El jury contra el camarista bahiense Néstor Montezanti se reanudará hoy con los alegatos de la acusación y de la defensa en el Consejo de la Magistratura, donde está siendo juzgado por presunto mal desempeño en sus funciones y por sus vínculos con la organización parapolicial Triple A, que actuó durante los primeros meses de 1974, así como también con sectores de inteligencia durante la dictadura cívico-militar. Está previsto que abra la audiencia el ex fiscal Hugo Cañón, tras lo cual Montezanti podría pronunciar sus últimas palabras y dar paso a los alegatos.

En septiembre, los consejeros había iniciado el jury, para lo cual suspendieron al juez y al poco tiempo también fue prohibida su salida del país. Este ex agente de inteligencia del Ejército, con probados vínculos con la Triple A, no sólo actuó durante el terrorismo de Estado sino que también está siendo juzgado por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” en democracia, de los cuales dan testimonio los empleados de la Cámara y sus estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. En el momento de la aprobación del juicio, el Consejo determinó que las conductas del magistrado de Bahía Blanca son “incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y que carece de la “idoneidad moral y la vocación democrática indispensables para ser juez de la nación.

Los fiscales Miguel Palñazzani y José Nebbia acusaron a Montezanti por su participación en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975, por el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista que lo reconoció durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977 y por su rol como agente del Destacamento de Inteligencia 181. El juez fue citado a prestar declaración indagatoria por orden del juez Alejo Ramos Padilla y fue declarado en rebeldía por haber faltado tres veces a la convocatoria sin justificar su ausencia de manera razonable.

El ex estudiante Alberto Rodríguez, delegado de la Asociación Argentina de Actores, denunció en 2002 durante una sesión del Consejo Superior de la UNS el vínculo de Montezanti con la Triple A. Rodríguez fue testigo en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo, con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino fue el suboficial naval Jorge Oscar Argibay, de la Triple A bahiense y custodio del rector interventor Remus Tetu, a quien Montezanti había asesorado cuando una asamblea de estudiantes promovió su destitución por usar textos filonazis. Detenido en 1975 pidió que su defensor fuera “el doctor Montezanti”.

Este magistrado asumió como camarista a fines de 2002 pero ocultó al Senado su pasado en inteligencia militar. Dos años después decidió querellar a su acusador, Rodríguez, y en ese proceso aparecieron más pruebas sobre sus vínculos: el ex diputado radical Juan Pedro Tunessi describió que en el año 1984 cuando lo visitó en su estudio vio “un certificado o constancia de la Liga Anticomunista Argentina firmado por el general (Carlos) Suárez Mason”, comandante del Cuerpo V de Ejército en 1975.

En 2008 el Consejo de la Magistratura recibió la primera denuncia contra Montezanti, de manos de la Unión de Empleados Judiciales que lidera Julio Piumato. En esa presentación, la UEJ destacó su “clara actitud antisindical” sumada a “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”, abuso de autoridad, trato despectivo y discriminatorio. Ya en 2010 el profesor de la UNS Dante Patrignani lo denunció ante el mismo organismo por su complicidad con la dictadura y pidió su destitución. Es que a partir del decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que permitió conocer quienes fueron agentes de inteligencia de la dictadura tomó estado público su pertenencia al destacamento 181 como “asesor universitario”. Además, este docente había solicitado el juicio académico del cuestionado juez pero el mismo permaneció inactivo en la facultad Derecho hasta que fue llamado a indagatoria. Recién el agosto de este año la UNS reconoció la “falta de ética en el ámbito universitario” del entonces profesor Montezanti y resolvió el inicio del juicio académico.

Así, a partir de un dictamen del ex secretario de Justicia Julián Alvarez, se activó el enjuiciamiento en el Consejo con un dictamen aprobado por once de los trece consejeros. La jueza Gabriela Vázquez, en esa oportunidad, lamentó no contar con la firma de sus colegas Leonidas Moldes y Luis María Cabral. “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales”, dijo Vázquez. En el mismo sentido, la diputada Anabel Fernández Sagasti expresó: “Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos, no podemos tapar el sol con las manos, todos conocemos la situación en Bahía Blanca”. Montezanti también pegó faltazo a esa audiencia, tal como había hecho cuando lo citó la Justicia.