Mauricio Macri cumplió con los suyos, no caben dudas de que es un hombre de palabra, les pagó de entrada.

Advertimos que iba a gobernar para las corporaciones y así lo está haciendo. En su primera aparición pública, entre los maizales, anunció la baja y/o el fin de las retenciones, cumpliendo con las patronales agropecuarias. Al día siguiente, frente a la UIA proclamó la devaluación, favoreciendo a todos los grandes exportadores. Después pactó con Ricardo Lorenzetti los nombramientos en la Corte y finalmente le prometió a los grandes medios concentrados, en Adepa, terminar con la ley de medios. Mucho para una semana, ¿no?

Todo en un combo que no para y que requiere, como en la década menemista, de decretos de necesidad y urgencia para evitar al Parlamento. Claro, el riojano contaba con mayoría automática en la Corte lo que le permitió el desguace del Estado, ahora vamos en camino a la Corte.

Pero las circunstancias son otras. Acá no existe un estado ausente, devorado por años de destrucción sistemática y una población atemorizada por la hiperinflación como en el 89. Aquí hay una sociedad movilizada, dispuesta a defender sus derechos y una responsabilidad institucional de los legisladores del FpV de hacer valer las mayorías para evitar los atropellos.

Lo de la Corte es un escándalo que no puede resistir el menor análisis. A todas luces es ilegal y por lo tanto, inconstitucional. Pero ahora van por la ley de medios con una técnica más oscura, no menos frontal, pero dispuestos a atropellar de manera prepotente y autoritaria, para volver a pegarnos a la telaraña del poder judicial, siempre dispuesto a retenerte en sus redes.

La intervención es ilegal, la ley no la prevé al igual que los golpes de estado, sin embargo Macri muestra su desprecio por el estado de derecho avanzando sobre la institucionalidad.

A esta brutalidad institucional, por su violencia y su ilegalidad, se le va a sumar un DNU que modifique la estructura de los dos organismos de control, tanto de los medios de comunicación social como de los servicios telefónicos. Con la excusa de esa reforma se van a cargar los actuales organismos, habilitando (como lo hizo la ley de reforma del Estado del 89) la concentración de los grandes grupos con funcionarios dispuestos a pagar favores.

También por el mismo mecanismo ilegal del DNU, ya que no hay urgencia ni necesidad de obviar al Congreso, salvo las necesidades propias de la voracidad de los grupos, pretenden modificar dos artículos: el 41 y el 45. Se trata ni más ni menos que de poder comprar y vender medios como si se tratara de tornillos, con el agravante que al modificar el 45 pretenderán excluir el cable de toda regulación, aduciendo que no ocupa espectro. Claro, omiten decir que el 85 por ciento del consumo televisivo pasa a través de los cables (incluso la televisión abierta), por lo que dejarían de regular la propiedad más importante de la concentración.

En la década infame de los 90 también los cambios eran por DNU en favor de la desregulación y la concentración, por lo que la metodología no es nueva.

No estamos defendiendo un gobierno (del que además me siento orgulloso) o una gestión. Estamos defendiendo una ley, que llevó 26 años de lucha, que fue precedida por 70 proyectos, que se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que sólo puede ser modificada por otra ley. La propia Corte señaló que los monopolios pueden atentar contra la libre circulación de las ideas, aunque siempre hay algún juez dispuesto a cambiar su opinión.

Creemos en las instituciones democráticas, creemos en el estado de derecho y creemos en la democratización de la palabra. Parece que otros ya no.

* Referente MNA-Forja.