La emergencia en seguridad declarada por el gobierno de Mauricio Macri tiene, para el jurista y miembro del Acuerdo por una Seguridad Democrática Alberto Binder, dos consecuencias que merecían una reacción de parte de la sociedad civil: su carácter meramente “comunicacional” y su corte “ideológico”. “Declararle la guerra al narcotráfico es extremadamente riesgoso para los derechos fundamentales”, advirtió en esta entrevista.

–¿Por qué consideraron necesario salir a advertir sobre los efectos de la emergencia en seguridad declarada por el gobierno de Mauricio Macri?

–Es necesario salir a reaccionar frente a políticas meramente comunicacionales. Porque si bien consideramos necesario sentar bases firmes, duraderas y nuevas sobre políticas de control del narcotráfico, y en ese sentido yo he sido muy crítico respecto de lo hecho por el gobierno anterior, la declaración de emergencia en vez de avanzar en pilares sólidos, acuerdos políticos sólidos, queda otra vez en el nivel de provocar un impacto comunicacional, poco sustentable. Otra vez sopa.

–¿No cree que la emergencia en seguridad implique medidas concretas?

–No. No mejora la profesionalización de las policías, de la inteligencia criminal y policial, del análisis de delitos complejos. No pone énfasis en la prevención. Entonces, comienza mal, porque ¿qué hace? Salen a gritar, a levantar la voz, a golpear el puño sobre la mesa. Puro efecto, cero medidas. Pero, además, otro aspecto criticable de la cuestión es el perfil ideológico del tema.

–¿En qué consiste?

–Esta emergencia se relaciona con un trasfondo ideológico que desde el Acuerdo siempre hemos rechazado: declararle la guerra a la droga, convertir al narcotráfico en un fenómeno bélico-militar, introducir a las fuerzas armadas en la seguridad interior, cediendo a la intervención de los ejércitos en el territorio nacional. Esto no nos pertenece, son políticas diseñadas en otros países. Es la politica de la DEA. Y no hablamos por suposición, tenemos ejemplos que la historia, sobre todo en América latina, nos ofrece para decir esto. Aquí los costos que han tenido las guerras contra el narcotráfico demuestran que no produjeron ningún éxito real. La problemática es muy compleja. El narcotráfico es un campo muy trillado, con estrategias gastadas que ahora las empezamos a oír en Argentina. Está bien que el gobierno se preocupe por hacer algo, pero la política de propaganda es nociva e inútil. Entonces consideramos desde el Acuerdo que había que salir a llamar la atención.

–¿Qué efectos puede llegar a ocasionar la continuidad de la militarización de la problemática?

–No quiero ser catastrófico en el corto plazo, pero si empezamos a observar qué pasa con los servicios de inteligencia, la opacidad con la que se están manejando en la AFI, la gente que han puesto allí, también podemos empezar a sospechar que los efectos serán nulos en cuanto a eficacia y peligrosos en cuanto a calidad de vida de los ciudadanos. Si hay algo que hizo bien el gobierno anterior fue el resistir al discurso de la DEA, no comprar sus recetas, que no responden a las necesidades de nuestro país. Hay en el Ministerio de Seguridad gente capaz como para ensayar otras cosas, entonces, lo mejor que podrían hacer es aprovechar este llamado de atención para construir una base más solida para un problema de por sí preocupante.

–¿La emergencia implicaría un retroceso en protección de derechos?

–Se sabe que el camino de declararle la guerra al narcotráfico es extremadamente riesgoso para los derechos fundamentales. México, Colombia, Perú, los países centroamericanos, saben de esto. Allí, la guerra sólo ha agravado los problemas de los ciudadanos. Y en el texto de la emergencia, el párrafo destinado al derribo de aviones es otra muestra más de propaganda. Aquí en Argentina es una medida ineficaz ya que no tenemos ni radares, ni aviones, ni sabemos si el ingreso de la droga al país es efectivamente esa. Esto demuestra una banalización del asunto, bajo un lenguaje violatorio de derechos. El gobierno anterior banalizó la situación al decir livianamente que en Argentina no había narcotráfico. Esto que está haciendo Macri es una nueva banalización.