“Ahora la causa está en manos del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, que debe decidir cuáles son los próximos pasos procesales en virtud de que está ante un hecho nuevo y distinto por el cual recibió la causa hace dos años. La hipótesis del accidente queda descartada por la de un atentado. Este fue un hecho doloso, intencional, que queda totalmente comprobado en el trabajo presentado por los peritos oficiales al Tribunal.”
En diálogo con Página/12, las palabras de la abogada Ana Gritti, viuda de una víctima y la única querellante en la causa que investiga la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995 y que causó la muerte de 7 personas, alientan un brusco cambio en la dirección de esta investigación que ya lleva ocho años. De aceptar el informe de los peritos que comprueba fehacientemente que la voladura de la fábrica fue intencional, el Tribunal devolvería la causa a un juez federal competente de Río Cuarto, quien tendría la responsabilidad de instruir nuevamente la causa y encontrar a los responsables, “pero partiendo ahora del dolo y la intencionalidad del hecho”, indicó la abogada.
Entre los posibles responsables, Gritti apunta al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del Ejército Martín Balza. “La explosión se preparó para destruir las pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y esas ventas fueron decretadas por Menem y ejecutadas por Balza y otros funcionarios de su gobierno. Entonces hay que averiguar de Menem para abajo a quiénes les competen las responsabilidades por la voladura”, dijo, y agregó: “La importancia de los datos aportados por los peritos radica en que son pruebas de laboratorio y de campo, producto de cientos de simulacros que se desarrollaron en Serrezuela, al norte de la provincia de Córdoba en su límite con La Rioja, con pólvora y trotyl que había y que voló parte de la fábrica y la ciudad de Río Tercero. Por eso las pruebas son concluyentes”.