El juez federal Sergio Torres ratificó su competencia para investigar los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. Al responder a un planteo de la defensa de los marinos, el magistrado ratificó que todos los actos realizados luego de la reapertura del expediente son válidos.
La defensora oficial Silvia Otero Rella había planteado que era la Sala IV de la Cámara de Casación la que debía intervenir en este expediente. Los abogados del represor Raúl Scheller, por su parte, se inclinaron porque sea la Cámara Federal la encargada de seguir adelante con la causa. Ambas solicitudes se relacionaban con el reclamo de la vigencia de la competencia de la justicia militar.
Torres discrepó con ambos y ratificó que –tal como lo definió la Cámara– es él, como juez federal de primera instancia, quien debe investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Argumentó que, según la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, “los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones del derecho común competente en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”. Luego de ratificar su competencia, Torres desechó otro planteo, en este caso, de nulidad de la causa.