El gobierno de Mauricio Macri intentó justificar la avalancha de despidos en la administración pública como un modo de enfrentar la supuesta precarización laboral heredada. “Nuestro objetivo es fortalecer el Estado. Creemos que la precarización de los contratos, que son más de 60 mil que ha dejado el kirchnerismo, es una muy mala forma de fortalecer el Estado”, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. La poda continuó ayer por el Ministerio de Salud con el despido de 113 trabajadores que se desempeñaban desde hace años en los programas de Maternidad e Infancia y de Salud Sexual y Procreación Responsable. La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en esa cartera advirtió que “el ministerio se encuentra paralizado a pesar de la emergencia sanitaria declarada en varias provincias” por las inundaciones en el litoral y los brotes de dengue, fiebre chikunguña y zika. “Más de mil trabajadores y trabajadoras se encuentran sin poder desempeñar sus tareas y sin garantías sobre la continuidad de los programas y de sus fuentes de trabajo”, denunció el sindicato, que convocó “a organizaciones de la sociedad civil y al pueblo” a manifestarse “en defensa de nuestro trabajo y la salud pública”. La cita es mañana 11.30 frente al ministerio, en avenida 9 de Julio.

En conferencia junto al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, Peña defendió la decisión de dejar en la calle a miles de empleados públicos como un modo de “fortalecer el Estado” y eliminar la “precarización” laboral. “Los contratos son más de 60 mil, con malas condiciones para los trabajadores del Estado. Son una mala forma de fortalecer el Estado. Lo único que hicieron es empobrecerlo”, dijo el jefe de Gabinete en referencia a quienes prestaban funciones con diversas variantes de relaciones laborales precarias. Para fortalecer el Estado “se requiere un proceso de organización”, agregó Peña, frase que en las redes sociales se tradujo como “proceso de reorganización”, el nombre con el que se presentó en sociedad la última dictadura. “Muchos de estos contratos que se han cortado eran del año pasado y de 2014”, dijo. Se aumentó “enormemente la planta de empleados sin ningún criterio, en muchísimos casos con criterio de militancia o en otros casos de criterio de funciones específicas que no entran dentro una planificación del Estado”, intentó explicar Peña. “Lo importante es una política que fortalezca al empleo público a través de concursos y convocatoria abierta”, dijo el funcionario, y anunció que en los próximos días se presentará “un plan de modernización del Estado para que haya políticas de recursos humanos, para que el Estado brinde los servicios que tiene que brindar a la ciudadanía”.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se permitió opinar que es “un poco apresurado” convocar a un paro nacional ante los despidos del gobierno del que forma parte, en referencia a la medida que anticipó el secretario general de la ATE, Hugo Godoy. “Plantear un paro general por esto, donde en algunos casos están defendiendo situaciones de precarización laboral, porque el gobierno anterior, a través de algunos mecanismos de contratación, no les daba un escenario de sustentabilidad a muchos trabajadores, me parece que es un poco apresurado”, expresó en declaraciones radiales. Luego pidió “separar la paja del trigo” al advertir que “el Estado no tiene que ser quien financie los recursos para la política”.

La ola de despidos continuó por el Ministerio de Salud, que echó a 113 empleados. Camila Lynn, delegada de ATE en esa cartera, informó que los cesanteados recibieron telegramas de despido sin causa y alertó que llevaban adelante importantes políticas sanitarias como la procreación responsable, el control de la mortalidad infantil o la mortalidad en madres adolecentes. “Hace un mes nos dijeron que suspendiéramos toda la actividad y quedáramos en stand by hasta que ellos tuvieran en claro los objetivos del programa y ahora comenzaron a despedir gente”, informó a Radio Nacional. “Teníamos 56 personas trabajando en este programa y nos dijeron que no quieren a más de 15”, informó la trabajadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que se encarga de distribuir anticonceptivos en hospitales públicos y centros de salud, generar programas de concientización y brindar asistencia en educación sexual, procreación reponsables y fertilización asistida, entre otras tareas. Otros quince despedidos prestaban servicios en el plan de Maternidad e Infancia, que también verá reducia su capacidad de acción. Lynn aseguró que las autoridades encargadas de comunicar los despidos ya advirtieron “que esta es la primera tanda” y advirtió que “el ministerio de Modernización es el que está pidiendo el recorte en todas las reparticiones, por eso la decisión es primero despedir gente y después sentarse a hablar con los gremios a ver qué se puede hacer”.