A pocos días de que el presidente Mauricio Macri tomara la polémica decisión de designar a dos jueces de la Corte Suprema en comisión, Elisa Carrió, su aliada en el frente Cambiemos, anunció que presentará hoy un proyecto de ley para evitar que se hagan nombramientos de magistrados sin el aval del Senado. La iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica buscará frenar “designaciones que pudieran ser tachadas de dudosa constitucionalidad, como son todas aquellas que omiten la intervención de alguno de los órganos o poderes llamados a intervenir por la Constitución Nacional”.

Después de un período de silencio –se decía que estaba acordado con el Presidente–, Carrió volvió con ruido. El proyecto redactado por la diputada y sus compañeros de bancada define que los jueces debidamente nombrados son aquellos que “gozan de absoluta independencia del Poder Ejecutivo desde el inicio, y la pueden mantener a partir de normas que garantizan la intangibilidad de sus cargos”, y señala que eso “no ocurre con las designaciones ‘en comisión’, realizadas de forma unilateral por el Poder Ejecutivo”. De este modo, Carrió se metió en la polémica interna de Cambiemos y se sumó a otros referentes de la alianza que, con timidez, se manifestaron en contra de la forma en que se designó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Carrió consideró que “lo más importante es escoger el camino más republicano posible, y dejarlo establecido por ley para el futuro”. Según anticipó, la modificación de la ley de organización de la Justicia nacional dejará fijado “el único procedimiento de selección de jueces legalmente válido, en los términos de una interpretación restrictiva de las cláusulas constitucionales y el debido respeto a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Carrió, que a diferencia de los radicales Julio Cobos, Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra, había mantenido silencio sobre el tema, aclaró que la nueva norma buscará echar luz sobre “las diferentes interpretaciones que en estos días han manifestado distintos conocedores en la materia respecto del artículo 99. inc. 19 de la Constitución Nacional”, y agregó que no se debe perder de vista “que los principios y garantías rectores de nuestra Carta Magna hacen imperiosa la preeminencia de una interpretación de normas que regulan los procedimientos válidos para la designación de los jueces, que asegure en todos los casos, la designación de jueces naturales”.

La iniciativa propone que el artículo quede redactado de la siguiente manera: “Los jueces de la Nación son nombrados por el Presidente de la Nación con el acuerdo del Senado y, salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación. La compensación será uniforme para todos los jueces de una mixta instancia, cualquier sea el lugar donde desempeñe sus funciones. Este principio de aplicará igualmente para la retribución de todos los funcionarios y empleados de la Justicia”.