La publicación en inglés del libro sobre la complicidad económica con la última dictadura ocurre a dos años de su primera edición en castellano. Su impacto social fue mayor al previsible, lo cual sugiere que interpretó una difusa necesidad social. Como parte de esa repercusión, el Congreso creó una comisión bicameral investigadora de la complicidad empresarial con la última dictadura. En ambas cámaras el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría formada por diversos partidos políticos. En la de diputados la votación fue unánime, salvo la abstención del bloque de PRO, que dentro de pocos días pasará a ser el oficialismo nacional, aunque seguirá siendo minoritario en las dos cámaras. Resta ahora la designación de los cinco miembros por cada cámara (tres por la primera minoría y uno por cada uno de los bloques siguientes) y la selección de un equipo de trabajo que asistirá a los diputados y senadores. La Comisión tendrá seis meses, extensibles a un año para producir su informe final.

Las asociaciones patronales que reúnen a las mayores empresas y aquellas que nuclean a sus abogados se opusieron al establecimiento de la Comisión, lo cual muestra la actualidad del tema. Nunca han realizado una revisión crítica de su conducta en aquellos años atroces y hoy litigan contra la Argentina ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y de la Cámara de Comercio de París. Su argumento es que la Comisión usurpará funciones judiciales, pero esto no es cierto. La justicia no es el único recurso para el tratamiento de estas conductas y su fijación en la memoria colectiva. Las conclusiones de la Comisión se ofrecerán a la sociedad en un archivo de la memoria, de acceso público. Eso es lo que quisieran impedir. Si de sus hallazgos surgieran probables responsabilidades penales, laborales o civiles, deberán ser entregados a la Justicia.

Un megaestudio

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, sede Argentina), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Programa Verdad y Justicia, emprendieron un ambicioso estudio sobre el tema que abarcó 25 importantes firmas. Fueron elegidas según criterios complementarios: que comprendieran diversas actividades económicas, estuvieran localizadas en distintas regiones del país y que el Ejército les hubiera atribuido una importancia especial, por ser líderes en sus respectivas ramas de actividad o bien proveedoras de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El trabajo, de más de mil páginas, fue entregado la semana pasada junto con sus anexos relevantes al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, Jorge Auat. El jueves 3 será presentado en un acto público en el auditorio Emilio Mignone de la Flacso, por Eduardo Basualdo, el autor de esta nota y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.

La evidencia estudiada no muestra que estas empresas hayan desempeñado un papel complementario o subsidiario del accionar militar en la represión contra los trabajadores, ya que ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios, articulando prácticas e intereses. Por eso en vez de complicidad, proponemos el concepto de “responsabilidad”, que refleja en una forma más clara y contundente el papel activo de las empresas en esta alianza represiva contra los trabajadores.

En las 25 empresas, se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado:

- 354 están desaparecidas,

- 65 fueron asesinadas y

- más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas.

La mayoría eran trabajadorxs y ex trabajadorxs de esas empresas, que participaron de los procesos de conflicto y organización obrera previos al golpe de 1976. Entonces fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. Después del golpe, volvieron por ellos.

En cinco de los casos existieron entre 70 y más de 100 trabajadorxs víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros cinco las víctimas fueron entre 30 y 40, al tiempo que en otras catorce empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. En el diario “La Nueva Provincia” se registraron dos víctimas.

Las prácticas detectadas fueron:

- Secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas (88%);

- Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados (76%);

- Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%);

- Oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%);

- Agentes de inteligencia infiltrados (60%);

- Operativos militares en los predios fabriles (56%);

- Cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%);

- Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%);

- Aportes económicos a las fuerzas represivas (48%);

- Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%);

- Control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%);

- Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%);

- Pedidos de detención de parte de directivos (36%);

- Pedidos de intervención militar en conflictos (32%);

- Secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo (32%);

- Agencias de seguridad en las empresas (32%);

- Centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%);

- Control militarizado de la producción (16%);

- Retención y tortura en espacios de la fábrica (16%);

La visibilidad y en algunos casos la espectacularidad de la presencia militar en los predios fabriles favorecía los efectos multiplicadores del terror.

El nivel máximo de militarización de los establecimientos fue la instalación de centros clandestinos de detención y tortura dentro de los propios espacios laborales. Esta práctica no se restringió a una determinada empresa, actividad económica, ni región, sino que se plasmó en una diversidad de ellas. Las cinco empresas en cuyos predios se verificaron lugares de reclusión, en los que las víctimas fueron ilegalmente detenidas y sujetas a maltratos y torturas son una siderúrgica en Santa Fe (Acindar), una automotriz y un astillero en el Gran Buenos Aires (Ford y Astillero Río Santiago), un ingenio azucarero en Tucumán (La Fronterita), y una empresa de transporte en Salta (La Veloz del Norte).

En cuatro casos, los propios directivos empresarios intervinieron en el secuestro, cautiverio y/o tortura de los trabajadores.

La utilización planificada y sistemática del terror tuvo como objetivo no sólo acallar la disidencia y la militancia política radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder político y social e impuesto límites a los beneficios, la autoridad y el poder de importantes sectores de la elite empresarial.

Durante la dictadura cerraron más de 20 mil establecimientos fabriles; el producto bruto del sector cayó cerca de un 20%; el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía cayó del 28 al 22%. La industria dejó de ser el núcleo dinamizador central de las relaciones económicas y sociales. Estas transformaciones económicas alteraron el poder estratégico de los grandes sindicatos industriales. Como consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982.

Ya en 1984 el subsecretario de Derechos Humanos del presidente Raúl Alfonsín, Eduardo Rabossi, había reclamado al juez de primera instancia de San Nicolás, Luis Hilario Milesi, que investigara la responsabilidad empresarial en los crímenes cometidos en Campana y Zárate, a raíz de los numerosos casos de secuestro y desaparición de trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca, del grupo Techint. Su fundador fue Agostino Rocca, el principal colaborador siderúrgico de Mussolini, que al finalizar la guerra mundial se trasladó a la Argentina con capitales italianos y alemanes. Rabossi denunció “la connivencia existente entre los directivos de aquella fábrica y las fuerzas represoras actuantes en la zona de Campana”.

Pero debieron pasar tres décadas para que, en septiembre de 2015, comenzara el primer juicio oral y público de la historia del país contra un empresario acusado por su participación en crímenes de lesa humanidad: Marcos Levín, dueño durante la dictadura de la empresa de micros salteña La Veloz del Norte. En tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra directivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención.

A la hora de investigar las responsabilidades empresariales la Justicia muestra una notoria reticencia. Los casos del Ingenio Ledesma y de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados en la suficiente prueba recolectada pero están demorados por la morosidad judicial. En el caso de Las Marías (yerba Taragüí) se excusaron más de doce magistrados correntinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. Las causas por Mercedes Benz, Acindar y La Nueva Provincia, el diario de las familias Julio y Massot, se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan.

Tanto en el país como en el ámbito internacional es muy difícil poner el foco en sujetos sociales situados en la cima del poder económico y social con fuertes conexiones con el poder político, que en la Argentina se han reforzado a partir de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Pero identificar estas tramas de responsabilidad es imprescindible para penalizar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, dar reparación a las víctimas y sus familias y comprender el proceso histórico que dio lugar a una de las épocas más oscuras de nuestra historia, iluminando las relaciones entre ese pasado y nuestro presente, para construir un futuro más justo e impedir cualquier regresión.