La presentación del libro en un panel internacional ayuda a mensurar la repercusión de los casos argentinos en otros lugares del mundo. Hace ya diez años la Corte Suprema de Justicia declaró la imprescriptibilidad penal de los crímenes de lesa humanidad. En agosto de este año entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial unificado que extiende a los procesos civiles esa posibilidad de iniciar acciones con independencia del tiempo transcurrido. De este modo la Argentina ratifica su rol pionero en este campo que la academia aún denomina de Justicia Transicional. Así como en 1984 tuvo la primera Comisión de la Verdad del Mundo y en 1985 la primera condena en tribunales civiles a los jefes de una dictadura militar, ahora puede mostrar al mundo el primer Código Civil que considera imprescriptibles esos crímenes repudiados por las normas imperativas del derecho de gentes.

La embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, introdujo el panel sobre la complicidad económica, con una frase de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, citada en varios capítulos del libro. Es aquella en que el escritor y militante revolucionario dice que “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El coeditor del libro, Juan Pablo Bohoslavsky, quien es el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre deuda externa y Derechos Humanos, señaló las consecuencias negativas sobre las instituciones democráticas y la vigencia de los Derechos Humanos, de las restricciones económicas derivadas de la deuda externa. Camilo Sánchez, de la organización colombiana De Justicia señaló que los desarrollos jurisprudenciales argentinos y las investigaciones como la del libro son orientaciones valiosas para quienes procuran avances de la justicia transicional en Colombia y mencionó dos casos por responsabilidad empresarial que pudieron abrirse en su país: la Unión de Cultivadores de Palma en el Uraba (Urapalma) y Fondo Ganadero. La académica estadounidense Leigh Payne, quien dirige el Centro Latinoamericano de la Facultad Saint Anthony en la Universidad de Oxford dirige un proyecto de investigación del que también participan el CELS y la organización del Noroeste Argentino Andhes, cuyo director ejecutivo adjunto, Gabriel Pereira es un graduado de Oxford que trabaja desde hace seis años con Payne en este tema. Sobre 117 países de Africa, América latina, Asia y Europa analizados por la base de datos de Payne, sólo en 17 también se investigó al poder económico. De los 65 casos de todo el mundo sobre la responsabilidad empresarial, 20 corresponden a la Argentina, seguida recién por Irak, con ocho casos, pero que se tratan en tribunales estadounidenses. La investigación comprende los distintos mecanismos utilizados: comisiones por la verdad, juicios penales y civiles, tanto domésticos como transnacionales. Según sus conclusiones, “la Argentina utilizó la mayor cantidad de mecanismos (4) para examinar el mayor número de casos (20)”. Agregó que una lección del caso argentino “es que los casos civiles tienen mayor probabilidad de avanzar que los penales y que los obstáculos a la Justicia por la complicidad empresarial son grandes, pese al propicio ambiente político y judicial”. Una asistencia extraordinaria de 120 personas, formada por diplomáticos, académicos, estudiantes, activistas de Derechos Humanos y periodistas, obligó a extender el encuentro por tres horas, con las preguntas dirigidas a los panelistas. Bohoslavsky se negó a responder un interrogante, cuya contestación parecía obvia, acerca de la importancia que la experiencia argentino podría tener sobre la negociación de la deuda externa griega. Explicó que como experto independiente está preparando una visita a ese país, invitado por su gobierno, y que no tiene autorización para formular ninguna declaración antes de realizar la misión y llegar a un informe fundado.