Luego de más de dos meses de lucha, los trabajadores de Cresta Roja resolvieron en una asamblea realizada a la vera de la autopista Riccheri, aceptar la propuesta realizada por el Gobierno y pusieron como única condición que fuera liberado un manifestante detenido, algo que sucedió ayer al mismo tiempo que recibían los bolsones navideños que les había prometido el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Hacía seis días que mantenían el acampe y el corte intermitente del acceso al aeropuerto de Ezeiza cuando fueron ferozmente reprimidos por la Gendarmería, y varios terminaron hospitalizados. Esto sucedió anteayer, cuando también se conoció el dictado de la quiebra de la empresa por parte de la justicia, y gran parte de las promesas del gobierno están determinadas por ese fallo.

La jueza Valeria Pérez Casado se pronunció por la quiebra de la empresa de los Rasic y dispuso la designación de un síndico que tendría la tarea de garantizar la puesta en funcionamiento de la fábrica, al mismo tiempo que buscan compradores. El delegado Cristian Villalba había mencionado que había cuatro posibles interesados, tres extranjeros y la empresa Tres Arroyos, aunque otra versión indica que aún no hay nada en el horizonte. Anoche, ya con algo para poner en la mesa navideña, los trabajadores recobraron cierta esperanza por la supuesta reactivación de la fuente de trabajo, aunque un sector, más minoritario, sentía un sabor agridulce porque entienden que no obtuvieron nada concreto. En los hechos, el Ministerio de Trabajo se comprometió a darles a partir de enero dos sumas fijas de 6 mil pesos y a mantener los subsidios Repro que ya venían cobrando, actualizados a 4 mil pesos.

El fallo de la jueza Pérez Casado también le pide al gobierno que en el plazo de tres días cumpla el acuerdo firmado el 22 de septiembre y que se haga efectivo el pago de 100 millones de pesos, que todavía no fueron aportados, para reiniciar la producción de la empresa. Este acuerdo había sido realizado en el marco de la intervención del gobierno saliente en el conflicto, que comenzó en febrero cuando el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Alejandro Granados firmó un acta de “paz social”, pero luego de tres semanas los trabajadores seguían sin cobrar su quincena. Desde 2014 los Rasic venían amenazando con el cierre y aduciendo problemas económicos para obtener ayuda financiera, y fue así que comenzaron los paros y bloqueos, a lo cual la empresa contestó con despidos. Por iniciativa del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández desembarcó en la empresa una intervención, con el aval de la Justicia, porque los dueños ya habían iniciado el vaciamiento. “Antes de las PASO, Granados nos aseguró que habían encontrado la solución pero resultó que estábamos todos echados”, recordó Cristian, uno de los trabajadores.