Los vecinos del barrio La Cárcova, en José León Suárez, rendirán hoy homenaje a las víctimas de la represión policial ocurrida hace cinco años, el 3 de febrero de 2011, en la que fueron asesinados Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, y en la que sufrió graves heridas el único sobreviviente, Joaquín Romero, de 19. En el acto se reclamará la pronta realización del segundo juicio, ordenado por la Cámara de Casación, en el que debe ser juzgado nuevamente el policía Gustavo Rey, acusado por el doble homicidio y absuelto “por el beneficio de la duda” en el primer proceso oral. Por otra parte, se espera también que se establezca la fecha en la que se realizará la audiencia que servirá para dictar una nueva pena para el policía Gustavo Vega. La sanción debe ser mayor a los 7 años y medio de cárcel que le aplicaron en el juicio anterior, como responsable de las graves heridas sufridas por Romero.

El año pasado, la Sala 2 de la Cámara de Casación bonaerense anuló la absolución de Rey porque consideró que en el juicio oral se habían presentado prueba suficiente para condenarlo por la muerte de Almirón y Ramos. Casación apartó de la causa al Tribunal Oral 2, integrado por Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro, a cargo del juicio oral, y otros jueces deberán juzgar de nuevo a Rey.

En el caso de Vega, Casación confirmó la condena por “homicidio en grado de tentativa” contra el sobreviviente Joaquín Romero, pero le sumó el agravante por “abuso en ejercicio de sus funciones”, como habían pedido la fiscalía y la querella en el primer juicio, sin convencer a los jueces del Tribunal Oral 2. Para definir la situación de Vega se llamó a una audiencia en la que estarán todas las partes para exponer sus posiciones. Con posterioridad, el nuevo tribunal tendrá que determinar el monto de la pena, estipulado entre los 12 y los 19 años, de acuerdo con la calificación del hecho por el que se lo acusa ahora.

En estos momentos, la causa está parada a la espera de la resolución de un recurso extraordinario interpuesto, ante la Cámara de Casación, por los defensores de los dos policías. En caso de prosperar esa presentación, tendrá que intervenir la Suprema Corte bonaerense. La querella, integrada por los abogados Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Juan Carlos García Dietze, consideran que, tal como dijo Casación en su fallo, hay pruebas que confirman la responsabilidad de Rey en el doble crimen y el agravante en el caso de Vega.

En este marco de espera, el barrio de La Cárcova realizará hoy una caminata que comenzará en la Plaza de los Trabajadores, y finalizará en la calle Central, cerca de las vías donde se produjo el descarrilamiento de un tren de carga que provocó una concentración de vecinos curiosos que luego fue reprimida por la Policía Bonaerense, bajo la acusación de un supuesto intento de robo que no fue confirmado en el juicio oral. También pasarán por el Centro de Prevención de Adicciones de la Sedronar Nacional, que se está construyendo en ese descampado.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FpV-Movimiento Evita), que venía militando en el barrio cuando ocurrió el hecho, resaltó la importancia de haber “articulado una respuesta organizada desde el mismo barrio” para quebrar la versión oficial sobre el supuesto intento de robo. “Nosotros, con el Movimiento Evita, trabajamos en Cárcova hace mucho tiempo” y cuando ocurrió el hecho “pudimos hablar con los vecinos que habían visto todo para que declaren en la fiscalía, y estuvimos atentos a las pericias de la Gendarmería” porque “incluso hubo un (policía) bonaerense que había participado de la represión, que intentó infiltrarse entre los técnicos que tomaban medidas” en la escena del crimen.

A través de la organización barrial se señalaron “irregularidades que apuntaban a construir una versión falsa que facilitara la impunidad para los agentes involucrados, y para los que comandaron el operativo”, afirmó Grosso en declaraciones a Página/12. “Lo único que exigimos es que se sepa la verdad sobre lo que le pasó a los pibes, que todos tengamos memoria, y que haya condenas acordes, que haya justicia. La única banda en ese lugar, era la policía bonaerense”, sostuvo Grosso.

En el doble crimen de Ramos y Almirón, los policías dispararon con escopetas 12/70, cargadas con cartuchos de color rojo, es decir con munición de plomo y no de goma como se había dicho. Antes de hacer los disparos fatales, el sargento motorizado Gustavo Rey esperó que un policía de apellido Aguirre arrojara una bomba de gas pimienta contra una pila de chapas detrás de la que se escondían, las tres víctimas y otros jóvenes del barrio. Ahogados por el humo, todos salieron corriendo y Rey apretó el gatillo de su escopeta.

Franco Almirón tenía siete perdigones de plomo, uno de ellos en la cabeza y otros dos en los pulmones. Luego de la decisión de Casación de apartar al Tribunal 2, la fiscalía 5 de San Martín mandó a allanar las comisarías cuarta y octava, donde se secuestró documentación que da cuenta del personal que se encontraba cumpliendo funciones durante el operativo y acerca de las armas que disponían.

Además del segundo juicio, los abogados querellantes, Efrón y García Dietze, impulsan una causa en la que ya fueron citados a declarar dos policías cuyos testimonios apuntan a dilucidar las responsabilidades institucionales. Se pide que investiguen a los jefes del operativo, entre ellos el comisario Víctor Hualde, quien habría dado la orden de arrojar gas pimienta, lo que llevó a la muerte a los dos pibes.