El gobierno provincial hizo la primera oferta en la paritaria docente bonaerense (PDB). Los sindicatos la rechazaron por exigua: es muy amplia la distancia con los reclamos.

Ni la primera oferta suele ser el techo del Estado ni la primera demanda el piso de los sindicatos, aunque cada tratativa es un universo propio. La mesa de negociación sigue tendida, la institución funciona. El porvenir concreto es brumoso aunque sigue abierto.

Las asimetrías son numéricas tanto como de lecturas. La gobernadora María Eugenia Vidal y sus colaboradoras hablan de un incremento del 23,6 por ciento para el salario inicial, que es el que se negocia.

Los trabajadores replican que el porcentual es engañoso porque su pago se escalona hasta agosto o sea que se cobraría en septiembre. Un lapso eterno sobre todo observando la velocidad y capacidad de crecimiento de la inflación.

En el punto final y en números gruesos, la provincia propone 9000 pesos de sueldo inicial y los sindicatos exigen 10.000 pesos. El problema, más económico que borgeano, es el tiempo. Entre febrero y marzo solo se agregarían 434 pesos a los ingresos de los maestros. Con los aumentos de precios ya sucedidos y el mega tarifazo que empieza a rolar es una bicoca que se parece peligrosamente a nada.

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Las paritarias docentes nacional (PND) y provinciales son un importante aporte institucional del kirchnerismo a las relaciones laborales. Receptaron reclamos tenaces de los laburantes que las consideran una conquista o cuanto menos un reconocimiento de derechos.

La intención fue reparar (casi podría decirse remendar) las secuelas de políticas liberales destructivas de la dictadura y del gobierno democrático menemista. Fragmentaron al sistema educativo con el mendaz envoltorio de la “modernización”. Se provincializaron sistemas sociales: también el de Salud.

La disgregación no fue acompañada de transferencias de recursos. El resultado fue dinamitar el sistema educativo nacional y debilitar la acción colectiva, ambos divididos en 24 provincias de condiciones económicas y culturales muy diversas.

La PND, que se implantó en el año 2008, estipula un piso mínimo para todos los distritos. También se prevén mecanismos compensatorios para las provincias más necesitadas.

Las convenciones colectivas provinciales pueden mejorar la base.

El esquema múltiple y en cierta medida escalonado es complejo y trabajoso, un dolor de cabeza para los funcionarios y un desafío para los sindicalistas. El saldo ha sido promisorio y ripioso. Seguramente, la herramienta se melló algo con el correr del calendario que vino de la mano con los años menos prósperos de la etapa kirchnerista.

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Las movilizaciones docentes en la recuperación democrática tuvieron su primer pico con la “Marcha Blanca” que transitó todo el territorio nacional desembocando en la Capital durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La segunda gran movida fue la Carpa Blanca instalada en la Plaza Congreso en 1997 durante la presidencia de Carlos Menem y levantada a fines de 1999 durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El menemismo disputó fieramente con los docentes. El gran demiurgo de la regresiva reforma fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo (a) Supermingo. La Carpa Blanca llegó cuando lo había sucedido Roque Fernández. Ese funcionario quiso desmerecer a los docentes llamándolos “empleados públicos”. Amén de contradecir el sentido común argentino a favor de la educación pública, quería aprovechar los vientos de su época, anti estatistas y privatistas.

Con muchas variantes, la presidencia de Mauricio Macri retoma ese imaginario. Claro que nada es igual porque la sociedad cambió. Nadie se baña dos veces en el mismo río, predicaba con garbo y razón un filósofo griego, posiblemente de las escuelas dialéctica e hidráulica.

Reverdece o se reformula para el siglo XXI un discurso que despotrica contra el empleo público. Lo que cuesta, su improductividad genética y cien etcéteras. La palabra se une a la acción que se concreta en miles de despidos. Al principio se los justificaba como desgrase de los ñoquis, ya en febrero se admite que va mucho más allá. Ojo, que recién comienza.

En ese contexto comienzan a desplegarse las paritarias docentes, las primeras importantes del año. Las subas no se trasladan directamente a los otros empleados estatales y menos al sector privado. Pero algún impacto tienen y su peso presupuestario es significativo.

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La oratoria de varios funcionarios nacionales macristas respecto de las convenciones colectivas escala día a día. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, hizo escuela, al amenazar a los trabajadores. Deberá optar entre reducir pretensiones o afrontar despidos: “la teoría del zapato que aprieta”, en jerga neoliberal. Con mejor envoltorio y lenguaje menos agresivo el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo Jorge Triacca convocaron a los sindicatos a ceñirse a un techo muy inequitativo considerando los aumentos de precios, en especial de productos básicos.

Que un gobierno pida prudencia y autocontención no es extraño ni chocante. Lo sería que tratara de imponer un techo que redujera en 2016 el poder adquisitivo de los salarios. Solo para empezar, digamos que el accionar macrista apunta a hacerlo. Para justificarse apela a cálculos fabulatorios sobre la inflación.

Con los datos de hoy vale acotar que Vidal y el ministro nacional de Educación Esteban Bullrich manejan un discurso más templado que el gobierno nacional, en promedio. La palabra no alcanza por sí sola pero es indiciaria. Facilita que las tratativas se mantengan en un clima pasable.

La magnitud de los despidos en Buenos Aires es inferior a la nacional y la de los docentes a la de los empleados del estado en general. Es un dato que vale hasta el cierre de esta nota y que (dado el contorno) induce a tocar madera.

Vidal se alzó con una carrada de votos el año pasado. Bullrich es uno de los contadísimos integrantes del Gabinete de Macri con ambiciones políticas, esto es electorales. Se cuentan con los dedos de mano como mucho.

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Sottovoce, en off the record rabioso, funcionarios macristas de ambas jurisdicciones explican que una mejora sensible de la oferta bonaerense tiene (o tendría...) como prerrequisito un apoyo financiero del estado nacional. Un incremento del Fondo Incentivo Docente podría ser la herramienta. El Fondo (aporte con asignación específica de la Nación a las provincias) fue la primera respuesta compensatoria gubernamental a la brega de la Carpa Blanca.

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Hace buen rato que la falta de institucionalidad del kirchnerismo es pieza basal del relato de sus adversarios. El estado corroído, la anomia, la falta de reglas son mantras remanidos. De tan exagerado, el planteo es mendaz. Los doce años de gobernabilidad nacional y popular fueron pródigos en reformas institucionales progresivas.

Las relaciones laborales y las políticas sociales son un bastión aunque no ejemplos únicos. Las convenciones colectivas y la reunión del Consejo del Salario año tras año son records únicos en la historia nacional. Las leyes laborales fueron pro operarias y pro sindicales en gran mayoría. Hay, desde ya excepciones o retrocesos, pero la suma algebraica arroja un saldo positivo por demás.

El libro El diálogo social y las relaciones laborales en Argentina 2003-2010 escrito por el politólogo Sebastián Etchemendy repasa con rigor los cambios sucedidos. De él se extraen algunas referencias de esta columna. La perspectiva comparada con países de la región es digna de mención. Por ejemplo, al sur del Río Bravo solo México y nuestro país cuentan con un Consejo Nacional de salario docente bipartito. El texto ameritaría una actualización al 10 de diciembre de 2015.

Dentro de un par de años valdrá la pena escribir otro y hacer comparaciones. El sesgo del actual gobierno es opuesto al del anterior. Habrá que ver cuánto consigue revertir, lo que (afortunadamente) no dependerá solo de su voluntad e ideología sino de las correlaciones de fuerzas que se irán construyendo.

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El 12 de febrero, cuando termine el feriado populista de Carnaval la mesa volverá a reunirse. En el intervalo, tal vez esperen que Godot viaje desde el Ministerio de Economía a La Plata con efectividades conducentes. Una ayuda a Buenos Aires produciría otras consecuencias, medio obviazas: reclamos similares de otras provincias.

Sin una mejora significativa, no asoma hipótesis de consenso posible. Como todos los años la paritaria se desarrolla con cuenta regresiva: quedan contados días para el comienzo de las clases.

Las relaciones laborales regladas incuban diálogo, toma y daca, ciertas recurrencias. Las diferencias entre el gobierno que se fue y el que ganó las elecciones se medirán cuando se vayan dilucidando los resultados.

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