La solitaria querellante de la causa judicial por el estallido de la Fábrica Militar de Río Tercero, Ana Gritti, insistió ayer en que las explosiones sucedidas en 1995 y que dejaron un saldo de siete muertos fueron intencionales. “Se necesitó volar la fábrica para borrar las pruebas que en ella había sobre la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador”, remarcó. Luego de remar contra la corriente durante ocho años, Gritti vio confirmada su hipótesis en un amplio informe que cuatro peritos oficiales presentaron el lunes pasado en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba. Los especialistas concluyeron que “el tambor cargado con trotyl (en el que comenzó el siniestro) fue iniciado intencionalmente. No se encontró ninguna evidencia ni hipótesis comprobada en ensayos de que el fuego pudiera haberse originado de manera accidental”. En la causa hay tres militares y dos civiles procesados, pero la nueva pericia puede iniciar ahora otro camino en la investigación.
“Si no hubieran existido los decretos presidenciales que permitieron vender de manera ilegal las armas a Croacia y a Ecuador, el papel de la Fábrica Militar de Río Tercero hubiera sido otro y no hubiéramos tenido un 3 de noviembre”, se lamentó Ana Gritti en la conferencia de prensa que ofreció ayer al mediodía en un hotel del centro de Córdoba junto a sus abogados. El marido de Gritti, profesor de una escuela técnica de los alrededores, fue uno de los siete muertos que provocó la explosión. También hubo más de 300 heridos y se destruyeron barrios enteros.
Gritti se empeñó en probar que la explosión había sido intencional. El tráfico de armas del Ejército a Croacia sucedió entre 1991 y 1995. Por los días en que se produjo la explosión, se había resuelto que Fabricaciones Militares pasara de la órbita de Defensa a Economía y era inminente un inventario del armamento existente en Río Tercero. Eso pondría al descubierto los faltantes que habrían dejado las operaciones de contrabando. Uno de los datos que siempre llamó la atención fue que poco después de la explosión, el entonces presidente Carlos Menem voló hasta el lugar y aseguró ante las cámaras que se trataba de un accidente sin siquiera haberse acercado hasta la fábrica.
El informe de 300 fojas realizado por cuatro peritos oficiales de la Universidad Nacional de Córdoba a instancia de la querella impulsada por Gritti concluyó que “la iniciación del primer fuego y las explosiones simultáneas fueron intencionadas y organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”. De esta forma, los peritos descalificaron pericias anteriores que atribuían el inicio del desastre a que el montacargas había chocado un barril cargado de trotyl.
“Se descarta por completo la incidencia que pudiera haber tenido el autoelevador, ya sea por el choque con el tambor o las chispas que pudiera haber proyectado”, subraya el nuevo trabajo. Y añade: “La iniciación de la llama en el tambor se produjo por efecto programado, utilizando artefactos electrónicos existentes en el mercado como, por ejemplo, un celular”.
Según contó Gritti ayer, hasta tal punto fue planeada la explosión que “hasta se logró direccionar la onda expansiva a los fines de no perjudicar la cadena de fábricas que estaba detrás de la fábrica y se direccionó el envío de los explosivos hacia la ciudad de Río Tercero”. En el informe presentado el lunes hay 15 precisiones sobre pericias químicas en explosivos que faltaban en trabajos anteriores.
La nueva prueba seguramente resultará fundamental en el juicio oral que debería comenzar en marzo del año próximo. La causa había sido investigada por el juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, y decidió su elevación a juicio bajo la hipótesis del accidente, con lo que a los procesados les cabrían responsabilidades menores. Ahora, el Tribunal Oral tendrá que decidir si sigue adelante con la causa o si considera que la pericia abre un nuevo camino que deberá profundizar un juez de primera instancia. En caso de que le devuelva el expediente al juez Martínez, Ana Gritti adelantó que pedirá su recusación porque nunca dio lugar a la hipótesis de la explosión programada para borrar pruebas.