Cuestionar la imprescriptiblidad de los delitos de lesa humanidad o haber actuado como abogado de militares procesados por secuestros y torturas durante la dictadura no serían obstáculos para ejercer altos cargos en el gobierno de Mauricio Macri. El primer caso que pone a prueba a la alianza Cambiemos, integrada también el radicalismo, es el de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y ex socio del abogado del dictador Leopoldo Galtieri durante el Juicio a las Juntas que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín. Antes de sumarse a la gestión PRO y convertirse en mano derecha de Patricia Bullrich, Noceti puso su pluma al servicio de represores de La Pampa y Concepción del Uruguay. A fines de 2003, mientras se reabrían las causas en todo el país, llegó a escribir que los procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”, en referencia al gobierno de Néstor Kirchner que había asumido seis meses antes.

Noceti entró al Poder Judicial a los 22 años, mientras estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires, y cumplió tareas en San Isidro, Bariloche, San Martín y Capital Federal hasta que en 1994 fue designado secretario del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Tres años después decidió ejercer la profesión en forma independiente y en 2001 se incorporó como socio al estudio de Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, miembros de la Corporación de Abogados Católicos que supo calificar a los procesos por delitos de lesa humanidad como “instrumentos de revancha y de represalia política”. Battaglia fue camarista durante la dictadura y defendió a Galtieri durante el juicio a los ex comandantes.

En diciembre de 2003 Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos. Según Noceti, la decisión estaba “sustentada en ligerezas e imperdonables desprolijidades” propias de “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”. Alertó sobre el peligro de que los “nuevos vientos políticos” demarcaran “los destinos del poder judicial, que aparece al servicio de estos vaivenes”. “El poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso es tan evidente que parece innecesario fundamentarlo”, escribió, y consideró “imprescindible hacer un llamado a la institucionalidad de la República”, caballito de batalla del PRO hasta el momento de asumir el gobierno.

En línea con los abogados que descartaron la posibilidad de hacer una defensa técnica de sus clientes, Noceti afirmó que los juicios implicaban la “manipulación del poder judicial orquestada desde el poder político de turno” y pronosticó que “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” a partir de “la violación de las reglas elementales del proceso”, diagnóstico refutado hasta el hartazgo por los tres poderes del Estado y hasta por el Pro, que manifestó públicamente su respaldo a los juicios. El actual funcionario no dudó en afirmar que “todos los testigos (citados en la resolución) faltaron a la verdad al declarar, quizá por presiones, instigaciones, extorsiones o sencillamente por ignorancia”, y cuestionó también la decisión que ya habían tomado varios jueces federales y que en 2005 haría propia la Corte Suprema de Justicia de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Para Noceti, son “delitos que siempre fueron prescriptibles”. La ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”, reclamó sin suerte.

Su defensa de Iriart fue un fracaso. La Cámara Federal refutó sus argumentos, el juez federal Daniel Rafecas elevó la causa a juicio a fines de 2007 e Iriart logró evitar una condena segura (como comandante de la subzona 14 era el superior del resto de los imputados) gracias a los dictámenes de peritos médicos que establecieron que estaba convaleciente y no podía afrontar el juicio.

Abogados de organismos de derechos humanos recuerdan también escritos de Noceti como abogado del coronel Néstor Omar Greppi, ex secretario general del gobierno de facto en La Pampa, y del ex policía Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que actuó en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Greppi fue condenado en 2010 a veinte años de prisión junto con otros ocho represores de La Pampa. Cruz está procesado pero todavía no fue juzgado gracias a que estuvo varios años prófugo. En 2004 Noceti incursionó también en causas en Concepción del Uruguay. Junto a sus socios Battaglia-Velasco y al abogado Gerardo Ibáñez, histórico defensor de represores, plantearon los habituales recursos para dilatar los procesos, cuestionando la ley que había declarado la nulidad de las leyes de impunidad y sugiriendo que ya existía “cosa juzgada”.