Durante la presentación en Londres, la politóloga belga Chantal Mouffe, coautora con Ernesto Laclau de Hegemonía y estrategia socialista, sostuvo que los trabajos de las dos decenas de expertos incluidos en Cuentas pendientes contienen teorías que pueden ser muy interesantes pero que no modifican la realidad. A su juicio fue la decisión política de los presidentes Néstor Kirchner y CFK lo que permitió el avance de los juicios. También manifestó su escepticismo por su continuidad a partir de la asunción del presidente Maurizio Macrì y citó como señal de lo que está por venir el editorial del diario La Nación “Basta de Venganza”.

Me permití disentir con ella. El antagonismo entre teorías y voluntad política no describe el complejo proceso argentino e ignora el papel desempeñado por el movimiento en defensa de los derechos humanos, sin cuyo aporte decisivo nada de lo que hoy ocurre hubiera sido posible. Es imprescindible recordar que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, el 25 de mayo de 2003, cerca de un centenar de altos jefes de la dictadura ya estaban detenidos y sometidos a proceso, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. Sin desconocer ni minimizar la importancia de su decisión política y la de Cristina, no habrían podido asumir la agenda de Memoria, Verdad y Justicia si no hubiera existido ese fuerte movimiento social, único en Latinoamérica, y con profundo enraizamiento en la sociedad. De otro modo no se explicaría por qué la presidente Dilma Rousseff, que fue presa política y torturada por la dictadura de Brasil, no pudo afianzar un proceso similar en su país.

Respecto del editorial de La Nación, la fulminante respuesta de sus trabajadores gráficos y de prensa que, primero en las redes sociales y luego durante una asamblea realizada en la redacción del mismo diario, expresaron su repudio al texto patronal y su compromiso con la memoria y la justicia. Otro aspecto alentador puede encontrarse en el propio texto del editorial, cuando La Nación sostiene que a quienes vivieron la década de 1970 no es necesario explicarles por qué se produjo la represión militar, pero que los más jóvenes tienen lo que el diario considera una visión distorsionada de los hechos. Tal vez no por casualidad, la franja de votantes que tiene de 16 a 30 años es la única en que Macrì no pudo imponerse. En el Bicentenario de la primera Junta de Gobierno, en 2010, el CELS promovió una declaración que el Congreso votó por unanimidad, en la que se considera a los juicios por crímenes de lesa humanidad como una política de Estado que deberá continuar bajo cualquier gobierno. Ante una consulta concreta al entonces líder opositor, el ingeniero Macrì asumió ese compromiso, que reiteró el lunes pasado en su primera conferencia de prensa como presidente electo. Incluso la Corte Suprema de Justicia viene reiterando desde hace años que esos juicios forman parte del contrato social de los argentinos del siglo XXI y que no habrá ningún retroceso, gobierne quien gobierne.

Mouffe respondió que coincidía con esta visión, que se había expresado mal, que no ignora la importancia de los movimientos sociales y que esa reacción social que mencioné expresa la hegemonía a la que intentó referirse en su intervención inicial. Pero también precisó que detrás del editorial de La Nación hay sectores económicos más poderosos que los trabajadores que repudiaron esa posición.