El secretario de Derechos Humanos se reunió el jueves 14 de enero con los representantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) (foto), un colectivo que nuclea a familiares o amigos de víctimas de organizaciones armadas de la década del 70. La entrevista causó preocupación entre los organismos de derechos humanos, pues es bien sabido que quienes proponen “memoria completa” y “reconciliación” buscan en realidad deslegitimar los juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Ante este escenario, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, buscó apaciguar las aguas y aseguró que esa entrevista no implicaba ningún “cambio de rumbo” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, más concretamente, que no se estaba propiciando un juzgamiento al estilo de la teoría de los dos demonios (que de todas formas es jurídicamente inviable).

Durante la reunión, los miembros del Celtyv le dijeron al secretario que su principal problema era la “visibilización”, es decir, que estaban interesados en que la gente sepa que existen y qué es lo que piensan sobre lo que ocurrió en el país en la década del 70. Lo que quieren no es muy diferente de lo que se había planteado en aquel editorial con que el diario La Nación recibió al gobierno de Mauricio Macri. Allí –además de solicitar que los responsables de violaciones a los derechos humanos cumplan las condenas en sus casas y que se deje de “perseguir” a los civiles– se reclamaba un “cambio de relato”: que el Estado les explique a las nuevas generaciones que los desaparecidos algo habían hecho, como bien se decía antes. Si hacerse conocer es lo que querían, el objetivo del Celtyv estuvo más que cubierto sólo con el gesto del secretario de Derechos Humanos de abrirles la puerta del despacho y permitirles sacarse una foto. Darles entidad fue ya un cambio en la política de Memoria, Verdad y Justicia.

Y mientras algunas cosas se visibilizan, otras se invisibilizan.

El año pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para nombrar al Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso) como “Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte”. Laura Bonaparte fue integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Murió en 2013. Y era mi abuela. Fue la mujer que me enseñó que es posible comerse medio kilo de helado solita y que hay que celebrar con champagne aunque después de pagar la botella te quedes sin plata y lo acompañes sólo con tostaditas y tengas que apechugarte el resto del mes. El estilo no lo perdía nunca. Pero no por eso quisieron ponerle su nombre a un hospital.

También me enseñó que no hay que perder la alegría, que hay que exigir justicia siempre y ser firme siempre, pero no dejarse ganar por el resentimiento, no dejarse ganar nunca, porque, a pesar de todo, no nos ganaron si no nos dejamos ganar. Como muchas Madres, nos enseñó un poco de esto a muchos y tal vez sí un poco por eso eligieron su nombre para un hospital.

Laura, mi abuela, era psicóloga y en los 60 participó en el proyecto del Policlínico de Lanús (hoy Hospital Evita) que, encabezado por Mauricio Goldenberg, promovía la atención de puertas abiertas y buscaba acercar la salud mental a los barrios humildes. A finales de esa década tuvo contactos con las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) mientras sus hijos se abrían su propio camino de militancia. Durante la última dictadura, tres de sus cuatro hijos (Noni, Víctor e Irene) fueron secuestrados y asesinados, al igual que su ex marido, Santiago Bruschtein. Ella se exilió en México y a la vez que continuaba su desarrollo profesional, reclamaba por ellos y todos los desaparecidos. Fue veedora de Amnistía Internacional en los campos de refugiados de El Salvador y Guatemala y tomó la lucha por los derechos de la mujer y en particular el del aborto como estandarte.

De regreso en la Argentina se incorporó a la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo para seguir exigiendo justicia. Desde ese lugar presentó el primer amparo que impidió demoler lo que todavía era la Escuela de Mecánica de la Armada cuando el ex presidente Carlos Menem buscaba parquizar el predio y construir un monumento a la “reconciliación nacional”, reconciliación cuyo símbolo mayor eran los indultos dictados por él mismo. Y desde allí también siguió solidarizándose con todas las luchas que consideraba hermanas, como con las travestis que se encadenaron en los 90 para reclamar que las dejaran de perseguir y encarcelar.

La semana pasada al ex Cenareso llegó una comunicación del Ministerio de Salud que informaba que debían retirar el nombre de Laura Bonaparte del hospital. Lo cierto es que formalmente falta que la Cámara de Senadores trate el proyecto con el que cambia el nombre del lugar. Pero también es cierto que luego de que a mediados del año pasado los diputados dieran –con amplísimo consenso– media sanción a la iniciativa, hubo un acuerdo con el ministerio para comenzar a usar el nombre de Laura Bonaparte. Se hicieron los ploteos en la puerta y en los móviles y fue incorporado a la papelería. La orden del ministro Jorge Lemus es dejar eso sin efecto. Cambiar futuro por pasado. Volver al Cenareso.

Edith Benedetti, ex interventora del hospital e impulsora de la iniciativa de llamarlo como mi abuela, explicó que el apuro para comenzar a llamar Laura Bonaparte al hospital tuvo que ver con la identidad que quisieron darle al lugar, para dejar definitivamente atrás el concepto de “Centro Nacional de Reeducación Social”, como lo llamó la gestión de José López Rega, que expresaba la idea de que había que encerrar y marginar y asemejaba el hospital a una cárcel. En cambio, Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte remite al paradigma de la nueva Ley de Salud Mental, que problematiza sobre las implicancias sociales de la enfermedad, un proceso que tiene dimensiones históricas, económicas, culturales, biológicas y psicológicas y que tiene en cuenta los derechos humanos y sociales de los actores involucrados. En ese contexto es que las adicciones forman parte de la política de salud mental, que implica un abordaje integral y una visión del paciente como sujeto de derechos.

Es esperable que la decisión de un burócrata sea revertida en poco tiempo por el Congreso, cuando, finalmente, vuelva a funcionar. El senador por el Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina se comprometió a impulsar el proyecto que en Diputados presentó Ramona Puchetta, del Frente por la Inclusión Social, y que fue acompañado por varios legisladores kirchneristas, pero también de Proyecto Sur, Libres del Sur, Frente Cívico y la UCR.

Los nombres significan algo. Y, aunque de un tiempo a esta parte la dimensión simbólica de las cosas no parece ser la urgencia primaria, las decisiones acerca de lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza también dice mucho acerca de lo que somos.