El juez federal de San Isidro Roberto Marquevich fue suspendido ayer por el Consejo de la Magistratura. El magistrado será sometido al Jury de Enjuiciamiento que podría terminar en su destitución por las presuntas irregularidades cometidas cuando ordenó la detención de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Marquevich investigaba si los hijos adoptivos de la empresaria eran hijos de desaparecidos.
La suspensión del juez fue decidida por una votación de 16 contra tres. La minoría quedó compuesta por los jueces Abel Cornejo y Bindo Caviglione Fraga y la diputada peronista salteña Lelia Chaya, que presidió la sesión. En la misma audiencia se resolvió que el senador Jorge Yoma y el abogado Luis Pereyra Duarte serán los consejeros que ejercerán la acusación contra Marquevich en el jury, que, encabezado por el juez de la Corte Augusto Belluscio, deberá celebrarse dentro de los próximos seis meses.
La medida fue aprobada por tres de los ocho cargos incluidos en el dictamen de la Comisión de Acusación: la detención de Herrera de Noble, el rechazo a su excarcelación y la omisión de resolver el pedido de arresto domiciliario.
Los consejeros Marcela Rodríguez (diputada del ARI) y Beinusz Smukler sostenían que a la causa por la detención de la empresaria debían sumarse otras anteriores, archivadas hace dos años. Pero esa iniciativa no prosperó. En aquella oportunidad, el Consejo, con otra formación, no alcanzó los dos tercios de los votos para suspender a Marquevich por, entre otros expedientes, su relación con el fallecido empresario Alfredo Yabrán, las irregularidades en la causa por drogas que se conoció como “Operativo Strawberry” y por haber abierto su juzgado a la madrugada para recibir testimonio de Samantha Farjat en el marco de la llamada “Causa Coppola”.
La directora de Clarín estuvo presa del 17 al 23 de diciembre de 2002, bajo los cargos de falsificación de documentación relacionada con sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe. La empresaria estuvo detenida durante tres días en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal y luego bajo arresto domiciliario, hasta que la Cámara Federal de San Martín decidió su excarcelación.
Marquevich procesó a Herrera de Noble por falsificación de documentos públicos y consideró que de la investigación se desprendía “la existencia de maniobras irregulares de procedimiento destinadas a legalizar –en apariencia– las relaciones de una familia constituida ilegalmente”. Luego, la Cámara de San Martín apartó a Marquevich del expediente.
Los camaristas Alberto Mansur y Horacio Prack le dieron la razón a la defensa de la directora de Clarín y señalaron que el magistrado “prejuzgó” y actuó sin “mesura” al disponer la detención de la empresaria. Indicaron, además, que era “forzoso presumir que existe algún tipo de interés del recusado en el resultado de la causa” porque “ha hecho lo impensable por continuar en el control” de la investigación. El tercer camarista, Mario Daniel Rudi, votó en disidencia.
Las Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron en la audiencia del Consejo de la Magistratura y expresaron su disconformidad con la medida adoptada por el organismo. Las representantes de la institución que preside Estela Carlotto consideraron que la actuación de Marquevich en la causa en la que arrestó a la empresaria fue “justa”. “Ella (Herrera de Noble) tiene mucho poder y es intocable. Si se hubiera tratado de otra persona esto no estaría sucediendo”, señalaron.
La abuela Buscarita Roa precisó que “si la señora Herrera de Noble está tan segura de que esos chicos no son hijos de desaparecidos, tendrá que dejar que se hagan el ADN. Debería conversar con los chicos porque para ellos es muy importante conocer su identidad”, afirmó Roa. La mujer contó que Marcela y Felipe Noble enviaron a su abogado a hablar con las Abuelas porque “querían hacerse las pruebas de ADN”, pero el abogado “pidió ciertas condiciones que para la institución no eran aceptables”.