bien es cierto que en el Gobierno hay quienes evalúan la posibilidad de endurecer la política hacia las organizaciones piqueteras que consideran que alteran el humor de la clase media porteña, la convicción de Kirchner de no utilizar la violencia ha terminado por unificar el discurso de los funcionarios nacionales.
Para explicar su política en los hechos, el Gobierno por la noche dio a conocer su propuesta para solucionar el conflicto generado en Salta con ex trabajadores de YPF. La propuesta presentada como “definitiva” establece el pago de 39.500 pesos en Boden 2016 a 28.500 trabajadores. No obstante, al hacer el anuncio, Parrilli les pidió a los piqueteros que modificaran su mecánica de protesta, porque “no lleva a ningún lado”. “La postura del Gobierno es convencer a los piqueteros de que hay un Estado distinto y que no es necesario hacer una marcha para conseguir alimentos”, sostuvo.